“Conflictos socioambientales vinculados al agua en Sudamérica: tensiones en torno al acceso, uso y gestión” fue el nombre de una sesión de la Conferencia Científica de la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas que reunió a profesionales del medioambiente de Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay. El evento, organizado por el Instituto SARAS, la Universidad de la República (Udelar) y GobHidro, un proyecto de esas dos instituciones financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, transcurrió de manera virtual el 28 de setiembre y contó con traductores de inglés, español y portugués, lo que permitió la asistencia de participantes más allá del continente americano. El objetivo de la reunión fue informar a la población y generar conciencia sobre la situación actual de un recurso tan valioso como es el agua; los expositores detallaron cómo hasta el día de hoy continúan tensiones que se generaron hace varios años y que afectan directamente a la población sudamericana.
En la sesión se expresó que estos conflictos socioambientales son consecuencia de múltiples factores, incluidos los relacionados con el interés económico y político, las desigualdades sociales, el clima, el uso del suelo y la gestión del agua. Micaela Trimble, investigadora de SARAS y moderadora de la reunión, expresó que los conflictos por el agua en América del Sur tienden a ser más frecuentes a medida que se acentúa la tendencia a la privatización de los servicios de potabilización de agua y saneamiento. También fueron tratadas las consecuencias en la gestión del agua, ya sea pública o privada, y al acceso de los grupos sociales vulnerables.
Conflicto local
Natalia Dias Tadeu, referente de la Udelar, formada en Gestión Ambiental y Ciencia Ambiental, se encargó de presentar una investigación, que realizó junto con Trimble y Marila Lázaro, acerca del Proyecto Neptuno, que propone construir una nueva planta potabilizadora para abastecer de agua potable a Montevideo y el área metropolitana. El Proyecto Neptuno, que fue presentado por cuatro empresas privadas que conformaron el Consorcio Aguas de Montevideo (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast) y pretende tomar el agua del Río de la Plata, en la zona de Arazatí y Bocas del Cufré, en San José, generó y sigue generando conflictos en torno a la privatización y a la falta de participación social. Montevideo y el área metropolitana, región que concentra el 60% de la población del país, se abastece hasta ahora del agua procesada en Aguas Corrientes, a partir de la cuenca del río Santa Lucía.
Según detalló Dias, existe una lucha entre actores que defienden que los problemas de la calidad del recurso buscan ser subsanados por este proyecto con la intención de lograr un mejoramiento de la cantidad de agua en el área metropolitana y Montevideo y quienes lo ven como una amenaza ambiental. Entre los actores que están a favor del proyecto del consorcio privado se encuentran el Ministerio de Medio Ambiente, Presidencia de la República y OSE, mientras que ha generado el rechazo de organizaciones sociales, sindicatos y de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Desde la mirada de quienes están en contra al proyecto se prevén impactos como la eutrofización y la salinidad en el Río de la Plata, es decir el proceso de contaminación del agua por exceso de nutrientes, y lo que refiere a las sales minerales en el agua, respectivamente. También advierten que tendrá como consecuencia la pérdida de vegetación, fauna y la alteración de la dinámica costera, que lleva a la pérdida de playas. La administración del agua tal como está planteada refiere a un bajo control sobre las actividades, una baja transparencia sobre el proyecto y el riesgo de discontinuidad y falta de seguimiento de las medidas de recuperación del río Santa Lucía. Esta política de agua está en discusión en ámbitos como comités de cuenca, consejos regionales, y en espacios de la Federación de Funcionarios de OSE. A modo de reflexión Dias destacó la inserción de nuevos actores en la red sociotécnica del agua del sector privado, la persistencia de una baja transparencia en cuanto al acceso de la información, la creación de nuevos espacios de participación y el riesgo de participación consultiva en la toma de decisiones.
Conflictos vecinos
Ana Lucia Britto, integrante de la Universidad Federal de Río de Janeiro y experta en geografía, se encargó de ilustrar acerca de la privatización de los servicios de agua en Brasil y los conflictos sobre el derecho de acceso a este recurso. En concreto, se refirió al agua como derecho social o como negocio en un contexto de neoliberalización y financiarización.
Movimientos sociales, sindicatos y sectores más progresistas vinculados a la gestión de los servicios de agua presionaron para ser parte de la gobernanza de estos servicios. La posibilidad de un aumento en las tarifas de agua como resultado de la privatización ha generado preocupación en organizaciones de la sociedad civil e investigadores brasileños.
Britto destacó una falta de asequibilidad debido a la crisis económica así como por el aumento de las tasas de desempleo, la caída de los ingresos familiares y el aumento de los índices de pobreza extrema. La investigadora reafirmó que el agua debe ser un derecho y no una mercancía, ya que el precio de las tarifas de agua no debe limitar la capacidad de las personas para adquirir otros bienes y servicios básicos necesarios para el cumplimiento de otros derechos humanos, como la alimentación, la vivienda, la salud y la educación.
Otro de los casos expuestos fue el de Ecuador: Paul Cisneros, doctor en Ciencias Sociales con especialización en Estudios Políticos y miembro del Instituto de Altos Estudios Nacionales, detalló las narrativas para la implementación intersectorial entre el agua y la minería en Fierro Urco. Según afirmó el profesional, existen dos teorías confrontadas: una donde la minería a gran escala puede promover el desarrollo local al tiempo que protege el medio ambiente y los recursos hídricos; y otra, que identifica a la minería a gran escala como destructora de elementos sociales, culturales y ambientales del territorio. Desde principios de la década del 2000, hay empresas que están reestructurando sus inversiones debido a los conflictos sociales y la volatilidad de las políticas.
La plataforma por la defensa de la cordillera de Fierro Urco tiene como estrategia la expansión del conflicto en la que amplían el tema en juego, puesto que el agua organiza la producción, los ecosistemas, las ciudades y el páramo en que se asienta estabiliza el clima. Por otro lado, la coalición prominería basa su estrategia en la contención de conflictos, al acotar el tema a la reutilización del agua, el monitoreo y la restauración. A su vez, el investigador señaló que utilizan las instituciones establecidas por el acuerdo político, es decir agencias ambientales débiles, fuerzas policiales y militares, y jueces sin conocimiento ambiental. La criminalización de la protesta, violencia, securitización y polarización política son parte de los efectos de este conflicto.
En cuanto a la región incaica, en representación de Perú, lideró la exposición María Teresa Oré, investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de Pontificia Universidad Católica, quien trató el conflicto que rodea a la Cuenca Ica – Huancavelica. La agroindustria nacional e internacional llevó a cabo la perforación indiscriminada de pozos desde la década de los 90 y los agronegocios obtuvieron un mayor control de los recursos de aguas subterráneas y ampliaron sus propiedades desde entonces. El grave conflicto se dio cuando el gobierno regional de Ica propuso un proyecto para transferir agua de un lago en Huancavelica a Ica, lo que generó una tensión en las zonas rurales y urbanas del valle de Ica.
Anahí Ocampo Melgar, licenciada en Ingeniería ambiental e integrante de la Universidad de Chile, detalló la situación de la Cuenca de la Laguna de Aculeo en dicho país, que sufrió una reducción del nivel del agua desde 2010 y se secó por completo en 2018. Eso provocó una reducción de la productividad agrícola, especialmente de pequeños agricultores y ganaderos, desconfianza y crecientes conflictos por el agua. Estas incertidumbres permanecieron relacionadas con el factor de gestión humana en el problema de la escasez de agua, ya que los pozos de agua también sufrían una disminución en cuanto a la cantidad y las causas de la crisis del agua están directamente relacionadas con las desviaciones ilegales, las nuevas urbanizaciones y granjas agrícolas industriales que extraen más de lo necesario.
