El 2023 empieza a cerrarse con importantes novedades en el caso de abuso sexual de mayor trascendencia del año. La jueza Marcela Vargas dispuso el jueves 19 la condena de cinco personas que alcanzaron un acuerdo abreviado con la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6° Turno, a cargo de la fiscal Alicia Ghione. Los policías Federico Rodríguez y Marcos Quiñoñes, el ex funcionario del Parlamento uruguayo y del Parlasur Diego Cuiñas, un ex futbolista que está cargo de un club social, Marcelo Garate, y un allegado a Cuiñas, Matías Cardozo, fueron condenados por distintos delitos de corrupción, que incluyen figuras como cohecho agravado, tráfico de influencias y asociación para delinquir, por haber asistido al ex senador Gustavo Penadés en su intento de identificar a las víctimas de delitos sexuales que lo denunciaron.
La fiscalía logró recabar elementos para reconstruir los múltiples vínculos y recursos de los que se valió Penadés para armar una investigación extrajudicial paralela, con la intención de deslegitimar a quienes lo acusaban a pesar de que sus identidades habían sido declaradas como reservadas por la Justicia. Detrás de los virajes en las declaraciones públicas del nacionalista había un andamiaje de pesquisas recabadas con la ayuda de los ahora condenados, algunos asesores políticos y el ex director del ex Comcar y de la Oficina de Información Táctica del Instituto Nacional de Rehabilitación, Carlos Taroco, también formalizado con prisión.
Hace dos meses, la sentencia con la que el Tribunal de Apelaciones (TAP) de 4° Turno ratificó la formalización con prisión preventiva de Penadés y Sebastián Mauvezín -señalado como colaborador del ex legislador en la captación de menores con fines de explotación sexual-, había expuesto detalles escabrosos de los relatos de los denunciantes y de la teoría alternativa de la defensa de Penadés, que sostenía que las declaraciones de los denunciantes “dejaron más dudas que certezas”.
En aquel momento, la defensa de Penadés alegó que no había “ningún elemento objetivo” para relacionar a su cliente con los delitos que se le adjudicaron, pese a la narración explícita de las víctimas. Además, reforzó la idea de que Romina Celeste y Jonathan Mastropierro, únicas víctimas identificadas públicamente, se habían “dedicado a amedrentar” a Penadés en las redes sociales y que la motivación de sus denuncias era “someterlo al escarnio público”. El ex legislador había señalado previamente que los denunciantes habían tejido una “trama” en su contra.
Impávida frente a esta estrategia de defensa, Soledad Suárez Navas, abogada defensora de varias de las víctimas como parte del Consultorio Jurídico de la Udelar, dijo a Sala de Redacción que en el caso “hay abundante evidencia”, considerando la temática, el tiempo transcurrido desde el inicio de los abusos y la vulnerabilidad específica de las víctimas, pero que aunque tengan “muchísimas pruebas, es poco probable que la defensa de Penadés las reconozca”. De todas formas, la abogada aclaró que “nunca se sabe lo que va a pasar en un juicio hasta que lo vivís. Yo jamás voy a decirle a un cliente que vamos a ganar”, advirtió.
Al formalizar la investigación, la fiscal Alicia Ghione afirmó haber cumplido “con creces” con el estándar que exige el artículo 266 del Código de Proceso Penal para solicitar la formalización, según consta en la sentencia del TAP. Dentro de los elementos considerados como evidencias suficientes señaló las declaraciones anticipadas de ocho víctimas y un testigo, el análisis de escuchas telefónicas, la incautación de dispositivos electrónicos y las pericias psicológicas practicadas a las víctimas, en las que no fue detectado ningún indicio de la existencia de una confabulación como la que esgrimían Penadés y su defensa (ver recuadro).
“El dictamen pericial es una prueba”
Para profundizar en el proceso detrás de las pericias psicológicas y su calidad como evidencia, Sala de Redacción se reunió con la licenciada en psicología Ana Nin, perita psicóloga y ex subdirectora del Departamento de Medicina Criminológica del Instituto Técnico Forense (ITF) del Poder Judicial. Nin es, además, docente en la Maestría en Psicología Forense y Penitenciaria de la Universidad Católica del Uruguay, el único posgrado que se dicta en el país sobre la materia.
Las cosas han cambiado desde que la psicóloga comenzó a trabajar como perita en el Poder Judicial, hace cuarenta años. Entonces, Uruguay recibía aproximadamente 10 denuncias de abuso sexual por semana. En cambio, en 2022, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) registró en su informe de gestión un total de 7.473 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, equivalentes a 20 casos por día, de los que uno de cada cinco corresponde a abuso sexual.
Los peritos, en calidad de asesores de la Fiscalía, realizan dictámenes desde un abordaje psicológico para orientar al juez o al fiscal y su tarea consiste en evaluar si una persona ha atravesado un proceso traumático o no. Nin, que se jubiló recientemente, dice que mientras están interviniendo en un caso tienen “prohibido hablar con la prensa”.
-¿Cómo trabajan los peritos?
-Un perito psicólogo no trabaja solo, siempre tiene la interconsulta o la co-visión. Los casos más difíciles, como los que involucran abuso sexual, se trabajan en equipo. Utilizamos lo que nosotros llamamos la disociación instrumental, que quiere decir que nosotros somos el instrumento y no entorpecemos el dictamen con emociones propias. Tenemos baterías de test y elegimos qué estrategia aplicar a partir de la primera entrevista con el periciado. Por eso cada pericia va a tener una forma de acción distinta. Por ejemplo, con un niño sabemos que lo verbal no va a ser lo privilegiado, entonces trabajamos el lenguaje del juego o del dibujo y decodificamos. Una autopsia psicológica nos puede llevar cincuenta sesiones.
-¿Cómo se evalúa la veracidad de un relato a nivel psicológico?
-Nosotros no hablamos de veracidad, hablamos de la verdad psicológica del periciado. No se trata de decir si la persona miente o no. Lo que hacemos son dictámenes que van a orientar al juez, al fiscal o a quien lo solicite, sobre el punto de pericia. Para hacerlo, necesitamos que nos digan qué elementos tenemos que buscar durante el abordaje psicológico. Evaluamos a la persona en su contexto social y si pudo haber sido sometida a una dinámica abusiva o a un proceso traumático. Eso es lo que va a aparecer en el estudio.
-¿Qué elementos pueden ser señales de estar frente a una víctima de abuso sexual?
-Las pericias de abuso sexual son las más difíciles, pero muchas veces cuando vemos al victimario sentimos que dos más dos es cuatro. En las víctimas aparecen sistemáticamente una cantidad de elementos que se repiten una y otra vez como la falta de autoestima, la depresión y los flashbacks, y no pueden salir de eso, no pueden seguir avanzando en la vida. En el caso de los niños tenemos un protocolo en el que también hablamos con familiares, con referentes, con el abusador y con la persona a la que el niño le develó que estaba siendo abusado.
| El informe oficial de los peritos citado en la sentencia del Tribunal de Apelaciones da cuenta de una “afectación emocional” en los relatos, la aparición de flashbacks, sentimientos de culpa, falta de autoestima, depresión y presencia de “consecuencias postraumáticas” e “indicadores de abuso sexual”. Al mismo tiempo, los psicólogos evaluaron que el lenguaje de los periciados fue “claro, coherente internamente, progresivo y compatible” con los hechos denunciados. Los relatos incluyeron “múltiples detalles específicos” y dieron cuenta de una “dificultad para contactarse con su propia vulnerabilidad” y de “vivencias intrusivas hacia su intimidad”, relacionadas a la dinámica abusiva que vivieron con la persona denunciada. El País informó el 13 de mayo que Penadés sería sometido a pericia psicológica cinco días más tarde, pero los resultados de ese estudio hasta ahora no han sido divulgados. |
-¿Y en el caso de las pericias a un abusador sexual?
-No decimos si es o no un abusador. Vamos a intentar reconocer si tiene conductas en el área sexual que transgredan las barreras. Utilizamos técnicas, por ejemplo el test de Rorschach, para investigar sus mecanismos de defensa y su mundo interno para llegar a aspectos inconscientes. Hay que meterse mucho en la mente del abusador, pero la entrevista suele ser muy difícil porque no se abren lo suficiente, a no ser que les ayude a tener menos pena. Generalmente, la mayoría fueron abusados de niños y repiten los patrones.
-Desde tu experticia, y con base en la información que se ha hecho pública, ¿cuál es tu percepción del perfil de Penadés?
-En las pericias, las víctimas lo describen como muy nervioso y con mucha ansiedad al perpetuar los delitos, y eso es típico de las personas que necesitan descargar de alguna manera, manejándose con el poder. Él se presentaba como un político. Esa es la disociación de Penadés: por un lado, muestra la imagen de un político querido y respetado, y por otro tiene todo esto. Estamos hablando de alguien que tiene un claro modus operandi. Sus conductas se repiten ante las distintas víctimas, tenían que ser de determinadas edades y ser vulnerables, les ofrecía llevarlos a comer. Otro patrón es el pedido que les hacía de que le besen el pecho, esa es la firma de su proceder.
-La defensa de Penadés aludió en su momento a una falta de evidencias objetivas que lo culpabilicen. ¿Qué peso tienen las pericias psicológicas a la hora de ser consideradas como evidencias?
-No es nada subjetivo lo que hacemos. Trabajamos con técnicas válidas y confiables que están avaladas internacionalmente. El dictamen pericial es una prueba, está en el Código General del Proceso. Si se desestima su validez es porque les sirve para preparar la defensa, pero nosotros somos objetivos y neutrales. A mí no me importa quién me pida la pericia, yo voy a tratar de llegar a la verdad.
| Andrea Tuana, activista y directora de El Paso –una asociación civil comprometida con la defensa de los derechos Humanos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres– indicó a Sala de Redacción que las pericias psicológicas de las víctimas son evidencias especialmente claves en delitos sexuales porque permiten “mostrar los niveles de daño” en casos en los que “el problema de la prueba y de la validación del testimonio es un problemón”. En el caso Penadés, también fue crucial que “se fueran sumando víctimas” y que todos sus relatos fueran consistentes. De ahí la importancia de validar lo contado por “esos chiquilines que no están delirando o fabulando, sino que están compartiendo una experiencia real”, expresó la activista a Sala de Redacción. |
Cultura del silencio
Los rumores de que el escandaloso caso pueda exceder a la figura de Penadés recientemente comenzaron a tomar fuerza, cuando el controversial periodista Ignacio Álvarez, en su programa Santo y Seña, aseguró tener nombres “de mucho peso” que también estarían involucrados en la explotación sexual de menores, entre los que se encontrarían políticos integrantes del Partido Nacional y del Frente Amplio, jerarcas de la Iglesia Católica uruguaya y empresarios. El periodista aclaró que “hasta el momento” solo se trataría de sospechas sin pruebas.
Consultada por esas sospechas, la abogada Soledad Suárez presumió que puedan surgir más víctimas, pero puso el foco en la dificultad para que se acerquen a contar sus historias cuando “todos los días están escuchando en la tele que denuncian a la fiscal o a la abogada de las víctimas o que hacen un show mediático con Mastropierro hablando de su pasado en un programa de radio”. Estas situaciones “son obviamente una forma de intimidación y un mensaje para las demás víctimas”, que se generan para “desconcentrar, presionar y estresar”. Igualmente, “que se sepa que la justicia reacciona a eso y que esas personas estén presas actualmente también es relevante y es nuestro mensaje positivo en contra de las intimidaciones”, destacó la abogada.
| En nuestro país la Línea Azul recepciona a través del número 0800 5050 y del sitio web de INAU denuncias de la comunidad relacionadas con situaciones de violencia y vulneración de derechos vividas por niños, niñas y adolescentes. |
Sol Hernández / Rafaela Rojas
