Graciela Barrera, senadora del Frente Amplio y fundadora de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia, utilizó la media hora previa de la sesión parlamentaria del 17 de agosto para denunciar carencias en la atención en salud de las personas privadas de libertad. Hizo hincapié en la falta de atención en salud mental, así como en la falta de tratamiento para las adicciones, y supuso que los motivos de estas deficiencias son la falta de recursos humanos, físicos y coordinaciones externas.
Barrera explicó en el Parlamento que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) atiende a cerca de 9.500 personas en centros penitenciarios, lo que equivale a 65% de la población carcelaria, pero solo cuenta con 53 médicos y 2 psiquiatras, según informó La Diaria. En el caso de las cárceles de mujeres también denunció falta de artículos de higiene, por ejemplo, que a las privadas de libertad les dan pañales en vez de adherentes.
En diálogo con Sala de Redacción, Barrera contó que el lunes siguiente a que falleciera una mujer en el sector de prisión preventiva de la Unidad Nº 5 visitó la Unidad N° 9 junto a la diputada del Frente Amplio, Verónica Mato. En esta última hay 25 mujeres con 26 hijos y tres de ellas están embarazadas.
La mujer que murió tenía 31 años y su fallecimiento se constató el 5 de agosto, luego de que otras privadas de libertad avisaran que no podían despertarla. Luego de que se confirmara la defunción, las mujeres de la Unidad Nº 5 quemaron colchones, muebles y ropa, y reclamaron por una mejor atención en salud. Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, explicó en conferencia de prensa que presentó una denuncia penal ante Fiscalía para que se investiguen las causas del fallecimiento.
Barrera contó que pudo hablar con las mujeres privadas de libertad y también con el personal de las unidades. “Ves cómo los niños se acercan a ellos y te das cuenta de que están trabajando bien, pero en materia de salud, de parte de ASSE [que brinda el Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL) en el área metropolitana], prácticamente no reciben ayuda”, dijo sobre la Unidad Nº 9, y puntualizó que no cuentan con pediatras. Si bien destacó el trabajo de la médica especializada en medicina familiar y comunitaria, que cubre el turno de 9.00 a 15.00, explicó que fuera de ese horario no hay médicos, ni tampoco los fines de semana o feriados. Por lo tanto, en caso de darse una situación que requiera atención médica, las personas deben ser trasladadas a la Unidad Nº 5, pero ese establecimiento también presenta carencias.
“Faltan psiquiatras que atiendan en establecimientos carcelarios. Una mamá me contó que estaba desesperada porque su hija estaba muy mal y no recibía atención psiquiátrica y al final lograron que la atendieran por Zoom”, comentó sobre la Unidad Nº 5. De acuerdo a la denuncia de la senadora, también hay demoras en la digitalización de las historias clínicas, lo que complica que las mujeres puedan acceder en tiempo y forma a su medicación.
La senadora también integra una convocatoria, junto a Jaime Savedra, ex encargado de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, para nuclear a familiares de personas privadas de libertad en una organización que canalice sus reclamos. Barrera manifestó que, si bien van solamente dos reuniones, los familiares están muy interesados y varios reclaman específicamente tratamiento de adicciones para los y las privadas de libertad. Esto último a Barrera le parece fundamental y agregó que si no se tratan las adicciones o la salud mental, va a ser “imposible sacarlos adelante”.
Consultada sobre si recibió alguna respuesta por parte de ASSE o el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) por sus denuncias, explicó que por el momento no y dijo que antes se recibió a una delegación de SAI-PPL en la Comisión Especial de Seguimiento de la Población Carcelaria, espacio parlamentario que integra. “No nos pudieron contestar las preguntas en el momento, así que estamos esperando su respuesta por escrito”, aseguró.
Microtráfico y hacinamiento
La suba de penas para el microtráfico introducida en la Ley de Urgente Consideración impactó en el aumento de la población carcelaria femenina. Son delitos que cometen en general las mujeres, ya que les permite permanecer en sus hogares y obtener un ingreso, sin descuidar la crianza de sus hijos o las tareas domésticas. Las penas van de un mínimo de cuatro a 15 años, y también se restringe la posibilidad de redimir la pena por trabajo o estudio, o la posibilidad de obtener la libertad anticipada. De acuerdo al informe preliminar del 2021 del comisionado parlamentario, la Unidad Nº 5 presenta una situación crítica de hacinamiento con 143% de ocupación. La cárcel tiene 634 mujeres alojadas, cuando su capacidad es de 390 cupos.
En el Plan de Combate a la Reincidencia y en favor de la Rehabilitación basado en una perspectiva de género y derechos humanos, el comisionado parlamentario plantea que uno de los puntos fundamentales es el aumento de la presencia de ASSE en los centros penitenciarios. Actualmente, el principal prestador público de salud cubre 65% de la población de privados de libertad, mientras que el resto está a cargo de Sanidad Policial.
Petit afirma en el documento que la cobertura actual en salud es “totalmente insuficiente” y que son “muy graves” las carencias para detectar y atender a aquellas personas con afectaciones en su salud mental y con adicciones cuando están dentro de la cárcel. Al mismo tiempo, se señala la necesidad de realizar un seguimiento de los casos una vez que egresan del sistema, lo que es fundamental para evitar la reincidencia.
Por otra parte, de cara a la Rendición de Cuentas se presentó un informe a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda sobre los recursos con los que cuenta el sistema carcelario. Allí se plantea reforzar los gastos de funcionamiento del INR y ASSE en una cifra “no menor a un 20% del gasto de 2021”, ya que en abril de este año la población penitenciaria se incrementó 12% respecto al mismo mes de 2021, y la tendencia sigue en aumento. “Las actuales cifras presentadas marcan un presupuesto penitenciario muy bajo, que no coincide con la explosividad que tiene el sistema penitenciario y con el hecho que hemos reiterado en diversos informes, de que al menos un tercio de la población del sistema penitenciario se encuentra en condiciones de vida que implican una negación del tratamiento penitenciario que el Estado debe cumplir”, manifiesta el documento.
Salud sexual y reproductiva
Entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, la organización Nada Crece a la Sombra realizó un censo a las mujeres y personas trans privadas de libertad, con el objetivo de conocer la situación de salud de esa población. Abarcó 17 cárceles de Montevideo y del interior y, según relevó, 80% del total de las mujeres no tenían el papanicolau (PAP) al día. Por otra parte, en Montevideo 92% de las mujeres mayores de 50 años no tenían la mamografía al día, cifra que en el interior era de dos de cada tres mujeres. Ambos controles sirven para detectar enfermedades como el cáncer de mama o de cuello uterino que, de no ser tratadas a tiempo, pueden ser graves.
A la luz de estos datos, el 13 de julio de 2020 Nada Crece a la Sombra firmó un convenio con el Ministerio del Interior, que contó con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, ASSE, la Clínica Ginecotocológica “A” de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y el Sindicato Médico del Uruguay. El objetivo del acuerdo era brindar atención en salud sexual y reproductiva a las mujeres privadas de libertad.
Denisse Legrand, integrante de la organización, explicó a Sala de Redacción que el plan llegó a cubrir cinco cárceles de mujeres: se realizaron 401 PAP, 112 tests de HPV (virus del papiloma humano), 103 colposcopias, 37 ecografìas transvaginales y 10 cirugías ginecológicas. “En el pico máximo de la pandemia se definió interrumpir momentáneamente la atención, porque llevar equipos de salud a las cárceles conllevaba un mayor riesgo”, declaró Legrand.
Sin embargo, en agosto de 2021, el Ministerio del Interior decidió detener el Plan de Atención Sexual y Reproductiva “unilateralmente” y “sin ninguna comunicación”, por lo que faltaron cubrir 11 cárceles del interior del país. “Recortar políticas que no tienen ningún tipo de costo para el Estado para responder al capricho de determinada jerarquía política trae como consecuencia el retiro de políticas integrales que tenían un beneficio directo en la población”, afirmó.
Consultada por la denuncia de la senadora Barrera, Legrand dijo que “no le llama la atención”, porque la carencia de productos de higiene en cárceles es “muy importante”. A su vez, mencionó que Nada Crece a la Sombra realizó una donación de toallas higiénicas y tampones, que fue rechazada por el Ministerio del Interior en 2020. Se intentó realizar la donación nuevamente en 2021, pero volvió a ser rechazada. “Ahí están, en un depósito, esperando que las acepten”, finalizó.
