En el marco de la Rendición de Cuentas de 2021, en el artículo 156 se plantea la eliminación de la mezcla del biodiesel en el gasoil. Esto llevó a que el Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ) se manifestara el 13 de octubre. No es el primer paro que se realiza en esta rama: el 28 de setiembre la Federación de Funcionarios de Ancap también adoptó esa medida.
Consultado sobre la eliminación de la mezcla del biodiesel en el gasoil, el dirigente del STIQ, Nicolás Lema, dijo a Sala de Redacción que el gobierno sostiene que busca reducir el costo del gasoil al consumidor, y que la solución planteada es dejar de mezclarlo con biodiesel, cuando lo que encarece su precio son los impuestos y el “afán recaudador” del Estado. Por parte del oficialismo, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, se había manifestado a favor de la eliminación de la mezcla, ya que entendía que el gasoil se abarata: el biocombustible supone casi 1,5 pesos por litro en el combustible, según dijo en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados.
Para Lema, la supresión de la mezcla impacta en los 40 trabajadores vinculados en la producción de biocombustibles, y sostuvo que se deben preservar las fuentes laborales. Lema explicó que no solo afecta a los trabajadores de Alcoholes del Uruguay (Alur) -del que Ancap es accionista mayoritario con el 90,79% de las acciones-, sino también a los de la Compañía Oleaginosa Uruguaya SA (COUSA), que abastece a ALUR de insumos para la producción de biodiesel, y perjudica a “una cadena productiva a nivel nacional”, que según Lema “es muy importante”.
Lema dijo haber encontrado respaldo “en la oposición”, aunque es consciente de que el Frente Amplio es minoría. “Desde hace más o menos dos años intentamos hablar con diferentes sectores” del Frente Amplio, así como con Cabido Abierto (CA), pero el partido que encabeza Guido Manini Ríos “se terminó dando vuelta a último momento”. En julio, CA había planteado reparos en detrimento del artículo 156, para que se pudiera garantizar que el Estado no saliera damnificado. Pero la postura del partido cambió y acompañará a la coalición, según publicó El Observador.
El sindicalista dijo que cuando se aprobó en 2005 la ley 18.195 -Ley de Fomento y Regulación de la Producción, Comercialización y Utilización de Agrocombustibles-, se resolvió “unánimemente por los partidos políticos”, pero que, en este caso, “la visión del oficialismo entendió que eso estaba mal y que había que cambiarlo porque generaba esos famosos sobrecostos”.
De igual manera, Laura Martínez, miembro de la Federación Ancap (Fancap), manifestó a Sala de Redacción su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo, ya que no se sabe qué pasará “con quienes somos funcionarios”, porque “garantizar la fuente laboral bajo la gestión privada no es garantía de nada”. Además, dijo que se debe tener en cuenta que hay muchos trabajadores que no están presupuestados, en carácter de funcionarios públicos.
Lema dijo que esta medida, además de afectar a los trabajadores, impacta de forma negativa en el medioambiente y “genera una pérdida de independencia energética”. Asimismo, afirmó que Alur, Ancap y el Ministerio de Industria, Energía y Minería están a favor de conservar esos empleos, absorbiéndolos en otra empresa o institución.
Consultada sobre el paro realizado el 28 de setiembre, Martínez dijo que una de las razones por las que se paró fue por el reciente cierre de Alur Belén, al cual entiende como un proyecto que favorece la producción nacional. Lema explicó que Alur es una empresa que tiene tres plantas que coexisten. Las plantas se ubican en Capurro, Paysandú y Bella Unión, y funcionan con una “lógica interna y económica” que permite que se autofinancien con los recursos que producen. Las ganancias de Alur se reinvierten en la planta ubicada en Bella Unión que, según Lema, es la “pata social”, por lo que su cierre impactaría en la realidad de la ciudad, en la que dos tercios de la población dependen económicamente.
El patrimonio no se vende
Para Martínez, entregar las plantas a un privado “es entregar y regalar el patrimonio”, y denunció que ha habido una operación para “intentar demostrar un deterioro e inoperancia” en las plantas de Ancap, situación que Martínez considera que “no es así”. Si se vendiera “el patrimonio, tal como pasó con Katoen Natie”, será por un tiempo prolongado, especuló, y agregó que el impacto y gravedad de esa entrega es “alarmante” y se traducirá en “precarización laboral, pérdidas de fuentes de trabajo y de soberanía”.
Martínez dijo que lo que se quiere por parte de Fancap es que el cemento se produzca en Uruguay y con mano de obra uruguaya. Este reclamo se relaciona con lo planteado meses atrás respecto a la intención del gobierno de privatizar la producción y exportación de biodiesel. En esta línea, consultado sobre este posible escenario, Lema cree que es contradictorio, ya que en el país es posible producir biodiesel y “fomentar una cadena productiva, compleja”, que beneficia a parte de la población, mientras que de esta forma se está “favoreciendo a un tercero”, por lo que el Estado resultaría perjudicado.
Opacidad
Martínez sostuvo que la postura del gobierno carece de transparencia en cuanto a intereses, ya que se favorecería a un privado al autorizar la exportación de combustible. La gremial defiende la necesidad de una inversión de 130 millones de dólares -que cubriría el déficit actual-, lo que permitiría que sea el país el que exporte, con los beneficios económicos y sociales que eso conlleva.
Para Martínez tampoco hay transparencia en las formas de comunicación y en el diálogo con los trabajadores: “nosotros hace un año trabajamos” con Ancap y no se logró llegar a un convenio. Denunció que la actual propuesta, de la que se enteraron por los medios de comunicación, no fue discutida y que se “reciben presiones por parte del gobierno”, lo que para Martínez queda de manifiesto en la “figura del presidente visitando Cielo Azul”, cementera que compite con Ancap, lo que configura un pronunciamiento de “apoyo político a estas trasnacionales, que vienen, invierten y se llevan la riqueza a otro país”. La propuesta de Fancap, en cambio, es realizar una alianza comercial con Argentina para la producción de cemento.
Martínez dijo que no se esperaba esta medida de “privatización”, porque en la “construcción de los espacios públicos” no se manejaba eso, y sostuvo que fue tomada “a puertas cerradas”, sin el consentimiento de los trabajadores. Denunció que se les había dicho que la decisión del portland se tomaría más adelante y finalmente se enteraron por un comunicado, por lo que “la medida se resolvió entre cuatro paredes”. En este sentido, se lamentó: “es terrible que los ámbitos de negociación no sean de confianza”.
Parar para luchar
Consultado sobre las medidas que tomarán como gremio, Lema dijo que el 13 de octubre el STIQ terminó sus manifestaciones frente al Palacio Legislativo y afirmó que desde que asumió el gobierno actual el sindicato sabía “que podían venir contra nosotros”, por lo que tomaron medidas “como paros, caravanas para concientizar a los pueblos del litoral y del interior sobre qué pasaría si se va el biodiesel”. El biocombustible se produce en el país desde 2009 y, para Lema, cuando la coalición de gobierno asumió el poder ya se sabía que Alur era “uno de los puntos en discusión”.
Por otro lado, Martínez dijo que Fancap hizo el paro porque “parte del gobierno y del directorio de Ancap han decidido acelerar el desmantelamiento” del ente para asegurar su “proyecto político neoliberal y clasista”. La Federación, en ese marco, convocó y tomó “decisiones estratégicas en la Asamblea General” respecto a los conflictos que mantienen. Para Martínez, fue un paro que permitió “la mayor concurrencia de los afiliados” y que se manifestaran trabajadores de Paysandú, Minas, Juan Lacaze, Treinta y Tres, Maldonado y Durazno. Dijo que el resultado fue el que se buscaba, ya que “hubo una sabia construcción de los trabajadores” sobre cómo proceder “en la defensa de una Ancap estatal y pública”. A su vez, si bien todavía no hay un acuerdo firmado, la negociación colectiva se restauró, ya que la negociación con Ancap estaba “muy dañada”.
Martínez también mencionó que existe un reclamo por las pautas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto “que restringen, cortan la inversión y limitan el ingreso de personal”. Sobre esto último, dijo que el país enfrenta “mínimos históricos” de trabajadores en Ancap. Asimismo, que se presentará un proyecto de ley, encabezado por el senador de la coalición Sebastián Da Silva, para la desmonopolización de los combustibles. En caso de que ese proyecto prospere, “se iniciará un referéndum”, aseguró, lo que presume que será motivo de más paros y movilizaciones. Con este panorama, Martínez dijo que se resolvió “resistir el proyecto de país” del gobierno, al cual se refirió como “el achique del Estado: entregar la riqueza de los uruguayos, la infraestructura y nuestro patrimonio” a privados.
