El movimiento Uruguay Soberano se creó en 2018; en aquel entonces se denominaba UPM 2 NO. Inicialmente, lo conformaron personas que se preocuparon por las condiciones del contrato con la segunda planta de UPM en Uruguay.
Sala de Redacción dialogó con uno de sus representantes y fundadores, el abogado Hoenir Sarthou, quien comentó que la idea de juntar firmas surgió en 2019 y se comenzó a concretar a principios de 2020 pero, como pronto se declaró la emergencia sanitaria por covid 19, el grupo solo juntó firmas entre familiares y conocidos. Recién a mediados de 2022, empezó a trabajar más fuerte y hoy en día y ante la gravedad de la crisis en el abastecimiento de agua, tiene referentes en casi todos los departamentos del país.
El contrato con la empresa UPM, es uno de los contratos “secretos” que más le preocupan al movimiento. Según Sarthou, se sabía que UPM iba a fabricar celulosa, “pero nada sabíamos acerca del hidrógeno verde”; dijo que se enteró de eso un día, cuando escuchó en En Perspectiva una entrevista a un representante de la constructora Saceem y al titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Omar Paganini, en la que dijeron que “Uruguay iba a producir hidrógeno verde”. “¡Eso no estaba en el contrato!”, reclamó. Uruguay había firmado un contrato con UPM para la fabricación de celulosa “lo del hidrógeno verde, surgió después, pero no está en el contrato”. Sarthou se refería, así, al anuncio que hizo el gobierno el 16 de mayo sobre el proyecto ganador del Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde desarrollado por el MIEM, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación: una inversión de 43 millones de dólares de un consorcio conformado por Saceem y el grupo CIR para instalar una planta de hidrógeno verde en Pueblo Centenario, departamento de Durazno, para proveer combustible para el transporte de madera hacia la planta de UPM; la iniciativa recibirá del Estado un fondo de 10 millones de dólares.
El abogado reprobó, además, que “UPM se está llevando el agua no solo para hacer celulosa sino también para hacer hidrógeno verde”, y dijo que “se está favoreciendo no sólo a UPM”, sino a todas las empresas que trabajan e invierten con ella. Por otro lado, señaló que UPM planta eucaliptos que “absorben agua como esponja”, graficó.
Sarthou explicó que UPM tiene derecho a perforar el acuífero Guaraní a través de empresas internacionales, y que “una de ellas es Saceem”, que va “a producir hidrógeno verde con una inversión de 43 millones de dólares y el Estado les va a dar 10 millones de dólares”, pero que “no está estipulado en ningún lado que tenga que pagar” por el agua del acuífero Guaraní en la zona de Pueblo Centenario, así como tampoco en el pueblo de Tambores, ubicado en Tacuarembó, en donde se instalará otro proyecto de producción de hidrógeno verde. “El criterio es que el agua es gratis para todos estos inversores”, redondeó. “Estos son otros de los contratos ‘secretos’ que van en contra de la población”, señaló. Advirtió que el agua es gratis, salvo la que procesa OSE, porque “la perforación del agua no se cobra para el uso doméstico e incluso para el uso empresarial, como las embotelladoras de agua mineral”, y resaltó que el problema, es el “volumen de consumo apabullante” que requiere la producción de una tonelada de hidrógeno verde: “entre unas 18 y 20 toneladas de agua”, detalló.
“UPM tiene el derecho preferencial del uso del agua del río Uruguay” indicó el abogado, quien agregó que Uruguay está obligado a asegurarle un flujo mínimo del agua de ese río. Según Sarthou, para garantizar eso, “el Estado va a tener que hacer cambios en la represa de Rincón del Bonete” y acotó que el contrato del Estado uruguayo dice “expresamente que UPM no debe pagar por el suministro de esa agua”, por eso Sarthou insistió en que “Uruguay le está dando gratis millones y millones de litros cúbicos de agua a UPM”.
Otros contratos
La concesión de la actual administración a la multinacional belga, Katoen Natie, para la explotación del puerto de Montevideo hasta de 2081, es otro de los contratos que rechaza Uruguay Soberano. “Se le entregó el puerto de Montevideo a una empresa belga, por 60 años”, expresó, y lamentó que el Tribunal de Cuentas de Uruguay le diera vía libre al gobierno para hacerlo. Las condiciones de dicho contrato tampoco se conocen, según hace referencia el movimiento.
Katoen Natie anunció a fines de junio que iba a subir las tarifas, pero luego, a pedido del Poder Ejecutivo, dejó en suspenso la medida. “Si se sube la tarifa del puerto, suben las tarifas de exportación”, por consiguiente también es de considerar que esos productos se encarecerían para venderse al exterior, “perjudicando la economía del país” planteó Sarthou, algo que también habían reclamado los propios exportadores al solicitarle al Ejecutivo que intercediera para revertir la decisión de Katoen Natie.
Para el abogado, el “grado de dependencia enorme que tiene el país a partir de su endeudamiento” es lo que explica la llegada de emprendimientos de este tipo a Uruguay, y que “no solamente se llevan el agua gratis sino que también tengan exoneraciones de impuestos, zona franca, puerto, todo concedido”.
El movimiento objeta, además, otro tipo de contratos. “También las vacunas Pfizer fueron compradas bajo criterios secretos”, reclamó Sarthou. “La población se entera cuando ya está todo firmado, ya estamos obligados y como ni siquiera tienen la aprobación parlamentaria no tenemos cómo presentar un recurso de referéndum ni de nada, cero control”, afirmó.
¿Qué propone el movimiento Uruguay Soberano?
El movimiento pretende reformar la Constitución. “Estamos planteando un pronunciamiento popular”, dijo Sarthou. Para eso, tienen que juntar 300.00 firmas para llevar su propuesta a plebiscito y para que resulte favorable, en esa instancia deben obtener la mitad más uno de los votos que se emitan en las Elecciones Nacionales de octubre de 2024.
El objetivo es defender todos los recursos naturales. Sarthou comentó que a raíz de la crisis hídrica, la población ha empezado a preocuparse y “el movimiento ha tenido un crecimiento muy importante en el último tiempo”, pero aclaró que la propuesta de reformar la Constitución “no es sólo para defender el agua sino, todos nuestros recursos”.
El movimiento aspira a que, a futuro, el Poder Ejecutivo no pueda firmar más contratos que afecten a la soberanía del país.
Hay tres clases de contratos sobre los cuales se enfocan: los que someten al país a la jurisdicción extranjera, “son los que si tenés un conflicto con la empresa, terminas en el Banco Mundial”, algo que el movimiento quiere cambiar. Otros son los que le dan a la empresa estabilidad jurídica, explicó el abogado “la garantía de que la legislación futura no los va a afectar”, y la tercera clase de contratos son los que comprometen obligaciones para el país más allá del período de gobierno que estaba en curso cuando el contrato se firmó.
Sarthou explicó que “la Constitución le prohíbe a los gobiernos disponer gastos más allá de su período de ejercicio” y que lo que pretenden hacer con la reforma es “llenar un vacío que hay en la Constitución, que no regula en absoluto los contratos”, porque solo regula los tratados internacionales. Para ser aprobados, los tratados internacionales tienen que tener aprobación parlamentaria, por eso, explicó el abogado, para hacer negocios con las empresas multinacionales, los gobiernos vieron la solución de realizar contratos y, como no hay regulación, han podido extenderlos por 50 o 60 años sin que nadie pudiese imponer objeción, como en el caso de Katoen Natie, que la ciudadanía conoció las características de los mismos hasta que ya estaba firmado y el contrato asumido.
El movimiento Uruguay Soberano propone que los contratos que tengan algunas de las características señaladas, sean aprobados por el Parlamento, con los votos de tres quintos de los integrantes de cada cámara. “Eso obliga a que esté de acuerdo todo el sistema político, si no, se entra en el juego de que el gobierno lo firma y la oposición se queja pero el contrato queda”, declaró Sarthou.
Otra modificación es que esas leyes que aprueben contratos de inversión de ese tipo, puedan ser sometidas a referéndum con un número de firmas menor, explicó Sarthou: “hoy para conseguir llevar a referéndum una ley, se exigen las firmas del 25% del padrón electoral, nosotros proponemos bajar ése número al 10% del padrón electoral”.
El último punto de la reforma que impulsan es declarar nulos todos los contratos de esas características que fueron firmados sin aprobación parlamentaria desde 2017 en adelante, agregó Sarthou. “Ahí caería el contrato de UPM y el de Pfizer, por ejemplo”, señaló.
Tal como establece la Constitución, las firmas para habilitar la realización del plebiscito, tienen que estar seis meses antes de las elecciones nacionales, que serán el domingo 27 de octubre de 2024.
