Este lunes comenzaron a aplicarse las pruebas PISA 2022, dirigidas a estudiantes de 15 años -elegidos aleatoriamente- de liceos públicos y privados, centros de UTU y escuelas rurales. Son pruebas internacionales que apuntan a medir el nivel de conocimientos y habilidades de los estudiantes en áreas como lectura, matemáticas y ciencias. El viernes, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), organismo que se encarga de la aplicación de las pruebas, había anunciado su comienzo, con una propuesta que despertó polémica, al convocar a la participación en las pruebas a través de arengas futboleras. Pablo Caggiani, integrante de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) en representación del Frente Amplio y ex consejero de Primaria, fue uno de los primeros en manifestar en redes su oposición a la postura adoptada por la ANEP, con un tuit en el que afirmó que se estaba haciendo “el peor uso de la evaluación en la educación”.
La convocatoria es a “ponerse la celeste” para “representar” al país, según explicó el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva. Dentro de la decisión de adoptar estos simbolismos para comunicar la prueba e incentivar su realización, el Codicen a su vez, definió la compra de 7.500 camisetas celestes que se otorgarán como obsequio a los estudiantes que hagan la prueba; según una resolución del 13 de julio, a través de un convenio con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la ANEP aprobó destinar 3.897.375 pesos para dicha compra. Los referentes de la educación defendieron la acción y recordaron que la administración anterior también definía gastos de este tipo; Silva, consultado por El Observador, declaró que “desde el año 2006 siempre destinaron recursos a la adquisición de obsequios, regalos o reconocimientos a los estudiantes”, lo que definió como una táctica que se realiza a nivel mundial.
Son impulsadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); se aplicaron por primera vez en el año 2000 y en Uruguay empezaron a implementarse en 2003, con una periodicidad de tres años.
Competencia y política de Estado
En conversación con Sala de Redacción, Caggiani explicó que las pruebas PISA aportan información relevante para la definición de políticas educativas, por lo que, evaluar el estado de los estudiantes finalmente es evaluar la eficiencia de esas políticas. Caggiani comentó que, hasta el momento, en Uruguay no se había adoptado una perspectiva centrada en el ranking que otorga la prueba, como sí lo hacen otros países: “en Uruguay nunca se había planteado como una competencia”, expresó. Consultado sobre la compra de obsequios para los estudiantes, Caggiani explicó que, efectivamente, en la edición 2006 de las pruebas, la antigua administración incorporó la práctica de otorgar meriendas a los estudiantes que participan “ya que dan una prueba de dos horas”, argumentó, y reconoció que se entregaron presentes, pero alegó que no tenían mayor connotación que agradecer la participación.
La actual administración creó una plataforma para que los estudiantes pudieran realizar ejemplos de pruebas como ejercicio; Caggiani observó que esto también es un cambio de criterio, ya que la prueba solía ser “una evaluación sin ningún tipo de prácticas previas”. La edición en curso está desfasada ya que durante la pandemia la OCDE suspendió su realización; para Caggiani, el hecho de que se realicen tarde hace que los cambios de perspectiva de esta administración tengan menos pertinencia: “no tienen fundamentación”, criticó.
Consultado sobre su perspectiva sobre el tema, Agustín Cano, docente y doctor en Pedagogía, comentó que la estrategia del Codicen es “reveladora del papel de PISA en el mundo” y de las consecuencias que tiene relacionarse con este tipo de instrumentos, “más allá de su transparencia tecnocrática o medición objetiva”, añadió. Para Cano, las pruebas PISA tienen un marcado efecto político en el mundo porque “generan consecuencias profundas a nivel de las políticas educativas de los países participantes”. A su entender, si bien aportan un importante cúmulo de información a los sistemas educativos, “generan un efecto de descontextualización que supone considerar que lo que se aprende es solo lo que se puede medir”, valoró.
Sobre la campaña de los organismos educativos, Cano consideró lamentable que se reduzca la educación, como proyecto cultural y construcción ciudadana, a la idea de “estudiantes que se ponen la celeste para poner a Uruguay en un ranking, por encima de otros” y concluyó, “eso es hacer de la abdicación del deber de cultura una política de Estado”.
