La reforma de la seguridad social es “necesaria” y una decisión que tiene que ser tomada este año. Así lo afirmaron a Sala de Redacción el representante de jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social (BPS), Sixto Amaro, el senador del Partido Nacional (PN), Jorge Gandini y el senador suplente por el Frente Amplio (FA) y exministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta.
Sin embargo, para llegar a hacer una reforma de esta índole, primero hay que discutir en el Parlamento un proyecto de ley que ampare todos los cambios que se le hagan al actual sistema previsional.
Según afirmó Gandini, este tipo de reformas se suelen hacer al inicio del período de gobierno y lo más lejos posible de la próxima elección, lo que significa una limitación política para la aprobación de un proyecto de ley. “Si no llegamos a un acuerdo este año, 2023 no es un año apropiado para una reforma de esta naturaleza, porque comienza a generarse el tiempo electoral siguiente”, dijo, y agregó: “Si no nos ponemos de acuerdo no hay reforma, se pateará una vez más para adelante y será un problema más grave que hoy, pero será un problema para el próximo gobierno”, apuntó el legislador.
Para el senador del PN, “hay que hacer” la reforma, porque el sistema previsional tiene problemas de financiamiento y ello sucede porque los contribuyentes del BPS no alcanzan a financiar con sus aportes las jubilaciones de los que están en el sistema. Gandini señaló que, a través de transferencias, el Estado pone la diferencia y, tal como está diseñado el sistema, actualmente esa diferencia es cada vez mayor, lo que “compromete” las cuentas públicas y en un futuro habrá dificultades para mantener las transferencias.
Informe
En consecuencia, en noviembre de 2021, la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), creada por la Ley de Urgente Consideración (LUC) e integrada por técnicos designados por el Poder Ejecutivo, se encargó de realizar un diagnóstico del actual sistema previsional uruguayo y de presentar un informe con recomendaciones para una futura reforma que contemple las necesidades del sistema.
Uno de los puntos del documento de la CESS que generó repercusión fue la extensión de la vida laboral y el cambio de la edad mínima para jubilarse: se recomienda que en lugar de con 60 años, las personas se jubilen a los 65. En este punto, la comisión contempla dos posibles escenarios. Por un lado, empezar el proceso con las personas nacidas en 1967 o 1971; por su parte, el otro escenario contempla la posibilidad de que se alcance la edad de 65 años para los nacidos en 1971 o 1975.
“La opción por un escenario u otro implica diferentes dinámicas de contención y reversión de la trayectoria al alza del nivel de gasto público previsional observado y proyectado, así como las consiguientes exigencias de financiamiento”, dice el documento.
En este sentido, si bien cree que hay que reformar el actual sistema previsional, Amaro no coincide con este punto y puso como ejemplo el sistema previsional de España, donde la edad tope para jubilarse es 67 años y la tasa de reemplazo -la relación entre el nivel de jubilación y lo aportado- es 80% de lo que la persona ganaba cuando trabajaba. Sin embargo, en Uruguay la edad para adquirir los derechos jubilatorios es 60 años y la tasa de reemplazo es aproximadamente de 45%. “Si se aumenta solo la edad [de jubilación], no es lo mismo el 45% de 60 años que el 45% de 65. [La persona] va a trabajar más años y va a cobrar menos dinero de jubilación”, sostuvo Amaro. “En este momento en que todavía el proyecto de ley no está sobre la mesa, hay que discutir la actual situación de los jubilados y pensionistas”, agregó.
Según el representante en el BPS, para subir la edad de jubilación también habría que aumentar la tasa de reemplazo, ya que, de lo contrario, las jubilaciones de las generaciones futuras van a ser “paupérrimas”.
Sostenibilidad
Por otra parte, el economista Hugo Dufrechou explicó a Sala de Redacción que, si bien aumentar la edad jubilatoria puede “mejorar las cuentas fiscales del sistema”, esto no sirve de nada si “el endurecimiento de las condiciones para acceder a una jubilación son más grandes de lo que la sociedad acepta” y que, por lo tanto, una reforma de esta índole no sería sostenible socialmente. En ese sentido, dijo que se necesitaría otra reforma en el mediano plazo que modifique la trayectoria financiera.
Otro de los puntos discutidos que se mencionan en el documento de la CESS es el de crear un régimen jubilatorio único para todos los trabajadores que ingresen al sistema, con excepción de aquellas actividades que requieran un tratamiento diferencial. Para estas últimas se pide que el pedido contenga una relación de proporcionalidad entre el fundamento, el tratamiento diferencial y su correspondiente financiamiento.
Para Brenta, tiene que haber una diferenciación entre los trabajos que “evidentemente acortan la vida” y que deberían tener un régimen que los beneficie y ser compensados por otros que son claramente beneficiosos. Para ilustrarlo puso de ejemplo la Caja Militar, en la que los militares retirados se jubilan con menos años y cuentan con una tasa de reemplazo más alta que la del promedio de la población. En concreto, Brenta considera que “hay que ir hacia una mirada integral de la seguridad social que contemple todo el sistema, pero atienda a las particularidades de cada una de las actividades”.
Por su parte, Dufrechou señaló que “no es posible hacer beneficios para todos”, ya que las diversas cajas tienen diferentes beneficios jubilatorios para los diferentes tipos de trabajadores. Sin embargo, acotó que los beneficios de la generación de un régimen único son principalmente en términos de “justicia”, en el sentido de que todos aporten a la misma caja y contribuyan a financiar la seguridad del conjunto de la sociedad. En primer lugar, esto haría que los trabajadores queden en “pie de igualdad” entre sí, y que no haya un estrato social por encima del otro. Asimismo, serviría para que la gente que gana más pueda ayudar a financiar las cajas y que eso “mejore” los mecanismos de sociabilidad. Por ejemplo, los profesionales, los bancarios, los escribanos, podrían financiar las jubilaciones de trabajadores que ganaron menos en sus años laborales.
Entre que sí y que no
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció en la conferencia de prensa después de la victoria del No en el referéndum para derogar los 135 artículos de la LUC, que después del acto eleccionario el gobierno tiene como prioridades la educación, los asentamientos, los precios y la reforma de la seguridad social, que ha sido calificada como “necesaria” por varios gobiernos.
Por su parte, Amaro opinó que la seguridad social es un tema que debe seguir en discusión para mejorar y “no generar situaciones que vayan en desmedro de los trabajadores de hoy y de los jubilados de mañana”.
Para llegar a un acuerdo político, Gandini dice que es “necesario” que todos los partidos tengan en cuenta que hay que tomar medidas antes de que “el sistema colapse”. Según planteó, de esa forma se podrá llegar a un consenso, pero estimó que no habrá acuerdo si se piensa en “la conveniencia de las próximas elecciones”. Al respecto, agregó que todos “deberían ocuparse” de que este no sea un sistema que le “explote” a los siguientes gobiernos.
Por su parte, Brenta dijo que es “imposible eludir una reforma de la seguridad social” en este gobierno, ya que coincide con Gandini en que es un cambio imprescindible. En ese sentido, también opinó que si la reforma no se hace sería un “incumplimiento de compromiso con el país, que el presidente de la República cita permanentemente en su plan de gobierno”.
