A partir del estallido social de octubre de 2019, los partidos políticos chilenos asumieron el compromiso de cambiar la vigente Constitución, una de las principales demandas de las protestas. Por la pandemia, el proceso se aplazó durante un tiempo, hasta que en octubre de 2020, casi un año después del inicio de las manifestaciones, un plebiscito ratificó la voluntad de cambio de la sociedad chilena. La consulta fue aprobada por 78% de los votantes. El domingo, finalmente, comenzó a trabajar la Convención Constitucional encargada de redactar la nueva carta magna.
Consultado por Sala de Redacción, el filósofo y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan Valdés, afirmó que “la Constitución [actual] tiene aspectos inaceptables y está plagada de desigualdades”. Se trata de un texto “que es propio de otra época”, señaló. A modo de ejemplo, Valdés apuntó a uno de los artículos que hace referencia a los derechos de la salud: “Cada persona tiene el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea estatal o privado”. Según el docente, este planteo es “ridículo”, porque la decisión de optar por uno u otro depende exclusivamente de la “capacidad económica del individuo, ya que pagar en las Instituciones de Salud Previsional [sistema privado] es bastante más caro que el Fondo Nacional de Salud [sistema público]; esta última, además, registra meses de espera en las atenciones a los pacientes y es de pésima calidad”.
En diálogo con Sala de Redacción, el politólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República Daniel Buquet afirmó: “Acá hay un conjunto de elementos que suman, pero la palabra clave en Chile es ‘exclusión’. Tiene un modelo político y socioeconómico, que proviene de la dictadura, con componentes fuertes de exclusión”. Y agregó: “Existe un modelo neoliberal que, a pesar de haber crecido económicamente y ser un país próspero, genera desigualdades que se hacen más evidentes en áreas sensibles como la salud y la educación”.
En contraposición al modelo chileno, Buquet puso como ejemplo el sistema educativo uruguayo y manifestó que en Chile “el acceso a la educación está restringido y se rige en varios aspectos bajo los criterios del mercado”. Para el politólogo, los gobiernos de izquierda que tuvo Chile después de la dictadura “no fueron tan de izquierda” y, aunque “intentaron resolver parte de estos problemas”, quizás las “reformas fueron insuficientes y tardías”.
Según Buquet, la izquierda chilena operó como un mecanismo de contención que “moderaba el conflicto”, pero cuando se instauró nuevamente un gobierno de derecha se produjo un retroceso político “desde la práctica y también desde el punto de vista de la percepción, y se profundizaron los estallidos sociales”. El gobierno del presidente Sebastián Piñera no encontraba una salida, “terminó absolutamente acorralado” y para descomprimir “buscó un acuerdo con el sistema político, desde donde surgió el diseño de este proceso constituyente”.
El origen
Todo comenzó en 2006, con las protestas estudiantiles denominadas como “la revolución pingüina” por la vestimenta característica de los estudiantes de secundaria chilenos: camisa blanca y chaqueta azul oscura. El movimiento reclamaba por el derecho a una educación gratuita general, en contraposición al sistema privado imperante establecido en la década del 80 por el régimen dictatorial encabezado por Augusto Pinochet. La participación estatal en el sistema educativo correspondía solo a un cuarto del total; el resto se encontraba bajo dominio del sector privado.
Los levantamientos continuaron en 2011, cuando los estudiantes universitarios lideraron el movimiento y se amplió la plataforma de reivindicaciones. En aquel entonces, el disparador fue la noticia de una operación de venta de 50% de la Universidad Central de Chile a un grupo económico privado, la empresa de inversiones Norte Sur.
En octubre de 2019 el estallido social volvió a producirse luego de la decisión del gobierno de Piñera de aumentar el boleto del metro. La reacción de los manifestantes fue dura: destruyeron e incendiaron diferentes estaciones de metro en varias localidades del país y generaron una movilización que cada vez fue adquiriendo mayor dimensión. La crisis empeoró y varios supermercados e instituciones públicas fueron alcanzados por la violencia de los manifestantes, lo que determinó que el gobierno decretara estado de emergencia y el toque de queda.
Las demandas de las protestas fueron creciendo y llegaron a reclamar un cambio político radical en Chile. En concreto, se reclamaba reducir las desigualdades sociales y comprometer a la clase política en la promoción de un Estado integrador que fuera el sostén principal de los ciudadanos en la atención de sus necesidades más básicas. Entre otras demandas, el cambio de Constitución se transformó en una bandera que inmediatamente alzaron los responsables de las movilizaciones.
Ante la presión en aumento, el gobierno de Piñera decidió dejar sin efecto el aumento del boleto, aunque esto no logró contener el avance de las protestas. Quema de iglesias, saqueos a empresas y destrucción de parte de la infraestructura pública fueron algunas de las consecuencias materiales de la situación. Entre octubre de 2019 y marzo de 2020 se contabilizó oficialmente un saldo de 34 personas muertas y más de 3.000 heridos.
El reconocimiento del gobierno
En un principio, Piñera dijo que su gobierno no había respondido adecuadamente a las manifestaciones. Tiempo después, el mandatario chileno pidió perdón por ello y reconoció que quizás lo que estaba detrás del estallido no era el aumento del boleto, sino un descontento generalizado de la ciudadanía desde hace muchos años. El descontento tenía su base en las desigualdades económicas y sociales generadas por la dictadura pinochetista, que ninguno de los sucesivos gobiernos democráticos supo administrar ni cambiar. De esa forma, se puso en cuestión el actual papel de los políticos y del Estado en la democracia chilena.
“Estamos trabajando duro para que el transporte público, el acceso a la salud, a los alimentos, a los medicamentos, a las escuelas y a tantos otros servicios básicos puedan seguir normalizándose”, declaró Piñera en conferencia de prensa durante el estallido social de octubre de 2019. “Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas, pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud; esta situación de inequidad, de abuso que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas”, agregó.
Al cierre de la conferencia de prensa, citó al escritor uruguayo Mario Benedetti para dejar en claro que el país estaba frente a un proceso de cambio de escenario político: “Cuando teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas”.
Las medidas paliativas
Ese mismo día, Piñera anunció un grupo de medidas destinadas a mejorar la situación general de los sectores más vulnerables de la población. Explicó que los apoyos insumirían una inversión total de 1.200 millones de dólares e intentó dar señales de que se pondría especial atención a las demandas de los manifestantes.
Las medidas comprendieron a distintos sectores e incluyeron la creación de un “ingreso mínimo garantizado” para grupos vulnerables, el aumento de pensiones, la suspensión de aumentos de tarifas públicas y la reducción de precios de medicamentos. También se creó un nuevo impuesto para los sectores de mayores ingresos y se puso en funcionamiento una “defensoría de las víctimas” para brindar apoyo jurídico y psicológico a las víctimas de la delincuencia, junto a un plan de reconstrucción por los daños generados durante las manifestaciones.
Tres días después y en medio de nuevas movilizaciones, Piñera ordenó a todos sus ministros poner sus cargos a disposición con la finalidad de armar un nuevo gabinete que fuera capaz de gestionar las demandas planteadas. Asimismo, anticipó la posible culminación del estado de emergencia y el retiro de los militares de las calles.
La llegada de los primeros casos de covid-19 a Chile en marzo de 2020 contribuyó a atenuar las protestas y a encauzar al gobierno en la implementación de más medidas en un escenario menos convulsionado. No obstante, también profundizó la idea de la importancia del Estado en la prestación de servicios básicos como la salud.
El 25 de octubre de 2020 se realizó un plebiscito nacional cuyo resultado aprobó la elaboración de una nueva Constitución y, al mismo tiempo, estableció las condiciones del proceso de reforma constitucional. Los ciudadanos chilenos eligieron hacerlo a través de una Convención Constitucional integrada exclusivamente por miembros elegidos por voto popular.
La elección de estos constituyentes (155 en total) se realizó a mediados de mayo de este año y los representantes fueron electos bajo un sistema que aseguró 45% de participación femenina y 11% para los pueblos indígenas. El órgano constituyente tendrá ahora nueve meses para presentar un nuevo texto constitucional, aunque el debate puede prorrogarse por tres meses más si fuera necesario. Finalmente, la nueva Constitución será plebiscitada a mediados de 2022.
Un hecho histórico
La Convención Constitucional chilena entró en funciones el 4 de julio. Los integrantes, encargados de la redacción, eligieron ese mismo día a sus autoridades. Elisa Loncón, doctora en Humanidades y lingüista, de 58 años y de origen mapuche, resultó electa presidenta de la asamblea constituyente. Luego de dos instancias de votación, ganó en la segunda oportunidad con 96 votos a favor y 59 en contra.
Loncón inició su discurso en mapudungún, idioma del pueblo mapuche, y luego continuó en español: “Esta fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan. Esta convención que hoy me toca presidir transformará a Chile en una nación plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas contra toda dominación”.
Para Valdés, es muy importante que la presidenta de la Convención Constitucional sea una persona de origen mapuche porque es una señal clara de “multiculturalidad y pluralismo que opera además como un factor de integración para todos los pueblos que constituyen la nación chilena”. El pueblo mapuche “representa la lucha, el no sometimiento, el respeto a la tierra y la naturaleza, la reivindicación y la unión de todos los pueblos y etnias de Chile”, destacó el docente y filósofo.
En tanto, Buquet dijo que en Chile los pueblos originarios “hacen un permanente e histórico reclamo por sus causas, y no se trata de minorías despreciables, sino de grupos importantes, organizados y combativos”. Sobre la elección de Loncón, el politólogo uruguayo opinó que es una persona “respetable y prestigiosa” y la representa a las reivindicaciones de la izquierda inclusiva. Su figura puede ser “una señal, que para mí es sólo una señal, de cuál sería la dirección de los acontecimientos”, comentó.
Desde la presidencia de la asamblea constituyente, Loncón tendrá que lidiar con distintas fuerzas políticas, “algunas de centro-derecha, que seguramente no acompañen muchas de las reivindicaciones planteadas. Para aprobar un texto constitucional se requiere la aprobación de dos tercios de los integrantes, por lo tanto, la centro-derecha tiene poder de veto y habrá que hacer concesiones”, advirtió Buquet.
La elección de Loncón generó sorpresa y expectativa tanto en el pueblo chileno como en diferentes partes del mundo, dado que es la primera vez que una representante indígena adquiere una responsabilidad de ese tenor institucional. Tiene a su cargo la articulación y el funcionamiento -nada más y nada menos- de la Convención Constitucional que desterrará la herencia pinochetista que se encontraba anidada en el corazón de la democracia chilena.
