A medida que avanzaba la tarde, la multitud se hacía cada vez más numerosa y la atmósfera se cargaba de emociones en el callejón de la Universidad de la República (Udelar). El sol y la energía de los presentes primaban, mientras decoraban el lugar con hilos de colores y globos. “Esto vale una foto, ¿no?” soltó una señora entre risas. A unos metros, una muchacha le explicaba a un hombre de pelo canoso sobre la marcha: “Parte de la movida es acá”, le decía. Casi en simultáneo, algunas personas atravesaban el lugar sin saber lo que allí se desarrollaba.
Para dar un comienzo oficial a la jornada de este martes 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, integrantes del coro del colectivo “Urbano” cantaron algunas canciones, entre ellas “Sobreviviendo” de Víctor Heredia; a su alrededor, las personas acompañaban con su voz, su baile, con aplausos o pintaban carteles con varios colores, con frases como: “Todos somos diferentes, es cuestión de ver!”, “Estar mal, está bien” y “Somos más que nuestra salud mental”.
Pasadas las 17:30 comenzó la marcha, encabezadas con grandes pancartas, entre ellas la que contenía la consigna: “Manicomios nunca más”.
Al grito de “¡Alerta!” un escuadrón de bicicletas que integraba la marcha, a la espera de inspectores de Tránsito, comenzó a cerrar las calles que desembocan en la avenida 18 de Julio, en fila, a medida que los presentes avanzaban. La marcha sólo cortaba la mitad de la calle, por lo que desde los ómnibus y algún otro vehículo se podían apreciar de cerca, y en los balcones comenzaron a figurar vecinos curiosos y algunos que alentaban.
En el quinto piso de un edificio, se veía a una mujer alentar con sus manos mientras los jóvenes cantaban. Entre la multitud, una chica gritaba: “Se nos va la vida y los manicomios siguen abiertos”.
El recorrido fue desde Tristán Narvaja hasta la plaza Liber Seregni; durante el trayecto, uno de los cánticos que sonaban decía: “Yo no soy un trastornado, tu etiqueta me encasilla, tu etiqueta me encasilla, soy un loco no un enfermo, aflojale a las pastillas”. Momentos más tarde, anunciaban a los gritos: ¡Alerta, alerta, alerta que camina, el anti manicomio por América Latina!
También se hizo sentir cuando cantaron: “Sigo soñando, que los cerramos, salud mental no es un tema de mercado, siguen pasando los años y los modos no han cambiado (…) no me importa lo que diga lo normal, la psiquiatría, sólo peleamos por una vida digna”.
Diversidad de voces
Olga Azikian integra la radio Vilardevoz hace más de 20 años, asiste a la marcha desde su primera edición y cree que se ha conseguido poco: “no lo que necesitamos”, dijo a Sala de Redacción, y afirmó que se continúa con malas prácticas en los manicomios, “como tener personas atadas a la cama” y tener “personas privadas de libertad en el hospital [Vilardebó] y en las colonias”, ejemplificó. “El maltrato sigue siendo el mismo”, lamentó.
Para Olga, deberían las viviendas abandonadas deberían destinarse a casas de “medio camino” para poder finalmente abolir los manicomios y darle más libertad a quienes residen en estos centros. En cuanto a la marcha, atestiguó que: “Si nosotros hoy estamos acá con esta causa, con esta lucha, es porque todo está mal” y remarcó que siguen “haciendo fuerza y luchando para que se termine y que dejen de ser depósitos de gente pobre”.
La marcha fue conformada por colectivos y personas de todas las edades vestidas de colores. En uno de esos colectivos se encontraba Iara Abreu, estudiante de la Facultad de Psicología, que comenzó a asistir a la marcha tres años atrás, cuando empezó su carrera. Integra la coordinación de autodefensa “para cuidar la marcha de todos y protegernos”, comentó a SdR.
Iara hizo referencia a la Ley 19.529 de salud mental, que se votó en 2017. “Es una ley aprobada, lo que falta es la implementación y la reglamentación”, explicó. Acotó que establece “cerrar las instituciones, que es una desinstitucionalización de la persona, y apela al trabajo en comunidad”. A su vez, reflexionó sobre la saturación de instituciones como el hospital Vilardebó y la ausencia de respaldo para sus usuarios: “la gente recurre al sistema de salud esperando ser curada y no ser enfermada, y después se las cita como enfermos, cuando lo que enferma es la institución, cuando te empastillan con medicamentos que puedes tomar 15 días, y lo estás tomando tres, cuatro, diez años”.
Andrés es integrante de Urbano, un dispositivo de trabajo con personas en situación de calle y salud mental. Recordó que la primera vez que participó de la marcha fue en 2014 y consideró que el cambio más significativo fue el poner la salud mental en la agenda pública: “la idea de desmanicomialización y de abordaje comunitario de la salud mental surge y se impone a partir de este tipo de movilizaciones”, afirmó. Se refirió al coro de este colectivo como un lugar en el que “trabajar desde los derechos culturales a través de talleres de expresión artística con personas que suelen tener su expresividad vedada o anulada por su propia trayectoria de vida”.
Según Andrés, los colectivos velan por el cumplimiento de la ley, que “no es suficiente” y ni siquiera se cumple. “Me he encontrado con un montón de gente que no recibe el abordaje que debería por falta de equipos multidisciplinarios, por falta de planificación, por falta de políticas estatales”, reclamó.
Eduardo Cabrera es integrante del colectivo Ni todo está perdido (Nitep), vivió en situación de calle “por más de diez años” y comentó que junto a su colectivo han participado en otras marchas de salud mental también en Argentina. “Hace más de 15 años” que está comprometido en la lucha por los derechos de las personas con trastornos de salud mental y por un cambio en el paradigma de la atención. Mencionó que las instituciones monovalentes, como las colonias y los hospitales psiquiátricos “son un castigo de encierro, donde a la persona no le dan la libertad, como a un pájaro, de poder pensar como derecho sustantivo del ser humano” y agregó que “la salud comunitaria sería un buen sustento, una buena manera de empezar a articular estas lógicas de encierro”.
Eduardo vislumbra la posibilidad de eliminar los establecimientos psiquiátricos para el año 2025, como establece la Ley 19.529, y ve una oportunidad en el compromiso del Ministerio de Desarrollo Social, que, en sus palabras, “le quiere hincar el diente”. “Abrazo la idea de que este tema hay que ponerlo en agenda y que hay que empezar a articularlo y por ahí se ve una ventanita de luz”, expresó.
La motivación inicial de Eduardo para involucrarse en estos espacios se debe a su convicción de que la salud mental es un derecho fundamental y que cualquier persona en Uruguay puede necesitar apoyo en algún momento, no solo las personas con problemas de “locura”, señaló, y agregó: “apoyo esa lucha porque no son usuarios de salud mental, son personas”. “Yo por suerte no tuve problemas de salud mental, pero siempre pienso que con todo el castigo que uno tuvo que vivir mucho tiempo en situación de calle, alguna locura se me podía haber despertado”, comentó, y recordó algunos casos de compañeros que se encontraban en situación de calle y que intentaron suicidarse.
Doce años de lucha
Al llegar a la plaza Liber Seregni, los asistentes se sentaron y esperaron a que quienes llevaban la pancarta se ubicaran delante de la gran fuente. La proclama fue dividida en tres partes y leída por distintas personas de diversos colectivos.
En su primer segmento, “colectivizar la memoria”, recordaron a los detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar del país. “Conmemoramos las resistencias a estos poderes totalitarios cuya hostilidad a las diferencias nos ha dejado una herencia presente hasta el día de hoy. Decimos ‘basta’ a todas esas prácticas que segregan, medicalizan, patologizan, criminalizan y violentan a cualquier manifestación que se escapa de la supuesta normalidad dominante”, leyeron, y reflexionaron que “no es posible una vida digna sin el derecho colectivo a la memoria”.
El segundo apartado se titulaba “Desmanicomializar la vida”. En él, resaltaron la celebración del primer día de los locos en Uruguay el 21 de setiembre de este año y reivindicaron la lucha de aquel día “libres de todo poder de la psiquiatría y toda disciplina que funcione arbitrariamente”. “Desmanicomializar es poner la vida en el centro, dignidad radical, el derecho a la locura, al delirio, a la diferencia, a la vida colectiva. Insistimos en la necesidad de construir un modelo comunitario de atención con una perspectiva de derechos que fomente el vínculo entre las personas, la promoción de salud y de cuidado en comunidad”, afirmaron.
En la misma línea compartieron su preocupación por el bajo presupuesto destinado en la Rendición de Cuentas para poder cumplir con la Ley de Salud Mental: “el 2025 ya no es la fecha de cierre de un futuro lejano. A todos los gobernantes y fuerzas político-partidarias les exigimos asignar presupuesto inmediato para el cumplimiento de la ley N.º 19.529. ¡No hay más prórroga!”.
En su último punto, bajo la consigna “Manicomios nunca más”, se condenó el hecho de que la Administración de los Servicios de Salud del Estado realizara más de 3.300 sesiones de electroshock en 2022, como informó La Diaria semanas atrás. Expresaron preocupación por “la arbitrariedad” de estos procedimientos, la falta de estandarización entre las instituciones públicas y privadas, la falta de claridad en cuanto a sus beneficios terapéuticos y la ausencia de consentimiento firmado por la propia persona, lo que se considera un método tortuoso.
Asimismo, expresaron su inquietud por el hecho de que las autoridades continúen manifestando la intención de mantener abierto el hospital Vilardebó como hospital judicial, a pesar de las denuncias frecuentes de los usuarios acerca de las condiciones edilicias precarias. Consideran que el traslado de 50 personas internadas en el Vilardebó debido a la inundación de dos salas es un ejemplo claro de las deficientes condiciones de encierro. Sostuvieron que el cierre del Vilardebó y las otras instituciones asilares y monovalentes para el año 2025 que marca la ley no debe servir como excusa para reubicar a las personas en otras instalaciones de encierro con similares o peores condiciones. Como parte de su compromiso con el proceso de desmanicomialización y en un enfoque no punitivo, insistieron en que el cierre del Vilardebó debería implicar el fin de la privación de libertad de aquellos que se encuentran en situaciones judicializadas.
Lucía Arregui y Florencia Nichele
