El caso de Alejandro Astesiano recorrió el país cuando el martes 27 de setiembre la fiscal Gabriela Fossati ordenó la imputación del entonces custodio del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Astesiano fue detenido como coautor de un presunto delito continuado de suposición de Estado Civil, un delito de asociación para delinquir y otro de tráfico de influencias, según detalló Fossati en la solicitud de formalización.
Además de Astesiano, tres personas más fueron imputadas como coautores: el ciudadano ruso Alexey Slivaev, quien cumplía papel de traductor y era el encargado de conseguir a los clientes, y Álvaro Fernández, quien desempeñaba la función de gestionar las partidas de nacimiento apócrifas, además de explicar los pasos a seguir a quienes las adquirían.
A Patricia Medina, la pareja de Fernández, luego de un allanamiento en su domicilio se le incautaron varios archivos relacionados a documentación apócrifa y se le acusa de ser cómplice del delito.
En último lugar está detenido Roman Karpov, un ciudadano ruso que posee la documentación uruguaya falsa y que, según la investigación de la Fiscalía, tiene relación con el caso.
Los cuatro imputados fueron detenidos con medidas cautelares e inicialmente se dispuso la prisión preventiva por 30 días tras haber sido formalizados, mientras se procedía con el avance de la investigación. Debido a que hay información en el extranjero que debe tramitarse, lo que demanda tiempo y recursos, en octubre la Fiscalía solicitó que a los formalizados se les extendiera las medidas cautelares, a lo que accedió el juez Alejandro Asteggiante. De esa forma, Slivaev, Fernández, Astesiano, y Karpov cumplirán la medida hasta el 15 de marzo de 2023, mientras que Medina cumplirá su pena hasta el 15 de febrero del mismo año.
La extensión de los formalizados se justifica en el artículo 25 del Código Penal, y está fundada en el objetivo de que no entorpezcan la investigación, como lo han intentado hacer en anteriores ocasiones.
Las audiencias
Luego de que la fiscal Fossati presentara la evidencia pertinente al caso y se detuviera a los imputados, el 23 de setiembre el juez Asteggiante formalizó a Karpov. Para el proceso judicial se contrató a una integrante del Colegio de Traductores del Uruguay que pudiera interpretar la audiencia en idioma ruso.
Dos días antes, Karpov se había presentado en la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) con la intención de sacar la cédula de identidad. Al percatarse de ello, la Justicia generó expedientes que detallan que los supuestos padres uruguayos de Karpov no tienen ninguna relación con el ciudadano ruso.
Ambas personas tienen fecha de defunción de hace más de 20 años, por lo que el equipo de Fiscalía contactó a sus hijos para determinar si ambas familias tenían algún parentesco con personas de nacionalidad rusa, lo que fue descartado en los dos casos. Asimismo, el equipo de pericias de la Fiscalía analizó el pasaporte incautado a Karpov y detectaron “a simple vista” que estaba reimpreso el nombre de “Alexis Celso Montes Garmendia”, quien sería su abuelo. Además del problema del nombre, se constataron inconvenientes con la tinta y en el formato con que se imprimen las partidas de nacimiento uruguayas. En suma, la partida de nacimiento de Karpov tenía una sola copia, lo que no corresponde con el formato original y cuando se intentó acceder al código QR que toda partida tiene, este no redireccionó a ningún sitio.
Los cargos que enfrenta el ruso están tipificados en un artículo del Código Penal y un artículo de la Ley de Seguridad del Estado Uruguayo. El artículo 243 del código establece que aquellas personas que, aunque no hayan intervenido en la falsificación de documentación sí la hubieran usado, deben pagar una pena correspondiente a una cuarta parte de la correspondiente a ese delito, que va desde los tres hasta los dieciocho meses de prisión. Por su parte, el artículo 259 de la norma condena la creación de un estado civil falso con una pena que va desde los 18 a los ocho años de prisión.
La jueza María Noel Odriozola formalizó a Slivaev, quien en las maniobras de los pasaportes cumplía el rol de traductor, pero también realizaba las transacciones bancarias, según el reporte de Fiscalía. La evidencia mostrada para su formalización lo involucra con la aparición de documentación apócrifa en el consulado uruguayo en la Ciudad de México, donde se descubrió que una persona de nacionalidad rusa había falsificado su partida de nacimiento uruguaya.
Además, Slivaev está relacionado con otro hecho similar de documentación ilegítima en el interior del país. Aún se investiga el caso de seis ciudadanos rusos que tramitaron su cédula de identidad y luego abandonaron Uruguay; la Fiscalía busca determinar si Slivaev está relacionado o si se trata de otra organización que actúa de forma independiente. Lo que se investiga de forma más exhaustiva es si la documentación previamente mencionada fue falsificada en Uruguay o si es proveniente de Rusia.
Previo a ser detenido, Slivaev fue consultado sobre si quería comunicarse con el consulado ruso, ya que es su derecho como ciudadano extranjero, pero se negó y decidió continuar con la audiencia. Al otro costado de la mesa estaba el escribano Fernández, que, a diferencia de Slivaev, ya tenía registro en el sistema penal. En concreto, se encargaba de las gestiones relacionadas a las partidas de nacimiento y otras documentaciones, y junto con Slivaev son los fundadores y líderes de la organización. Según estableció Fiscalía, hay evidencias que registran su actividad en conjunto desde 2014.
Mediante la incautación e indagación del celular de Fernández se logró extraer un chat con un funcionario público que contiene 77 páginas de extensión y que varias veces menciona a Slivaev. Si bien Fernández declaró que nunca recibió dinero por los trámites de las partidas de nacimiento, la Fiscalía encontró tres depósitos en Western Unión a su nombre, cada uno con una suma aproximada a los 1.500 dólares, y las personas remitentes eran de nacionalidad rusa.
Por último, según declaró la fiscal durante la audiencia, el escribano proporcionó datos que no fueron claros a la hora de identificar el domicilio y retrasaron el proceso de la indagación; por lo tanto, se entendió como un intento de entorpecer la investigación.
La Fiscalía pidió la prisión preventiva de los implicados porque el mismo día de su detención Slivaev fue encontrado en el hotel en el que se hospedaba Karpov, donde había bolsos, mochilas, dinero y documentos que eran apócrifos. En el caso de Fernández, si bien su abogado alega que durante todo el proceso judicial colaboró con la Justicia, la fiscal Fossatti asegura que colabora solo cuando le es favorable a sus intereses, ya que el escribano comenzó a cooperar una vez que le advirtieron que se tenía acceso a sus comunicaciones y documentos.
El infiltrado
Previo a ser el custodio de Lacalle Pou, Astesiano ya tenía algunas manchas en su historial, fue indagado por hurto e incluso llegó a estar en prisión en el año 2013 por un delito de estafa. Astesiano comenzó a trabajar en 2020 con Fernandez y Slivaev, y ocupaba un rol de “simplificador”: desde su posición privilegiada sacaba provecho de la cercanía de ciertos vínculos dentro de la Torre Ejecutiva para poder ejecutar los trámites de una forma más eficaz. Además de facilitar las gestiones, Fiscalía encontró en los chats de los imputados que Astesiano se ofrecía como intermediario de las comunicaciones de Fernández y un funcionario de alto rango de la DNIC.
La influencia de Astesiano no sólo estaba presente dentro de las instalaciones de Presidencia, sino que también se extendía a otras instituciones del Estado. Luego de que el equipo técnico de Fiscalía pudiera extraer las conversaciones del celular de Astesiano, se descubrió que había funcionarios de alto rango del Ministerio del Interior a quienes el excustodio les solicitaba favores; uno de ellos fue el de mover un operativo policial hacia una cooperativa en Millán y Lecocq, y el otro favor fue que se “aguantara” un cargo de oficial de Policía para la hija de una funcionaria de la Torre Ejecutiva que en esas fechas se encontraba en realizando exámenes de secundaria.
El principal motivo por el que la Fiscalía solicitó la extensión de la prisión preventiva de Astesiano es su “alto nivel” de conexiones, ya que a través de estos puede retardar el funcionamiento de la investigación del caso.
Una de muchas más
Astesiano, Slivaev, y Fernández volvieron a ser citados esta semana por la Fiscalía para declarar ante un juez y continuar con la investigación. Astesiano declaró el martes y, según informó su abogado en rueda de prensa, está evaluando llegar a un acuerdo con la Fiscalía por el que acepte la culpabilidad a cambio de una reducción de la pena.
Slivaev declaró en la mañana del miércoles y, según informó La Diaria, el ciudadano ruso se desvinculó de cualquier tipo de relacionamiento con Astesiano, excepto por una gestión que no llegó a concluirse. La defensa de Slivaev no desea realizar ningún acuerdo, ya que no considera que la Fiscalía reúna las evidencias necesarias para ir a juicio en su contra.
Este jueves, El Observador informó que Fernández cerró las audiencias ante la fiscal Fossati; al escribano se le hicieron las mismas preguntas que en las instancias anteriores, aunque el interrogatorio se centró en sus vínculos con los otros imputados por el caso. Fernández hizo énfasis en que el rol de Astesiano era el de “facilitador” de las gestiones, ya que se posicionaba en un sitio privilegiado en la Torre Ejecutiva.
Días atrás, por medio de su defensa el escribano había solicitado modificar su prisión preventiva por problemas de salud, pero luego de un análisis del Instituto Técnico Forense (ITF) se constató que Fernández se encuentra en condiciones de continuar con su prisión preventiva.
La otra cara de la moneda
Este tipo de casos, que implican meses o años de ardua investigación, implican directamente a entes públicos y, por lo tanto, es muy difícil que no se discutan dentro de la esfera política. Para entender las complejidades de un caso que salpica a gobernantes de turno, Sala de Redacción habló con el Presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, William Rosa. “Se trata de hacer como si se trabajara cualquier caso normal, lo único que se extrema el cuidado sobre la información que se maneja, se estrecha la interrelación sobre todo con la policía a través de oficiales del caso”, sostuvo. Rosa contó además que lo que se hace es determinar un oficial de la policía o “división” policial para que apoye al fiscal y así poder trabajar con la información sensible de forma más delimitada con el objetivo evitar las filtraciones.
Consultado sobre cómo es el trabajo del fiscal a la hora de investigar o llamar a declarar a miembros del sistema político, sostuvo que en este tipo de casos son “inevitables” ciertas apariciones y que sus interpretaciones a veces “entorpecen” la transmisión a la opinión pública del accionar de la Justicia. “Los fiscales investigan, después lo llevan al juzgado y lo que se dice sobre el caso usualmente es en el marco de la investigación con los abogados y en el marco del juicio, donde se toma conocimiento público de las audiencias”. Concluyó
En la misma línea de la interpretación, durante una de las audiencias la fiscal Fossati planteó la importancia de ser clara a la hora de hablar y de elegir el vocabulario, ya que en este tipo de casos no solo se abordan en los órganos públicos y la prensa, sino también entre la población. “No puedo limitarme a que usted me entienda, sino que también me tiene que entender la ciudadanía”, le dijo al juez durante el proceso.
