Hace poco más de un año que en el departamento de Paysandú, diez mujeres —y otras que se van sumando como colaboradoras— organizan y sostienen el único espacio destinado a albergar, acompañar y apoyar a mujeres e infancias que precisan un lugar transitorio para salir de una situación de violencia.

La iniciativa nació a partir del llamado de solidaridad de una mamá y sus dos hijas que tuvieron que abandonar el hogar en el que vivían por estar atravesando una situación de violencia extrema. Así surgió la preocupación de las integrantes de la Asamblea Permanente de Mujeres, Lesbianas y Trans de Paysandú, de gestionar un espacio propio que pudiera alojar a mujeres —madres o no— que decidieran abandonar la casa donde estuvieran siendo violentadas, sin estar limitadas por el miedo de quedar a la deriva. 

A raíz de esa alerta se conformó la Brigada China María, contó a Sala de Redacción una de sus integrantes, Virginia Aurelia. Después de investigar y analizar la situación, la Brigada decidió procurar un inmueble “por el medio que fuera necesario” para alojar la iniciativa. Fue así que, a través de un acuerdo de comodato, el grupo accedió a una finca que funcionaba como depósito. En comunicación con el dueño del inmueble, comenzaron a reformarlo, para convertir la finca abandonada en un lugar habitable, relató Aurelia. Hicieron nuevas instalaciones sanitarias y eléctricas, arreglaron pisos, pintaron paredes y puertas, limpiaron el fondo y organizaron actividades para recaudar finanzas y arreglar el techo de la casa.  

De las mujeres por las mujeres

“De boca en boca”, expresó Aurelia, se corrió el dato de que existía la Brigada y llegaron a habitar la casa quince mujeres, dieciséis infancias y tres adolescencias. Camila Medina, otra de las integrantes, detalló la multiplicidad de situaciones: la mayoría de las mujeres tiene entre 25 y 30 años y están desempleadas o en una situación de vulnerabilidad económica que les dificulta la búsqueda de alternativas para abandonar las situaciones de violencia que vivencian. 

Sobre los desafíos que implica sostener la casa día a día, Medina resaltó las variadas dimensiones para brindarle apoyo a una madre. Van desde el sostén emocional de quienes acuden a la Brigada, hasta la ayuda para agilizar el acceso a los recursos que ofrece el Estado a nivel de salud, alimentación, y asesoramiento jurídico que, a su entender, “no alcanzan”.

El factor económico también fue un obstáculo ya que, además de los recursos necesarios para sostener la vida de las mujeres e infancias residentes, los gastos de luz y agua del inmueble eran muy caros. Ante esta situación, las integrantes de la Brigada solicitaron una reunión con Mónica Bottero, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Según Medina, la jerarca dijo que era “muy difícil para el Estado poder sostener una casa para atender esta situación”, aunque aseguró que, de mantenerse el proyecto de la Brigada, “el Estado no iba a ser un impedimento”. Sala de Redacción intentó, sin éxito, comunicarse con Bottero.

Las integrantes de la Brigada explicaron que algunas de las razones por las que no han vuelto a solicitar apoyo del Estado para gestionar la casa tienen que ver con los tiempos y los protocolos de acción estatales. Como ejemplo, plantearon que las alternativas que se ofrecen actualmente en el departamento son el Centro de Estadía Transitoria 24 horas y hoteles, siempre que se considere que las mujeres están atravesando una situación de violencia que implique riesgo de vida. Las activistas discrepan con el criterio: “tener un hotel por dos o tres noches cuando existe riesgo de vida y tenés infancias a cargo, está lejísimos de la realidad”, plantearon, y agregaron que la evaluación de cuándo existe o no riesgo de vida “para el Estado es una cosa, y para nosotras otra”.

Aurelia comentó que llegaron a la Brigada dos mujeres por recomendación directa del Mides. También sucedió que una trabajadora de un refugio derivó al grupo a una mujer que tenía infancias a cargo y no cumplía los requisitos para alojarse en el centro de acogida.

Sobre la relación con las mujeres que acuden a la Brigada, Aurelia explicó que es importante conversar y escuchar sus historias de vida, porque —más allá de lo urgente que es una solución habitacional transitoria—, el vínculo con una otra es importante. En esta línea, reflexionó que sostener esta casa sin intervención de las instituciones estatales le agrega valor al tejido social “de las mujeres por las mujeres”, donde más allá de evaluaciones de riesgo de vida, condiciones, o trámites, existe un espacio “para decir que estamos acá: sostenernos, impulsarnos, y poder seguir con la vida”. 

Otra alternativa

En el departamento de Paysandú, el último refugio que hubo para mujeres víctimas de violencia era administrado por la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) y el Mides, pero cerró en 2019, luego de que la ACJ no volviera a presentarse a la licitación. Esto supuso la pérdida de alternativas habitacionales transitorias para mujeres en situación de violencia con sus hijos a nivel departamental.

Luego del cierre, el refugio “La Heroica” se transformó en un lugar de acogida con funcionamiento nocturno que no admite menores de edad ni personas mayores con enfermedades, lo que imposibilita el acceso de  aquellas mujeres que precisan un espacio seguro al que acudir con sus hijos ante una situación de violencia.

Marisa Acosta, directora de la Secretaría de Género de la Intendencia de Paysandú, expresó a Sala de Redacción, que el refugio estaba en una “casa que se dejó de usar por el gobierno anterior”. La jerarca afirmó que la actual administración apostó a “una medida de atención en emergencia”, e hizo referencia al Sistema de Atención de Emergencia creado en la gestión del intendente anterior, Guillermo Caraballo, que brinda refugio resguardado por un máximo de 48 horas en aquellos casos en los que se considera que la mujer corre riesgo de vida, según considere Fiscalía.

Acosta agregó que actualmente son dos personas las que están alojadas bajo este sistema, pero que es difícil contabilizar cuántas acceden, por la transitoriedad que implica. “Normalmente es una situación que no se mantiene en el tiempo, va cambiando”, afirmó. Asimismo, resaltó que a aquellas mujeres e infancias que no cuentan con alternativas habitacionales de larga duración —y que tienen por única opción volver al hogar en el que fueron agredidas—, las derivan al Hogar para Víctimas de Violencia de Género en el departamento de Tacuarembó. 

Por otro lado, afirmó que la Comisión Departamental de Lucha contra la Violencia Doméstica le solicitó a Bottero que existiera en Paysandú una alternativa habitacional con características similares a la de Tacuarembó. En este sentido, expresó que “la intendencia puede colaborar, pero es potestad de la dirección de Inmujeres”. Sobre esto, agregó: “en reiteradas oportunidades se le ha planteado esta necesidad a la directora, e incluso hemos presentado una nota formal”.

A la actual demanda de soluciones habitacionales se suma la próxima apertura en el departamento del Juzgado Especializado en Violencia, y se prevé un aumento de situaciones que requieran alojamiento temporal por más de 48 horas. En este sentido, Acosta agregó que se está buscando una alternativa en conjunto, aunque al momento no hay un plan de trabajo para viabilizar esta medida, ni una propuesta formal para llevarla a cabo.

Si dios quiere 

En consonancia con Acosta, Carla Fachini, coordinadora de Inmujeres en Paysandú, afirmó que se está trabajando en conjunto con la Intendencia de Paysandú para elaborar un centro o refugio transitorio para mujeres “un poco más de larga estadía”, ya que “los refugios a los que se deriva están muy alejados”, por lo que se está evaluando la posibilidad de tener uno más próximo al litoral del país.

Con respecto a los plazos para llevar adelante esta iniciativa, Fachini expresó que, “generalmente”, las víctimas de violencia doméstica “ siempre tienen una alternativa”: “siempre hay algún familiar que está decidido a acoger a la víctima, o la víctima queda en su casa y es el agresor el que se va” por orden judicial, opinó.   

Consultada sobre los desafíos que implica poner en marcha un proyecto de refugio especializado para mujeres e infancias, Fachini expresó que, que implica “un gasto para el Estado”, porque “hay que tener recursos humanos, un lugar acondicionado” y agregó que “no se puede tener un hogar transitorio para diez mujeres, y que lo esté usando solo una”, por lo que habría que analizar cuál es la “demanda” real por parte de las mujeres.

La integrante de la Coordinadora de Inmujeres de Paysandú hizo referencia a las iniciativas existentes en el departamento, como el servicio de atención a mujeres en situación de violencia, los talleres sobre violencia de género y masculinidades enfocados a varones agresores, la campaña de sensibilización y capacitación contra la trata, y la próxima apertura de un juzgado especializado en violencia. Fachini expresó que “si dios quiere” se van a poner todas las energías en que pueda generarse un hogar para mujeres e infancias en situación de violencia, y que “a pesar de que institucionalmente es todo muy lento”, se está trabajando en conjunto para lograrlo.

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