El VII Congreso Nacional de Áreas Naturales Protegidas se realizó en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, 10 años después de su última edición. Contó con más de 500 participantes y, además de Robert Bouvier y Gerardo Amarilla, ministro y subsecretario del Ministerio de Ambiente, la institución que organizó el encuentro, tuvo presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, técnicos, académicos y representantes de organizaciones civiles.
Analizar el estado actual del territorio y los avances generados por las políticas públicas del Ministerio de Ambiente fueron algunos de los objetivos del congreso. La conservación de la biodiversidad de las 17 áreas protegidas del país fue un punto central en el encuentro. Entre ellas se encuentran la Laguna Garzón, la Laguna de Castillos, los humedales de Santa Lucía y el Cabo Polonio.
El Colectivo Guichón por los Bienes Naturales emitió un comunicado en el que se cuestionaron algunos aspectos de la organización del congreso. Marcelo Fagúndez, vocero del colectivo, expresó a Sala de Redacción que una de las críticas principales fue por la locación del evento, ya que hubiese sido “interesante” realizarlo “en alguna de las áreas protegidas que tenemos en el país”. Agregó que distintas localidades, ciudades y municipios del Interior estaban en condiciones de recibir un evento de tal magnitud.
Uno de los argumentos del Ministerio de Ambiente a la hora de elegir la locación se centró en que Montevideo es más accesible incluso para algunas localidades del Interior; sin embargo, Fagúndez señala que se debería pensar la forma de realizar este tipo de encuentros de forma menos centralizada. “Tranquilamente se podría haber hecho en el Municipio de Guichón, donde está el área protegida Montes del Queguay”, y donde la participación hubiese sido “más genuina”, opinó. El vocero del colectivo indicó que esta es una de las mayores superficies de área protegida del país, el macizo boscoso más importante de la región, con 40.000 hectáreas compuestas por una alta diversidad de bosques.
Además, la entrada al congreso tuvo un costo de $3.500 y la organización no otorgó alimentación ni traslado a las quienes llegaron desde el interior del país, lo que hizo “muy difícil que organizaciones de la sociedad civil podamos participar en esta instancia”, sostuvo Fagúndez. A pesar de que el Ministerio de Ambiente brindó becas para que algunos actores pudieran ser parte del evento, el colectivo consideró que las organizaciones de la sociedad civil que participan de las áreas protegidas deberían haber recibido una invitación sin costo.
Tabla de superficies del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Imagen: Ministerio de Ambiente
Las 17 áreas protegidas que hay en Uruguay representan solo el 1% de la totalidad del territorio, lo que Fagúndez considera un porcentaje “muy insuficiente”, ya que entiende que hay otros espacios que deberían de estar dentro de algún tipo de protección, como los Palmares de la Cuchilla de Haedo. El Ministerio de Ambiente tiene un rol fundamental a jugar, planteó, aunque indicó que el colectivo “confía poco” en esa institución y que hay cuestiones básicas que son esenciales en relación al control, por ejemplo respecto al monte nativo, actualmente bajo la órbita del Ministerio de Ganadería y que considera que debería ser protegido por el Ministerio de Ambiente.
Fagúndez espera que el Ministerio de Ambiente se remita a su cometido de cuidar el ambiente y el territorio y “no ser un mecanismo de facilitar algunas cosas para las empresas trasnacionales”. A su vez, que el comunicado emitido sirva para que se escuchen los reclamos y que en el próximo congreso se tengan en cuenta las áreas protegidas del interior del país, ya que eso “asegura la participación de la sociedad civil”.
