“La semana pasada empezamos una movida para evitar la construcción de una casa sobre la duna en la playa La Balconada”, comienza diciendo el video difundido por el grupo Acción Vecina de La Paloma (AVE) el 4 de mayo de 2021. En ese entonces, el colectivo -mayoritariamente conformado por vecinas del balneario- consiguió más de 300 firmas para ponerle freno al proyecto de vivienda en el padrón N° 5103, ubicado sobre la playa La Balconada, en La Paloma, Rocha.
AVE también convocó a la comunidad palomense a movilizarse en contra del proyecto mediante una marcha, a la que asistieron más de 100 personas. “Estamos acá para evitar que construyan más casas en las dunas; porque no se dan cuenta de que tenemos el privilegio de vivir en un lugar como este” afirmó durante la manifestación Ema, de 10 años.
La edificación sobre las playas de Rocha no es un conflicto nuevo en el departamento: “¿No cree usted que la destrucción de la franja costera es perjudicial para todos?”, le preguntaba el vecino Mario Torres, en 1990, a la comunidad de Costa Azul, balneario lindero a La Paloma. “¿Cree usted que nuestro querido balneario sea de interés si la playa está llena de escombros, de muros rotos y de casas caídas?”, expresaba Torres en un folleto que, ya desde su tapa, hacía explícita la problemática: “Desaparece la costa”.
Pasaron más de tres décadas desde aquel momento. Sin embargo, las experiencias recientes -como el derrumbe de más de 20 casas sobre la playa de Aguas Dulces en los últimos años y el desplome parcial de una casa en Costa Azul en 2021- no parecen tener el peso suficiente para que se concrete una gestión consciente del espacio costero. Este es uno de los patrimonios naturales más ricos del departamento rochense y del país.
La playa que habitamos
La movilización de 2021 -para detener la construcción en La Balconada- no fue la primera oportunidad en la que AVE se agrupó para hacerle frente a una amenaza ambiental en su localidad. Integrantes del colectivo afirmaron que la necesidad de organizarse surgió “de manera espontánea” en 2020, cuando se juntaron para detener la construcción de una bicisenda en la faja costera, que estaba proyectada sobre la acera sur de la calle Botavara, en la playa palomense de La Mula.
“La creatividad anida en nosotras, así como las ganas de luchar por la tierra que habitamos y que tanto nos da”, afirmó Anaí de Álava, integrante de AVE en diálogo con Sala de Redacción. Por eso, enteradas del intento de construcción sobre La Balconada, decidieron actuar. “Investigamos el caso e hicimos un video explicativo en el cual sugerimos hacer una apreciación del proyecto ante el Ministerio de Ambiente”, explicó. Con el video apuntaban a concientizar a la población local y lograr el respaldo de los vecinos para frenar la tentativa de edificación en la costa.
En aquella instancia, las integrantes de AVE buscaron diseñar un documento en el que se demostrara la “inviabilidad del proyecto” en función de la legislación vigente. En la misiva, a la que accedió Sala de Redacción, se hace referencia a la Ley N° 17.551, aprobada en 2002 por unanimidad en la Cámara de Senadores; esa norma estableció el interés público en torno a la expropiación de distintos padrones, ubicados en las playas palomenses de El Faro, La Balconada, Los Botes, El Cabito y Solari, con el fin de “preservar el equilibrio y estructura de la faja costera, principal atractivo turístico del lugar”. Entre los predios que comprende la ley, se encuentra el padrón N° 5103, sobre el que se proyecta la construcción que AVE intenta detener.
El documento de AVE aclara que la ley “está vigente, no ha sido derogada y está en perfecta armonía con leyes posteriores que hacen relación con la protección de la faja de defensa de la costa”. Por otra parte, la organización sostiene que el proyecto, además de ir en contra de la legislación referida, viola “el principio de igualdad, así como el principio de no regresión o progresividad que rige en materia de medio ambiente”.
Sin embargo, luego de dos décadas de haber sido aprobada, la aplicación de la ley parece haber sido nula: de los 27 padrones se ha expropiado solo uno. De hecho, según se pudo constatar con los vecinos de la zona, dicha expropiación fue el resultado de un juicio contra el Estado que encabezó el dueño de uno de los terrenos.
Excepción a la expropiación
En el Ministerio de Ambiente hay un expediente de más de 350 folios vinculado al padrón N° 5103 sobre La Balconada. El 3 de setiembre de 2018, los propietarios del terreno se comunicaron con el entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y manifestaron su intención de construir una vivienda. Además, presentaron un acuerdo realizado con la Intendencia Departamental de Rocha (IDR), bajo la administración del frenteamplista Aníbal Pereyra.
Según consigna el expediente, en ese acuerdo, la IDR excluyó la suspensión de permisos de construcción en el terreno -una de las medidas cautelares tomadas por la intendencia en los terrenos comprendidos por la Ley N° 17.551- y autorizó el desarrollo del proyecto. Lo hizo con la única condición de que los propietarios del padrón asumieran el compromiso de “construir un equipamiento urbano para uso público” que, según se pudo constatar, sería un deck para el acceso a la playa de uso público y luminaria.
Hecha la evaluación del proyecto, el Ministerio de Ambiente consideró que no existían “impedimentos de ordenamiento territorial ni legales” y habilitó el inicio de la Autorización Ambiental Previa*. El 31 de agosto de 2021 la división Jurídica del ministerio envió una comunicación al gobierno departamental de Rocha, en la que se explicó que para proseguir, la cartera se encontraba “a la espera de la IDR” y solicitó la ratificación del acuerdo por parte de la nueva administración.
Consultado al respecto del acuerdo, Rodrigo García, director de Ambiente y Cambio Climático del gobierno de Rocha -encabezado por el nacionalista Alejo Umpiérrez- manifestó que el acuerdo fue “una marcha atrás que hizo el gobierno pasado” y opinó que se trata de “una excepción que no es un buen ejemplo”. Añadió que la decisión “no se puede deshacer”, teniendo en cuenta “los costos altísimos que podrían significar para la intendencia”, y dijo que el margen de acción está “en manos del Estado central”.
En diálogo con Sala de Redacción, Pereyra explicó que comparte el motivo por el cual se están movilizando los vecinos, pero que “hay que ubicarlo contextualmente”, ya que “una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que efectivamente se puede realizar o llevar adelante”.
Con relación a la Ley N° 17.551, opinó que “como muchas cosas que se hacen en este país, no quedó claro quién tenía que llevar a cabo la expropiación”. Asimismo, afirmó que la IDR “no tuvo en este tiempo los recursos suficientes para encarar la inversión millonaria que supone la expropiación”. “El riesgo que hay en toda esta zona es quedarse sin bajada de playa, que sería algo gravísimo. Esto es una solución intermedia, no es una solución total”, concluyó.
“Un caso paradigmático“
Cecilia Laporta, integrante del colectivo AVE, reflexionó que si bien existen “diversas formas de concebir el ‘progreso’ en La Paloma”, hay “un montón de personas que quieren tener un balneario más sustentable e intentar, al menos, cuidar lo que queda”. “Si vos mirás el mapa de los 27 padrones a los que refiere la Ley N° 17.551, son las únicas zonas libres que quedan en primera línea. Construir ahí sería ir en contra de la belleza del balneario”, alertó.
Desde su punto de vista, estos elementos vuelven al padrón N° 5103 “un caso paradigmático” para el futuro de La Paloma. “Este acuerdo entre el privado y la IDR le abre la puerta a que los otros 26 dueños de los terrenos vengan a exigir su acuerdo para construir. Y en este caso tendrían todo su derecho, porque es la propia Intendencia la que está pasando sobre la ley nacional”, enfatizó.
* Nota de redacción: la primera versión de esta nota decía que la Autorización Ambiental Previa ya había sido aprobada; no es así, sigue en proceso de aprobación. Pedimos disculpas por el error.
