Según un informe elaborado por el Servicio Paz y Justicia Uruguay (Serpaj) que será presentado hoy ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), en centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) los jóvenes son víctimas de malos tratos, amenazas y violencia física.
La información evidenció que la tarea de INISA estuvo en deuda con la rehabilitación de los adolescentes y las situaciones que allí se viven son de violencia y degradación. Según testimonios a los que accedió Serpaj, los jóvenes privados de libertad están en una situación precaria e inhumana y los centros los castigan con ‘’prácticas de encierro compulsivo’’ que duran hasta 23 horas.
Desde Serpaj consideran que estas situaciones no son nuevas, sino que se suceden con el tiempo y no son atendidas adecuadamente por la institución. Andrea Sondoro, integrante de esta organización, dijo a Sala de Redacción que la privación de libertad en adolescentes debe ser la última alternativa y esa medida no debe naturalizarse. Sondoro agregó que Uruguay está violando ciertas garantías para el ejercicio de los derechos de niños y adolescentes, y consideró que el encierro al que están sometidos en los centros INISA los expone a golpizas, malos tratos y ninguneos. En particular, mencionó que ello va en contra de la Ley 17.823, que garantiza que ‘’todo niño y adolescente tiene derecho intrínseco a la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación’’, entre otros.
Según se denuncia, estas situaciones de tortura sucedieron principalmente en dos espacios de privación de libertad, uno es el centro de máxima seguridad denominado Mayores de Dieciocho (MD1) y el otro es el Espacio de Tratamiento Transitorio Integral (ETTI). Este último está destinado a trabajar con los adolescentes durante un período de 90 días y su clausura fue recomendada por organizaciones de derechos humanos debido a su impronta carcelaria e inadecuada para la rehabilitación de los adolescentes.
Según informó La Diaria, Serpaj pretende el cierre de ambos centros debido a las condiciones de reclusión para estos adolescentes. Estas acciones de torturas, amenazas y malos tratos no son el único problema que se manifiesta en el informe, ya que también se señalan otros aspectos, como que hay más cantidad de adolescentes que camas disponibles, además de una alta presencia de ratones y ratas y jóvenes con ‘’quemaduras graves’’ por agua caliente.
Seguridad y la LUC
En su informe, Serpaj también abordó la seguridad pública y destacó que la implementación de la ley de urgente consideración (LUC) otorgó más garantías a la Policía para procedimientos con ‘’poder punitivo’’. La organización manifestó preocupación ante la ausencia de ‘”mecanismos ágiles, independientes y seguros para denunciar e investigar situaciones de abuso y violencia policial”, ya que son “escasas las resoluciones dadas por el sistema judicial y el Poder Ejecutivo”.
Al respecto, Sondoro recomendó la creación de una ‘’fiscalía especializada en violencia institucional’’, basada en políticas que apelen a la sensibilidad y al acompañamiento permanente de las víctimas. Según dijo, actualmente una denuncia por abusos policiales se realiza en Asuntos Internos de la Policía y pasa por el Ministerio del Interior, lo que “complejiza el procedimiento”. “Es necesario investigar las causas a través de una unidad dedicada y comprometida con la situación de los afectados, como sucede en otros países’”, dijo.
Este informe alternativo será presentado ante el Comité contra la Tortura de la ONU, en Ginebra. En función a las convenciones adheridas por Uruguay ante la lucha contra la tortura, Serpaj espera ‘’diversas devoluciones y hacer los ajustes necesarios en diferentes temas’’.
Los países que conforman este comité son aquellos afiliados a las convenciones de derechos humanos y, al conformar esta lista, el Estado uruguayo tiene la responsabilidad de cumplir la normativa. Desde Serpaj consideran que el rol del Estado es fundamental y en particular importa la forma en que recepciona las recomendaciones otorgadas para ‘’repensar las prácticas y generar cambios y que este asunto forme parte de la agenda pública’’.
