Ni blanco ni negro: reduccionismo

Lo que hoy lleva el nombre de Organización de Trabajadoras Sexuales del Uruguay (Otras), se creó en el año 2018, en principio como una organización y bajo un nombre completamente distinto. Lo que no ha cambiado nunca, es la lucha constante por los derechos de las trabajadoras sexuales. A mediados del 2021, tras recolectar firmas y coordinar un encuentro con la bancada del Frente Amplio (FA), Otras consiguió que un proyecto para modificar la ley de trabajo sexual ingrese a la comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social del Parlamento. El sindicato busca desde entonces hacer visible mediante seminarios y charlas públicas las necesidades actuales de las trabajadores sexuales del país y exponer las carencias de una ley que tiene más de veinte años desde su aprobación.

Si bien Uruguay fue considerado por la región un pionero tras la aprobación de la ley sobre el trabajo sexual, en 2002, hoy desde Otras reclaman la renovación de la normativa, a la que consideran obsoleta hace tiempo. Así lo hicieron saber en una manifestación frente a la plaza Cagancha el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, que se conmemora cada 2 de junio. “Sembrando derechos, acompañando esperanzas”, fue la consigna de 2023. “Queremos sembrar la esperanza de las compañeras para que puedan salir de las calles”, explica Gutiérrez sobre el lema de este año. Ese día, desde el sindicato repartieron folletos con diferentes pautas e información sobre el trabajo sexual y reclamaron que la propuesta de cuidado de salud para las trabajadoras sexuales sea verdaderamente integral y no solo “de forma epidemiológica. Lo único que nos hacen son controles de sangre para que el cliente la pueda poner y no se contagie, pero la salud de nosotras no la cuidan. Tenemos una gran cantidad de compañeras que están muriendo de cáncer y de cirrosis”, denuncia la activista. 

El artículo 4 de la ley 17.515 dispone que “las tareas de prevención y represión de la explotación de las personas que ejerzan el trabajo sexual, así como el evitar perjuicio a terceros y  preservar el orden público, serán competencia del Ministerio del Interior” (MI). Sin embargo, uno de los reclamos en los que Otras pone más énfasis es en que el MI deje de ocupar ese rol y que los controles a la actividad pasen a manos del Ministerio de Trabajo y el Banco de Previsión Social. “No somos delincuentes para que el MI nos esté registrando constantemente”, aclara Gutiérrez. Las trabajadoras exigen también una inserción permanente en el mundo laboral más allá del trabajo sexual y no solo “pasantías mensuales”, sino trabajos seguros que puedan mantener a largo plazo y que les permitan reinsertarse de a poco en la sociedad.

Agustina Santos es abogada y docente en la Universidad Católica del Uruguay. Cuando todavía era estudiante realizó varios proyectos, entre ellos, una carta de motivos para la reforma de la Ley de Trabajo Sexual. La carta, que está disponible en la web del Poder Legislativo, propone delimitar la naturaleza jurídica del trabajo sexual, fiscalizar la operatividad de la Comisión Honoraria de Protección al Trabajo Sexual, adecuar la normativa en materia de protección de datos personales y ajustar expresiones lingüísticas discriminatorias, entre otras modificaciones. La reivindicación de fondo que sostiene las distintas propuestas es la necesidad de establecer una regulación que tenga un enfoque de derechos humanos. “La ley actual tiene una postura un tanto higienista y de seguridad: se preocupa más por el cliente que por las trabajadoras, cuyo comportamiento busca mantener controlado”, explica Agustina Santos en diálogo con Sala de Redacción. La perspectiva de derechos humanos parte de la base de que el trabajador sexual es un agente moral autónomo y racional, que se puede autodeterminar y elegir qué entiende como una vida valiosa. “Para que eso se cumpla la ley debe poner el foco en los derechos de las y los trabajadores que ejercen el trabajo sexual”, reafirma Santos. 

A la hora de enmarcar sus posiciones, la abogada entiende necesario aclarar que el lugar desde el que habla –como jurista–, es distinto al del activismo. “Quiero dejar claro que esta distinción no la hago con el fin de menoscabar el valor de uno u otro rol. Para mí el discurso activista es fundamental porque genera un contenido para el debate legal, pero dentro del plano en el que yo trabajo, que es la argumentación jurídica, procuro utilizar instrumentos jurídicos para respaldar mi argumentación. Por eso me baso en la perspectiva de los derechos humanos, que tiene un postulado inicial que es la agencia moral autónoma”, explica Santos.

¿Trabajo o explotación?

En diciembre del año pasado, 17 mujeres fueron rescatadas luego de un allanamiento en una whiskería en Pueblo Centenario, departamento de Durazno. La asociación civil El Paso trabajó en el apoyo a seis de esas mujeres. En diálogo con Sala de Redacción, la trabajadora social y directora de la ONG, Andrea Tuana, prefirió no referirse particularmente al presente de esas trabajadoras, pero contó cómo es el trabajo de El Paso en relación a los casos de explotación sexual. Desde 2010, la ONG tiene un convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para gestionar un servicio de atención a mujeres víctimas de trata en Montevideo, Cerro Largo, Paysandú y Paso de los Toros. La organización cuenta con un equipo conformado por trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas y una coordinadora. Tuana explica que el trabajo que realizan se escalona en distintas etapas, cada una con sus tiempos y dedicaciones particulares.

Cuando se detecta una situación de posible explotación sexual, la primera etapa se denomina “atención en crisis”, e implica el contacto directo con la mujer que consulta, en busca de resolver necesidades que pueden abarcar áreas como la salud física o mental, el acceso a la vivienda o el asesoramiento legal en caso de que la víctima tenga intenciones de presentar una denuncia en la justicia. Una vez cubiertas las primeras medidas de protección, comienza un proceso de trabajo más profundo para enfocarse en las secuelas que la trata ha generado. Los procesos e intervenciones se ajustan a las situaciones particulares, que pueden variar de un caso a otro. Hay mujeres que han sido traídas bajo engaños desde otros países, como República Dominicana o Cuba, y cuando llegan a Uruguay están muy solas, sin redes de contención ni ningún tipo de ayuda. “Esos procesos son muy difíciles, llevan bastante tiempo –años, en ocasiones– pero muchas veces se ha logrado que las personas se reinserten laboralmente y se separen de las redes de explotación. Hemos podido darles una estabilidad emocional que les permita seguir con sus vidas”, destaca Tuana. En otros casos, las trabajadoras explotadas deciden retornar a sus países de origen y la ONG se encarga de acompañarlas en el proceso de retorno. También hay mujeres uruguayas que vuelven desde lugares como Italia o España, luego de haber estado sujetas en redes de trata. El Paso les ofrece acompañamiento para la reinserción en las redes familiares y comunitarias que las personas tenían antes de dejar el territorio nacional.

Un mecanismo gradual

A nivel de las organizaciones sociales, hay distintas posiciones a la hora de analizar el trabajo sexual y proponer soluciones para quienes lo ejercen (ver recuadro). Claudia Gutiérrez explica que Otras tiene una postura reduccionista. “Respeto la opinión de las abolicionistas, pero no estoy de acuerdo con lo que piensan: no creo que nos usen como un pedazo de carne, como ellas definen”, dice la activista, en discrepancia con la postura de quienes pretenden la eliminación del trabajo sexual. Karina Núñez, fundadora de Otras y uno de los pilares históricos de la organización, declaró en una nota de El Observador, en 2021, que “el reduccionismo del trabajo sexual es el mecanismo para liberar a quienes no quieren estar ofreciendo servicios sexuales”.

Tuana, por su parte, expresa que El Paso “todavía se encuentran discutiendo su posicionamiento frente a la ley de trabajo sexual”, pero desde la organización tienen claro que el mercado sexual se centra, en su mayoría, en mujeres, personas trans o varones menores de edad. “Ese mercado violento, que reduce a las personas a objetos de intercambio como si fueran una mercancía, es eficiente para que se siga reproduciendo un modelo machista en donde los varones tienen que poder reafirmar su virilidad, en una práctica de dominación propia de una sociedad patriarcal y capitalista”, sentencia la activista. La directora de El Paso explica que la organización que integra intenta “generar líneas de fuga de esos lugares tan estancos”, según los cuales “si sos abolicionista tenés que prohibir absolutamente todo y si sos regulacionista tenés que hacer un consejo de salarios con las whiskerías y trabajadoras sexuales. No es ni un camino ni el otro”, analiza. El Paso apoya la perspectiva reduccionista que sostiene Karina Núñez. Su objetivo es generar respuestas para que quienes ya están dentro de ese mercado sexual puedan fortalecerse mínimamente en algunos derechos, protecciones y seguridades. “Quizás un camino alternativo podría ser la idea de crear cooperativas de autogestión de trabajadoras sexuales que no tengan que depender de una whiskería u otro lugar, porque eso encubre situaciones de proxenetismo y explotación. Planteamos un camino contextualizado y una salida paliativa, porque en el fondo, así como está planteado, el mercado sexual no debería de existir”, concluye Tuana.

Diferentes posturas frente al trabajo sexual