En el marco de un paro nacional de 24 horas, este miércoles se realizó una marcha nacional educativa, convocada por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) y el movimiento estudiantil. Desde las agrupaciones gremiales y sindicales se reclama mayor presupuesto para la educación, con el ya histórico pedido del 6% del Producto Interno Bruto para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad Tecnológica (Utec), más un 1% para investigación e innovación.
Tras una convocatoria multitudinaria, la recorrida empezó a las 10.00 desde la explanada de la Udelar rumbo a la Torre Ejecutiva, con un pequeño desvío por el Ministerio de Economía y Finanzas y la ANEP. La consigna había sido planteada semanas atrás por las organizaciones convocantes: “Por recuperación salarial y creación de cargos, presupuesto digno y educación integral para una verdadera transformación democrática; basta de persecución”. Al finalizar la marcha, en la Plaza Independencia se realizó un “acto de comunicación” -en palabras de los propios oradores- en el que varios representantes gremiales y sindicales expusieron sus reivindicaciones para que fueran escuchadas por el Ejecutivo.
Durante la oratoria, Valentina Rodríguez, del Centro de Estudiantes de Magisterio, destacó la pérdida de empleos y el recorte de presupuesto que, según ella, empeoraron las condiciones edilicias y humanas del sistema educativo. “Somos plenamente conscientes de que para tener una educación de calidad en todo el país hay que invertir en presupuesto, en más y mejores becas, en garantizar el transporte para todos los estudiantes”, dijo. En referencia a los problemas de alimentación denunciados recientemente por docentes, Rodríguez exigió la presencia de comedores estudiantiles en todo el país “para que no pase que los estudiantes van con hambre a clase”, como denunciaron profesores del liceo 49.
Elba Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP), también se refirió a la situación alimentaria de los estudiantes. “Los niños que tenían hambre en la escuela y hoy están en el liceo, por supuesto que tienen hambre”, dijo, y cuestionó: “¿Es posible atender la alimentación con 31 pesos por niño?”. Asimismo, alertó sobre la importancia de mantener los ámbitos de negociación colectiva y repasó, una vez más, los motivos de la movilización. “No nos movilizamos por gimnasias ni paramos por las dudas”, dijo, en una clara contestación a las declaraciones del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y del ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, que en la previa a la marcha habían relativizado los motivos de la convocatoria. Por último, afirmó que los docentes son conscientes de que en momentos de crisis social y económica, las escuelas y los centros educativos son “faros de resguardo, protección y cuidado”.
Santiago Pascale, integrante de la Unión de Funcionarios del Codicen [Consejo Directivo Central de ANEP] (UFC), alertó sobre la precarización laboral entre los funcionarios de la educación tras pérdidas salariales, recorte de cargos, multiempleo y “años” de privatizaciones. También planteó que mejorar la infraestructura no es “pintar fachadas, como quiere [el presidente del Codicen] Robert Silva”, y dijo que la intención es ocultar “el desastre que tienen en los centros de estudio”. Por lo contrario, afirmó que los cambios necesarios son “para estudiar y trabajar en condiciones dignas” y “eso es lo que precisamos”, concluyó.
Por otra parte, Emiliano Mandacen, integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) denunció la “persecución feroz” a los trabajadores de la enseñanza. Como ejemplo, mencionó a la Utec, donde, según el sindicalista, se instaló un directorio provisorio en una “cuasi dictadura” que persigue y destituye trabajadores sin evaluación. También hizo alusión al debate en la Cámara de Diputados convocado en el mismo día de la marcha para discutir el resultado de la comisión investigadora sobre las presuntas “licencias irregulares” de trabajadores sindicalizados entre 2015 y 2019, que con los votos del oficialismo envió las actuaciones a Fiscalía y la Junta de Transparencia y Ética Pública. Para el representante de Fenapes este episodio configura un intento de judicializar la libertad sindical y advirtió que la Federación “asistirá donde haya que asistir porque la verdad nos asiste”.
Lucía Abbate, Manuel Ulfe
