Desde su irrupción a finales del siglo XX como una red militar estadounidense -Arpanet- hasta volverse la mayor red de comunicaciones e informaciones del mundo, Internet se ha consolidado como herramienta de comunicación. Es el instrumento por excelencia a través del que las personas se desempeñan social, académica y laboralmente, de forma masiva y con alcance global. Precisamente, es por ello que lo que se hace a través de los no tan nuevos entornos digitales puede salirse de control.
En el último tiempo, en Uruguay se ha denunciado el uso irregular de la red y sus plataformas: un hackeo a la Dirección de Identificación Civil, la explotación de menores de edad a través de Onlyfans o varias denuncias a raíz de enérgicos intercambios por Twitter, que hoy son moneda corriente en esa red social. No obstante, algunos de los conflictos legales que derivan de situaciones de Internet no responden a ninguna forma delictiva, ya que en Uruguay no existe la figura penal de ciberdelito.
Aunque este desafío legal puede hacer ver al cibermundo como un espacio indómito, “no es sensato hablar de regular Internet, porque todas las actividades que se llevan por ahí ya están reguladas, como siempre lo estuvieron”, señaló a Sala de Redacción Matías Jackson, abogado y profesor de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar). “Tenemos que abandonar el mito de que en Internet se puede hacer cualquier cosa”, completó. El abogado explicó que esa idea fue producto de los primeros años de vida de la red, cuando había un sentido muy anarquista del ciberespacio, que era visto como el sitio al que los Estados no podían llegar. “La realidad es que cualquier navegación está normada, pero no de la misma forma que la vida offline”, concluyó.
A la hora de responsabilizar a un usuario de Internet, Uruguay pone en práctica las mismas normas generales del derecho civil o penal. La legislación del país ya comprende la integridad de los datos personales o lo referente a la propiedad intelectual. Sin embargo, otros “ciberdelitos” incluidos en el convenio de Budapest -el documento de referencia internacional sobre el tema- son un debe normativo del país. Un ejemplo es el hacking, que consiste en “entrar a un sistema, ver lo que hay, copiar, y no hacer más nada”, explicó Jackson. Si bien Uruguay no adhirió al convenio porque había puntos que su regulación nacional ya comprendía y hasta tipifica, tampoco existe uniformidad a nivel mundial respecto a las disposiciones legales sobre Internet. En ese sentido, el convenio apuntó a ser una legislación común entre naciones firmantes para enfrentar el problema, con la mejora de las técnicas de investigación y la cooperación internacional, “fundamental para los delitos informáticos por su carácter de ser transfronterizos”, señaló el abogado.
Hubo intentos de llenar este vacío legal en el país, como el proyecto de Ley de Ciberdelincuencia y Delitos Informáticos presentado en 2016 por el entonces senador colorado Tabaré Viera, pero quedó archivado por el cambio de legislatura. Según Jackson, pensar en cánones tradicionales de regulación como la elaboración de una ley no funciona para Internet. El abogado explicó que hay delitos que aplican a los entornos digitales que no precisan de una regulación especial, porque se adaptan a las normas vigentes y a la jurisprudencia. Sin embargo, también surgieron otros mecanismos de regulación de conductas, producto del comportamiento de la gente en Internet. Jackson consideró que la red hizo replantear todo lo que se sabía de regulación y derecho hasta el momento, y que el desafío cuestión está en despegarse de pensar “legislaciones territoriales y lentas”.
Por su parte, Martin Prats, especialista en Derechos Humanos (DDHH) y Libertad de Expresión de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), advirtió a Sala de Redacción que no está bien considerar a Internet como un medio de comunicación más. Según fundamentó, se trata de “un instrumento que potencia las posibilidades de ejercer la libertad de expresión y de información”, pero que, como todo instrumento, puede utilizado de distintas formas. En ese sentido, explicó que los límites en el uso de los entornos digitales surgen de su posibilidad de potenciar agresiones y vulneraciones a los derechos de otras personas. “Ahí se presenta la necesidad de regularlo, pero Internet es una ruta en la que transitan conocimientos, informaciones, opiniones y mensajes de todo tipo. ¿Quién controla esa carretera?”, cuestionó, y advirtió: “Ese mismo controlaría también lo que se dice y recibe”.
Propiedad privada: no clickear
Cada nueva actividad a través de las redes transforma los términos en que se ejercía la actividad tradicional, mencionó Jackson, y agregó que son principalmente dos los DDHH que se ven involucrados: privacidad y libertad de expresión. En cuanto a la delgada línea entre lo público y lo privado, señaló que “hay que pensar si el factor tecnológico juega un rol o nos está mostrando un problema que ya existía, pero cambiando la forma de verlo”.
Roberto Balaguer, psicólogo especialista en Internet, mencionó que en las antípodas de lo público, lo privado y lo íntimo tienden a confundirse. “Son conceptos de época, van cambiando. Hay que legislar para la época, pero los cambios se dan muy rápido, entonces, va quedando para atrás”, explicó a Sala de Redacción. “Durante la pandemia, dimensiones que tenían que ver con lo privado se vieron alteradas porque el trabajo irrumpe en tu casa y tu casa irrumpe en el trabajo”, ilustró. Por lo tanto, indicó que “es importantísimo delimitar mejor qué plataformas usamos, cuáles son las comunicaciones, qué tarea, en qué horario, en qué espacio. Ahí hay toda una cuestión para legislar”, señaló.
Prats se mostró preocupado ante la enorme cantidad de información privada y datos personales, incluida la propia imagen, que las personas comparten en redes sociales. “Las redes sociales son propiedad de empresas y estas son las que controlan”, advirtió, y señaló que las empresas “son las verdaderas propietarias”. Según continuó, “en Internet se pierde muchísima privacidad”, lo que no significa que desaparezca el derecho a tenerla. “Una cosa es la privacidad que se pierde por consentimiento propio y otra es el uso de datos personales que puedan hacer terceros sin consentimiento expreso”, explicó. Allí existe otra dimensión que no tiene que ver con los datos personales directos, sino con los que se pueden recabar a partir de lo que se hace a través de Internet. Según Balaguer, este tipo de datos “dicen mucho más de la persona y ahí falta legislar. Tiene que ver con cómo nos están perfilando sin que nosotros sepamos”.
“Si me preguntás si Internet es desestabilización o transparencia, yo te respondo C: todas las anteriores”, dijo el psicólogo. Balaguer explicó que las redes son “transparencia para lo que querés, pero también para lo que no querés”, y mucha transparencia pasa a ser “desnudez” y desestabiliza. Por su parte, Prats defendió que siempre debe prevalecer la más amplia transparencia, pero “los propios tratados de DDHH reconocen que es un territorio de conflicto”, porque la absoluta libre circulación de informaciones u opiniones también “puede estar afectando derechos o valores sociales jurídicamente protegidos, como es la seguridad, la moral pública o la salud”. Por lo tanto, planteó que se vuelve necesario reconocer determinados límites, que deben ser establecidos legalmente, autorizados por una autoridad legítima y con una razón de interés general de fondo que los justifique.
“Una ley que establece límites a la libertad de expresión no puede ser un cheque en blanco para autoridades del gobierno u operadores privados”, señaló Prats, e indicó que debe existir control ciudadano y jurisdiccional. El balance justo, según Jackson, va a depender de cada actividad, de hasta dónde la sociedad acepta que se regule -y si muestra interés en autorregularse-, y cuál es el límite admisible de intervención del Estado para que se garanticen estos derechos.
Es lo que hay
Existe un acceso desigual a Internet, tanto a sus ventajas como a la hora de “defenderse de lo malo”, señaló Prats. El documento Apuntes para el mapeo de Internet y los DDHH, elaborado en 2017 por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), menciona que “se hace necesario tomar decisiones en el marco de las políticas públicas del país como forma de mantener una coherencia y debido respeto por los derechos de la ciudadanía”. En esta misma línea, Prats habló sobre la necesidad de políticas públicas que permitan un mejor uso, capacitación y acceso a Internet por parte de toda la sociedad.
Sin embargo, advirtió que por el carácter mundial de Internet sería necesario la intervención de un organismo especializado supranacional, cuya concreción le parece difícil. “Las plataformas ya tienen organismos propios de autorregulación donde se manejan criterios legales y éticos”, señaló.
La experiencia más conocida y bien catalogada alrededor del mundo es la de Brasil, que “tiene un marco civil de Internet desde 2014, que establece líneas generales para la legislación en la materia y luego las leyes y decretos lo establecieron más específicamente”, ilustró Jackson. Según el abogado, esta regulación defiende los DDHH y señala a los responsables de las infracciones.
En 2015, en Uruguay se intentó con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), pero por decisión del gobierno de la época la norma “prefirió no meterse en la regulación de Internet”, dijo en 2018 el profesor de la Facultad de Información y Comunicación Gabriel Kaplún al diario El País. Además, insistió en que se debería avanzar en la materia, ya que a través de la LSCA los “medios tradicionales como la radio y la televisión son fuertemente controlados por el Estado, mientras los contenidos de plataformas como Internet no”.
Jackson señaló que los medios tradicionales cuentan con una “ultra regulación”, incluso antes de la LSCA, lo que no pasó nunca con Internet y, aunque las reglas no parecen las mismas, son plataformas que compiten entre sí. Sin embargo, dejó en claro que no está convencido de que la solución sea regular Internet con las mismas reglas de juego de los medios tradicionales. En suma, planteó que el problema en la regulación de estos temas es que “se pretende hacer legislaciones generalistas que van en contra del espíritu de Internet y su funcionamiento”. Según Jackson, “lo ideal sería que cada regulador en su ámbito de competencia ejerza, actualice y haga nuevas reglas”.
Poner límites
El acoso es uno de los delitos más recurrentes que se cometen a través de Internet, sobre todo el dirigido a mujeres y niños. Las estadísticas de ciberacoso son enormemente variadas, explicó Balaguer, y van de porcentajes muy bajos a cifras que parecieran disparatadas. No obstante, para el psicólogo, “tenemos que definir mucho mejor de qué estamos hablando cuando decimos acoso”. En ese sentido, explicó que el acoso no es algo totalmente extendido y que el porcentaje de jóvenes que reconoce haberlo sufrido es menor: “No es que todo el mundo haya sido acosado, lo cual no quiere decir que no sea terrible”. En la misma línea, Jackson se preguntó: “¿Que te digan algo por redes ya es acoso, o estamos hablando de una persecución en mayor profundidad?”. En 2015, el entonces senador clorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley para la creación de la figura penal de ciberacoso. Si bien en su momento fue archivado, su definición se incluye en la Ley de Violencia de Género y dicha figura está penalizada.
Pero hay que tener cuidado con la sobrerregulación; Jackson explicó la delgada línea entre querer sacar una reglamentación punitiva para Internet y caer en lo que se conoce como inflación penal. El derecho penal siempre debería ser la última herramienta, explicó, y planteó que “lo más groso que podemos hacer es recurrir al delito”. Además, llamó a tener cuidado cuando se pretende ampliar un delito, porque implica que cada vez haya más normas para las mismas conductas. “Al final te preguntás cuál aplicar, cuando el derecho penal debería ser bien clarito”, sentenció.
El anonimato que brinda la web es una herramienta muy potente para hacer el mal, porque “amparado en el anonimato uno se anima a hacer cosas que de otra forma no haría”, subrayó Balaguer. Sin embargo, planteó que, “salvo que seas un gran hacker, si vos te pasás realmente de mambo te van a encontrar y dar captura”. Sin embargo, para que la acción de un anónimo en redes sociales tenga alcance tiene que apelar a algo al menos creíble, que además sea validado y reproducido por terceros, explicó el psicólogo, quien agregó que es algo no tan sencillo de conseguir.
De todas formas, una cosa es castigar el anonimato y otra muy distinta es castigar lo que se hace bajo esa condición, distinguió Jackson. “El anonimato como tal está amparado en los estándares internacionales de libertad de expresión, la gente tiene derecho de expresarse anónimamente y es parte del juego democrático”, indicó. Que aún en el amparo de la libertad de expresión se vuelva necesario esconderse para hacer pública una opinión “no es un fallo de la propia libertad de expresión, sino de su no respeto por otras causas”, explicó Jackson, y ejemplificó con lo que ocurre durante una guerra o una dictadura. Además, señaló que Uruguay señaló que “es una aldea” en la que “nos conocemos todos” y, por lo tanto, “hay reprimendas o condenas sociales”.
Para Balaguer, la clave para resistir las amenazas que trae el ciberespacio es que los usuarios se vuelvan “buenos tomadores de decisiones” y no sean manejados por sus propias emociones ni vulnerabilidades. “A mayor vulnerabilidad, mayores decisiones riesgosas y más probabilidades de entrar en diferentes ámbitos problemáticos”, explicó el psicólogo.
Posverdad
La dinámica de Internet es que los usuarios tienden a consumir contenidos que coinciden con lo que ya piensan, señaló Balaguer. “Somos transmisores de verdaderas news, de fake news, y todo tipo de paparruchadas que anden por ahí”, dijo, y explicó que allí entran en juego dos factores: la edad y el nivel socioeducativo. En concreto, a mayor edad y a menor formación, las personas son más proclives a creer que todo lo que está escrito y se dice por redes sociales es cierto y “viralizan cosas que a veces no tienen ni pies ni cabeza”. Balaguer lamentó que hay pocas herramientas y poca construcción de la ciudadanía en el sentido de ir a las fuentes, buscar los lugares fiables y distinguir los sitios escuchables de los que no lo son.
“Nos estamos convirtiendo en censores”, dijo Jackson ante la sobreproducción de contenidos falsos. El abogado destacó el experimento que hizo Facebook, que con Oversight Board creó un consejo asesor de contenidos. El abogado valoró que con la actitud del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las últimas elecciones, al propietario de la plataforma, Mark Zuckerberg, “le pasó el agua” y tuvo que inventar algo. Generó un mecanismo que hoy se consolida en el Consejo de supervisión de Facebook, integrado por 20 expertos de todo el mundo para revisar algunas decisiones sobre el contenido de la plataforma, dar de baja o mantener en línea determinadas publicaciones, entre otras cosas. “Tiene un montón de críticas sobre su legitimidad, pero se buscó una solución, porque dejándolo solo en manos de Zuckerberg se iba a poner espeso”, opinó Jackson.
Lo interesante del experimento es que puede ser algo replicable; la propia carta fundacional del proyecto invita a que otras plataformas intenten modelos parecidos. Algunos países tomaron el camino de crear un comité de Internet, contó el abogado. “Acá tenemos el consejo honorario de la Agencia de Gobierno Electrónico y sociedad de la Información y el Conocimiento, muy pensando en términos de gobierno, de administración. Pero la idea es abrir un poco más a pensar en términos de lo social y la información en todo sentido, no solo en el Estado”, señaló.
Sin atropellar derechos
Prats está convencido de que la regulación existente bastaría para resolver los conflictos dentro de los espacios digitales, porque en materia de DDHH y libertad de expresión, “cuanto menos regulación haya, mejor”.
La libertad de expresión, según Balaguer, hoy “está encontrando una pared” desde que se perdió “ese cierto grado de impunidad que reinó durante un buen tiempo”. Hace algunos años esa impunidad era la esperanza de una sociedad donde la gente fuera más libre, explicó el psicólogo, pero después “eso se terminó vinculando mucho más con lo político, con lo real, y los algoritmos empiezan a complicarlo más porque generan las agrupaciones de gente y de ideas”. “Las propias plataformas están diciendo: despertamos al monstruo, ahora busquemos las herramientas para controlarlo antes de que nos engulla a todos”, ilustró Balaguer.
Por su parte, Prats reiteró que cualquier regulación en estos casos debe tener un cuidadoso tratamiento y lo ejemplificó con los alcances y limitaciones de la cibervigilancia, a la que encuadró en un escenario de “pretendida seguridad que está avanzando sobre otros derechos”. Prats se pregunta quién, dónde, cuándo y cómo se maneja la ciberseguridad.
El Guardián es un sistema de interceptación telefónica y de correo electrónico que compró Uruguay en 2015. “Se implementó, pero nunca quedaron claras cuáles eran sus capacidades”, opinó Jackson. Según los entrevistados, los avances de la tecnología llevaron a que en la práctica el sistema quedará obsoleto, porque no funcionaba tan bien con los nuevos entornos digitales. Luego de ese sistema no hubo novedades de que se haya adquirido nuevo software de vigilancia a nivel estatal.
“Hay otras maneras de controlar o invadir la comunicación”, señaló Prats, y agregó que la cuidadanía debería estar informada sobre qué mecanismos se utilizan. Al respecto, recordó que, cuando desde Cainfo solicitaron información al Ministerio del Interior sobre El Guardián, la Justicia terminó haciendo lugar a la postura del ministerio, que planteaba que la información no podía ser pública porque responde a intereses de seguridad nacional.
Jackson mencionó que aceptamos las cámaras de vigilancia, pero no está tan seguro si algún día se va a aceptar el reconocimiento facial. El abogado opinó que, en algunos casos, Uruguay tiene una tradición muy paternalista por la que se considera que lo que haga el Estado siempre está bien. No obstante, señaló que, aunque los Estados se armen cada vez más con más y mejor tecnología, ello ocurre al mismo tiempo en que “la gente le da todo a los privados y cuando viene el Estado no le quiere dar nada”.
Según declaró Jackson, la gente se siente indefensa en Internet por falta de instituciones o lugares en donde reclamar. “Solo con sacar una ley de protección de datos no hacemos nada, hay que fortalecer los mecanismos [de aplicación]” para que las normas tengan aplicación real, sentenció.
El debate en deuda
Sobre idea es tratar de acercar diferentes actores relacionados al desarrollo de Internet, Jackson opinó que Uruguay es un país complejo para instalar este tipo de debates, porque “acá tenes que hablar de política o de fútbol, es la única forma de que la gente te escuche”. Según agregó, por eso no se generan masas críticas sobre este tema y consideró que ponerlo en agenda “está bravo” porque no existe interés o respaldo político detrás. “Falta. La Udelar podría tener un papel más activo en esto”, consideró. Por su parte, lamentó que a esta discusión le hace falta difusión y tener más claro cuál es el marco en el país. “Pensar en clave digital, eso acá en Uruguay no pasa”, concluyó.
