La legalización de las drogas sigue encontrando detractores y las políticas continúan teniendo dificultades para adoptar una perspectiva de derechos humanos. En este marco, hay quienes sostienen que el enfoque prohibicionista hegemónico no permite abordar adecuadamente el avance del narcotráfico y el consumo problemático.
Uruguay ha demostrado, sin embargo, tener posturas aperturistas en estas temáticas. El libro “Un siglo de políticas de drogas en Uruguay”, del periodista Guillermo Garat, constata que a finales del siglo XIX y principios del XX, el extracto de cannabis, los cigarrillos de cannabis, el clorhidrato de cocaína, así como las hojas de coca, el opio y derivados, se utilizaban de forma terapéutica y recreativa. Los primeros acercamientos al enfoque prohibicionista con el uso de drogas comienzan en 1908. Un decreto del gobierno de Claudio Williman (1907-1911) impedía vender sin receta médica los derivados de cocaína y opio entre los clientes de las droguerías y farmacias del país. De 1913 es la “ley de Farmacias” que implementó restricciones, provenientes del espectro conservador de la política uruguaya. Durante el gobierno de Gabriel Terra (1931-1933) el espectro prohibicionista tomó relevancia luego de intensas campañas mediáticas en contra del uso de las drogas.
En 1925 Uruguay inició la regulación de drogas que las convenciones internacionales querían como impronta global: el opio, el cannabis y la cocaína fueron las sustancias elegidas por los organismos dentro del enfoque criminal. Pasada la Segunda Guerra Mundial y con el sistema de las Naciones Unidas restablecido, Estados Unidos quedó a la cabeza en el plano internacional. En 1961, la Convención Única sobre Estupefacientes, que fue ampliada por el Convenio de 1971 de Sustancias Psicotrópicas y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias, permitió crear un sistema mundial de sanciones penales para la producción, suministro y consumo de unas 100 sustancias “de riesgo”.
Pionero desleal
Uruguay fue pionero en regular distintos estupefacientes, pero, además, un “desleal” a los tratados internacionales. En 2013, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley sobre Control y Regulación de la Marihuana, un proyecto impulsado en el gobierno del ex presidente José Mujica. Tras 13 horas de debate en la Cámara de Senadores, se aprobó por mayoría. El argumento de la regulación fue respaldado bajo el paquete de acciones contra el narcotráfico de la época; así lo presentó Diego Cánepa, prosecretario de Presidencia entre 2010 y 2015: “nadie dice que la marihuana sea buena”, sino que el tipo de política que el país siguió durante más de 50 años no dio los resultados que se esperaban. El objetivo del proyecto era separar el mercado de las drogas legales del de las ilegales, y así enfocar los recursos al combate de los estupefacientes con efectos altamente nocivos como la pasta base.
Uruguay encendió así las alertas a nivel internacional. En noviembre de 2013, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), a través del comunicado titulado “La JIFE expresa su preocupación por el proyecto de ley sobre el cannabis en Uruguay”, sostuvo que esa norma “tendría serias repercusiones para la salud pública, particularmente para la juventud”. Además, alegó que sería una violación a los tratados internacionales de fiscalización de estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Una batalla que perdura, la guerra contra el narcotráfico, tuvo auge con el ex presidente estadounidense Richard Nixon (1971), precursor de la llamada “guerra contra las drogas”. Corría su tercer año de mandato, los niveles de adicción a las drogas aumentaban y la criminalidad alcanzó niveles drásticos. Fue así que decidió declarar el consumo como emergencia nacional, un enfoque prohibicionista que lleva casi seis décadas activo y también tuvo sus antecedentes. El prohibicionismo parte de una filosofía del derecho que data del siglo XVII y que en 1913 Estados Unidos materializó con la “Ley Seca”, que persiguió la comercialización y el consumo de alcohol, entre otras sustancias.
Para el abogado y docente de Derecho Penal, Martín Fernández, habría que “desandar” el camino de la prohibición y criminalización para dar lugar a otros “espacios y políticas”, según sostuvo en diálogo con Sala de Redacción. Afirmó que los organismos regionales e internacionales de defensa de los derechos humanos “han intentado profundizar” en el enfoque de “despenalización y descriminalización” de sustancias, pero alegó que “no ha sido suficiente”. El docente expresó que impulsar medidas de carácter nacional que luego se afiancen a nivel regional e internacional podría ser una vía para evitar el fomento de “fenómenos del crimen organizado”. Además, sostuvo que este proceso “obviamente hay que madurarlo” y que el modelo bélico basado en el prohibicionismo “está agotado”. Sin embargo, las posturas a nivel geopolítico son diversas, agregó. Fernández aludió a la JIFE, que catalogó en su momento a Uruguay de “Estado fallido”. Aun así, el especialista sostiene que hay que retomar el “liderazgo en la innovación de políticas de drogas” que el país supo tener. Acotó que el foco regulatorio da posibilidades a las personas de acceder a las sustancias “de la misma manera” que cualquiera que accede al alcohol, una sustancia que “también altera los estados y genera más violencia” que otras drogas.
Pero esto debería enfocarse con una “visión moderna de persecución”, ya que el narco “hace mucho tiempo se dejó de perseguir cerrando bocas”. Hoy en día prima el análisis de los “vínculos del fenómeno narco” en todos los ámbitos: los financieros, políticos y judiciales. De todas formas, puntualizó que, aunque se “regule” la cocaína, se puede seguir siendo un “mercado de tránsito”.
Pronunciados y valientes
Luis Alberto Lacalle Herrera, ex presidente uruguayo de 1990 a 1995, sostuvo que “algún día habrá que pensar en algo más radical” respecto a la legalización de las drogas, ya que el hecho de que la compraventa sea considerada “criminal”, hace que el negocio se perpetúe y continúe cobrando vidas. También Jorge Batlle, durante su presidencia en los ‘2000, dijo que el “problema” de la droga sólo se resolvería si perdía su “valor” al procederse con la legalización, algo que volvió a reafirmar años más tarde, en 2008. Su sucesor, el ex presidente Tabaré Vázquez, mostró interés por la regulación del clorhidrato de cocaína, bajo el entendido de que su consumo es “inevitable”, luego de que se hubiera aprobado la regulación de la comercialización de cannabis durante el mandato de José Mujica.
Pero no solo ex presidentes se han pronunciado. Diego Sanjurjo, coordinador del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y asesor del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, sostuvo en una entrevista con el semanario Búsqueda que la ley del cannabis tuvo “el valor” de demostrar que regular es una “opción viable”, para combatir los problemas. También se manifestaron en este sentido expertos extranjeros: Jonh Collins, director de Participación Académica de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, considera que el enfoque estratégico de la guerra contra las drogas “ha producido enormes resultados negativos y daños colaterales” que se reflejan en la “inmensa violencia en Latinoamérica”, según lo planteado en el conversatorio “Seguridad y drogas: innovando en la lucha contra el narcotráfico”,organizado por el Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP). “Importa la regulación”, pero es necesario evitar una mirada “simplista” y tomar en cuenta los detalles a la hora de establecer normativas. Además, resaltó que la normativa sobre el cannabis que impulsó Uruguay puso en jaque a los Estados, ya que se identificó que no cuentan con mecanismos para evitar que se legalicen las sustancias.
El poder del narcotráfico
Los impactos del narcotráfico no son un tema completamente novedoso en Uruguay. Ya en los noventa, el Cártel de Juárez, de origen mexicano, había logrado instalarse en el país con la intención de exportar cocaína. Según publicó La Mañana, a partir de una investigación realizada por Simón López Ortega, el jefe del cártel, Amado Carrillo, arribó a Punta del Este en 1997 desde Argentina y ese mismo año compró una casa por más de 500.000 dólares. La operación “Casablanca” de 1999 descubrió que su cártel había lavado alrededor de 100 millones de dólares en Argentina y al menos 3 millones de dólares en Uruguay.
Hablar del narcotráfico significa hablar de metodologías. Diferentes países de Latinoamérica han evidenciado que el sicariato es un modus operandi que tienen estos grupos criminales, del cual Uruguay no está libre. Al inicio, la prensa traducía al sicariato como ajustes de cuenta en los que, durante la noche, se portaban armas de gran calibre y existía multiplicidad de disparos y estruendos.
José Bayardi, dos veces ministro de Defensa Nacional durante gobiernos del Frente Amplio, opinó que la guerra al narcotráfico ha “fracasado en términos generales” y no es el camino; lo paradójico es que “el gobierno que siempre ha estado a la cabeza de la guerra de las drogas”, es decir Estados Unidos, “no tenga ningún cártel registrado” en su territorio, afirmó en diálogo con Sala de Redacción. Al ex ministro le resulta llamativo este hecho, ya que Estados Unidos es un país de “altísimo consumo”, que hoy enfrenta la problemática del fentanilo, un analgésico intravenoso que entre 2019 y 2021 fue el causante del 90% de las muertes por sobredosis. Bayardi también agregó que a las drogas se las tiene que ver como un tema “social que tiene repercusión desde el punto de vista sanitario”, y entender que la ilegalización, en términos de tráfico, lo único que ha hecho es agravar situaciones como las que atraviesa Uruguay en la actualidad.
No solo aumentaron los niveles de violencia en los barrios; el poder del dinero negro que genera el narcotráfico hace que el espectro político esté expuesto a casos de corrupción. Bayardi sostuvo que hoy habría que “poner las barbas en remojo” y prestar atención al contexto regional, ya que la penetración del narco en la política de los países latinoamericanos “está más que diagnosticada”. Basta recordar al candidato a presidente en Ecuador, Fernando Villavicencio, que, en agosto de este año, a la salida de un acto político del que era figura, fue asesinado de tres disparos en la cabeza a tan sólo 10 días de las elecciones nacionales.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!
Martín Fernández explicó que Uruguay no tiene un horizonte definido y detalló que aún “falta consenso político” y “voluntad” para avanzar contra el “camino hegemónico”. Un ejemplo de ello son las declaraciones del ministro del Interior durante un encuentro organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, cuando abogó por tener mayor interacción con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, más conocida por sus siglas como la DEA: “es muy importante la información, el trabajo y la colaboración que tenemos con la DEA”, acotó. En esta línea, Fernández considera que las investigaciones tendientes a desmantelar redes de narcotráfico que realiza esa institución pueden “tener impacto en la reducción de violencia”, pero al mismo tiempo su política “intensifica” el “enfoque bélico”, lo que consecuentemente desata “más muertes, presos y corrupción”. Para que “cambie un poco el chip” tiene que modificarse el discurso y generarse un avance en un modelo regulatorio que permita “desarticular” un mercado ilícito consolidado en función de la prohibición. “Si la prohibición no existe, el mercado ilícito no existe”, esbozó.
Sobre este punto, Jhon Collins declaró que “hay que admitir las limitaciones de este sistema” y dar paso a “cosas nuevas”. En el entendido de “buscar caminos intermedios”, anunció que la propia ONU está pasando al lado de la “regulación”, y sugirió que los Estados “tienen que volver a tener el control” de los mercados. El doctor en Ciencias de la Seguridad, Diego Croci, quien también participó del conversatorio organizado por el CEPP, sostuvo que “un experimento” de legalización “puede ayudar”, y que el tipo de política aplicable depende de la droga en consideración. Según el experto, solamente el negocio mundial de cocaína mueve 400.000 millones de dólares y genera un poder que puede “comer el sistema”. Regular implica que “el Estado controle”, de lo contrario el mercado “lo hacen otros”.
Sanjurjo, quién también oficiaba de moderador del conversatorio, consultó a los académicos acerca de la legalización y el eventual “aumento en el consumo” que podría desatarse, a lo que Croci respondió que ese aspecto debe situarse desde el abordaje médico. Martín Fernández, en esa línea, consideró en diálogo con Sdr que Uruguay debe invertir en “un sistema sanitario que dé cuenta del consumo problemático”, en lugar de jerarquizar “la persecución”.Ese, según el abogado, es el foco para dar respuesta “real” a los problemas de las personas que sufren adicción. Si bien consideró que la Junta Nacional de Drogas viene impulsando una política “basada en un enfoque de derechos”, también señaló que en los últimos años se ha incentivado un “signo distinto” a través del incremento de penas.
Tanto a nivel regional como internacional, la prohibición continúa soslayando violencia, segregación social y corrupción. Las posturas ideológicas que se encuentran detrás de los Estados, instituciones y organizaciones precursoras de estas políticas aún se encuentran en una lucha que parece no tener fin. Una mirada de largo plazo y desde diferentes disciplinas propone que, para frenar la escalada de violencia que atraviesan algunos países latinoamericanos, se debe comenzar, o continuar, las políticas de regulación.
