Varios ingredientes se mezclan en la olla. Por un lado, una crisis sanitaria a nivel mundial, que en sus impactos económicos inmediatos hizo que 100.000 personas pasaran a estar bajo la línea de la pobreza en Uruguay, según midió este año el Instituto Nacional de Estadística (INE). A ello se le suman diferencias políticas, cambios en las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), idas y vueltas en la resolución de acuerdos sociales y una gran cantidad de ollas populares que dan alimentación a miles de uruguayos y son manejadas por diferentes organizaciones políticas y sociales.
Carros de caballos, camiones pequeños, algunos autos y una fila interminable de gente en la que predominan las mujeres. Se trata de referentes de las ollas populares que, como cada jueves o viernes, esperan en la puerta del depósito de Uruguay Adelante (UA), situado en la calle Francisco Echagoyen 5085, para obtener los alimentos que luego serán distribuidos a cada familia que lo necesite.
Entre quienes esperan está Carolina Bonti, quien tiene 41 años y es la referente de la olla popular La Esperanza del barrio Santa Catalina, más específicamente en la calle Las Violetas 2002, entre Tambor y Tambera. Bonti expresó que la olla funciona desde mayo de 2020, que la maneja junto a su hija y su yerno, y que cuando arrancaron con este desafío el apoyo era escaso. Recuerda que debían hacer tortas fritas y venta de ropa económica -que costaba entre diez y 50 pesos- y con ese dinero “se manejaban para hacer la olla”. La referente explicó que ese panorama cambió gracias a la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), a UA, al plan de Apoyo Básico a la Ciudadanía (ABC) de la Intendencia de Montevideo (IM) y a particulares que donan.
La olla La Esperanza atiende a 140 familias, que equivalen a 230 platos, y también brindan insumos para la merienda y el desayuno de 150 niños. Con lágrimas en sus ojos, Bonti manifestó que está orgullosa de hacer esta labor solidaria, que siente felicidad de darle un plato de comida a los vecinos y que “ver a la gente que viene, te dice gracias, te felicita y le da para adelante a esta olla es lo mejor que te puede pasar”. Además, contó que cuando faltan alimentos “una queda triste, aunque la gente te diga que no pasa nada si no alcanza la comida”.
Como su caso, hay cientos de Carolinas que brindan su tiempo y gran parte de su vida al servicio del barrio.
Condimentos
El Informe de Ollas y merenderos populares en Uruguay 2020, realizado por la Facultad de Ciencias Sociales junto a la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay (Fesur), identifica distintos campos de articulación en torno a las ollas populares. Uno de ellos es el campo popular, impulsado por el PIT-CNT y por las redes de ollas, lo que desembocó en la conformación de la CPS. Por otro lado, se ubica una raíz diferente, vinculada al voluntariado y a la responsabilidad social empresarial, que se encuentra de la mano de organizaciones como UA. El informe señala que no se trata de campos paralelos, ya que los tres sectores se interrelacionan, intercambian, atraviesan y comparten territorios.
El 15 de abril, el Mides anunció que UA se haría cargo de la compra, del suministro, la logística y de llevar el registro de los apoyos a las distintas ollas populares de Montevideo y el área metropolitana. Para esta función, el ministerio le transfirió 115 millones de pesos para que se encargue de abastecer a 300 ollas y merenderos hasta el 31 de julio. A su vez, el monto se divide en 50 millones de pesos para el interior del país y 65 millones para Montevideo y zonas aledañas.
Esta resolución del Mides trajo cola, ya que no se hizo mediante un llamado ni una licitación, sino que el dinero se le asignó directamente a UA tras un proyecto que presentaron y que estaba negociando con el ministerio desde hacía ocho meses.
Formas de gestionar
Ante la responsabilidad que se le otorgó, Jesús Graña, coordinador de UA, explicó que “la cuestión es clara, el único proyecto que se le presentó al Mides en este mundo de las ollas, en el que hay al menos dos o tres actores sociales, ha sido el nuestro”. Por su parte, agregó que “hay que entender que la única diferencia entre esta asociación civil y las otras es que UA le presentó al gobierno el reclamo, pero también le presentó un plan de acción”. Graña indicó que su organización es un canal de articulación para que privados y el Estado puedan tomar el tema de ollas populares para pensarlo en su totalidad y ejemplificó: “Para que no sea ir a una esquina en un barrio, descargar de un camión comida, decirle a los vecinos que cocinen e irnos”.
El coordinador aclaró que el primer plan de acción presentado en el Mides fue en julio del año pasado, el segundo en setiembre y el tercero y último, que fue aprobado por el ministerio, se presentó en diciembre y comenzó a aplicarse en abril. “Pensar que esto fue rápido, hecho por la puerta del fondo y un arreglo o acomodo como se cree, es en realidad una mentira, porque este es un proceso de al menos ocho meses”, consideró Graña.
Paola Beltrán, vocera de la CPS, que nuclea a 180 ollas y merenderos, manifestó que “nosotros nunca nos propusimos hacer un proyecto para presentar al Mides, porque no somos una organización no gubernamental (ONG) y, por lo tanto, no tenemos personería jurídica”. En el caso de UA, su cofundador, Santiago Pérez, comentó que su personería jurídica está en trámite “a punto de salir del horno en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC)”, y que quien firmó el acuerdo con el Mides fue Empatía Uruguay, más conocida como Canastas Uy, que trabaja en conjunto con UA.
La vocera de la CPS añadió que lo que llamó la atención desde un primer momento a la organización fue que el Mides decidiera darle esa cantidad de dinero a UA para que lo gestione. “Sabemos que es una ONG muy nueva y sorprende que se pudo hacer esa entrega tan grande de dinero sin llamados ni licitación, mediante designación directa”, fundamentó. Beltrán enfatizó que ello es posible gracias a una modificación que introdujo la Ley de Urgente Consideración (LUC) del gobierno que “levanta el tope de la cantidad de dinero que se puede hacer por contratación directa del Estado”. El numeral 30 del artículo 314 de la LUC establece una excepción específica para el Mides y habilita al organismo a comprar en forma directa cualquiera sea el monto.
Brenda Bogliaccini, representante de la Red de Ollas y Merenderos del Cerro por Autonomía Digna, manifestó que en la organización discrepan radicalmente “con la idea de que el Mides se lave las manos y derive todas sus responsabilidades”. Además, advirtió que “esto tiene que ver con la lógica de que hay bruta crisis sanitaria, social y humanitaria y se lavan las manos, se lo pasan a una organización que tiene una lógica empresarial y asistencialista”. Bogliaccini agregó que “como UA no tiene logística adecuada, al tercerizar con esta organización, tiran a nuestros hombros tener que ir a buscar todos los insumos y llevarlos a los puntos de acopio; ahí hay un mecanismo profundamente ineficaz, es una cuestión que no compartimos en absoluto”.
Asistencialismo y políticas públicas
Graña expresó que en esta primera instancia UA es “netamente asistencialista” y explicó que ello ocurre “porque entendemos que ahora hay un bosque que se prendió fuego y que está incendiando todos los alrededores”. “Quiero ver cómo hacer para que a futuro no se prendan otros fuegos, pero si en este momento no llevamos a un bombero y apagamos el incendio, se complica”, completó.
Por su parte, Bogliaccini expresó que desde la CPS tienen una visión muy crítica de las posiciones asistencialistas o de caridad, afirmó que el asistencialismo destruye, hace daño y que “es un horror que se los trate como ciudadanos de segunda, dependientes de la buena voluntad de los que supuestamente son mejores”. Según fundamentó, “son lógicas que no construyen organización ni autonomía y no afirman derechos”.
“El otro día me llamaron de la policlínica de Casabó para decirme que encontraron casos de niños que tenían mareos y al investigar se dieron cuenta de que eran causados por el hambre. Entonces, nos pidieron la lista de ollas para poder asistirlos”, contó Bogliaccini, y agregó: “Dar la lista de ollas como respuesta a los problemas de salud de la gente no es una solución, como sí lo sería una renta transitoria de emergencia para paliar esta situación”. La militante social consideró que también es importante generar lugares de trabajo para que la gente genere sus propios ingresos y que para debe haber “respuestas mucho más fuertes e integrales”.
El coordinador de UA indicó que “hay una necesidad de plantear reclamos al gobierno por parte de algunos actores políticos, que me parecen totalmente válidos, pero por transitiva le pegan a UA”. Al respecto, Graña aclaró que la asociación es una de las herramientas que encontró el gobierno para tratar este tema y aclaró que “hay que entender que las ONG estamos para colaborar con la sociedad y que no necesariamente hay un rédito político partidario detrás”. Además, explicó que las diferencias que tienen con la CPS se dan “porque todo ha pasado a partidizarse y politizarse”, y dijo que cuando se habló de UA se intentó vincularlo al partido de gobierno. “La verdad es que yo estoy muy ajeno a ser de la coalición [multicolor], yo estoy en contra de la LUC y no voté a este gobierno”, puntualizó Graña.
“Desde UA planeamos ver cómo nos enfocamos en lo que pasa actualmente en materia de alimentación, ya que entendemos que el problema es más complejo que solamente la olla popular, seríamos unos negligentes sociales si no entendiéramos que pasan un montón más de cosas”, señaló Graña.
Bogliaccini diferenció a las ollas populares, que nacen como una forma colectiva de la solidaridad, de la decisión del Mides de que la política social sea con ollas populares. “Incluso, para nosotros no tiene que haber ollas populares, la gente tiene el derecho a alimentarse como y cuando quiera”, manifestó. Blogliaccini opinó que las organizaciones civiles privadas de beneficencia suelen poner en el centro a los insumos y si los consiguen “se sienten súper eficaces y son los cracks, son el centro de la política de solidaridad”. “¡No! El centro de la política de solidaridad es la gente que busca los alimentos, los trae a la olla, cocina, prepara, genera el espacio para que venga la gente una a una y limpia”, refutó.
Hagamos un trato
Más allá de las diferencias entre ambos actores, hubo reuniones para acordar criterios, tanto mediante un convenio del Mides con la CPS, como de la coordinadora con UA, además de otros que están en camino. El 3 de marzo, UA firmó un acuerdo con la CPS, que expresa “la necesidad de coordinar acciones entre todos los actores que funcionan como apoyo a estas iniciativas en la medida que se mantengan activas, con el fin de evitar la repetición de apoyos en los mismos productos”. Además, acordaron “establecer un vínculo de trabajo que permita desarrollar acciones conjuntas a mediano-largo plazo”.
Actualmente, UA trabaja para firmar un nuevo acuerdo con la CPS para proveer la cantidad de insumos que la coordinadora reclama. Según contó Pérez, “estamos esperando desde hace un buen tiempo que la firma se concrete y estas demoras se deben a diferentes modificaciones [en el documento] que deben ratificarse”. En cambio, Graña sostuvo que “la firma del documento está siendo dilatada por otros asuntos políticos” y acotó que existen diferencias según el organismo público del que se trate: “Si la CPS dice que no le convence la forma en la que reparte la comida el Mides, pero sí aprueba cómo la reparte la IM, por más de que no queramos hablar de política partidaria, por transitiva, no te gusta la distribución de alimentos del oficialismo, pero sí la de la IM”.
Por otra parte, el coordinador aclaró que se quiere firmar un convenio con la Intendencia de Canelones para proveer comida a gran escala en tres o cuatro puntos del departamento. Al respecto, Graña aclaró que “esto sería un acuerdo que firmaría UA con una intendencia de izquierda”. “También estoy en contacto con la IM por el plan ABC, para que nos ayude a ser un articulador de la distribución de la comida”, agregó.
Beltrán explicó que dentro de lo acordado con el Mides, “UA va a proveer a la CPS de determinada cantidad de insumos que son necesarios para las ollas y la CPS le entrega los remitos al Mides, como fue acordado. Luego el Mides verá si se los entrega a UA o no”.
Cuentas claras conservan la amistad
Por otro lado, Pérez confirmó que a fines de mayo UA presentó al Mides toda la documentación junto con un informe de lo actuado, ya que que se realizará una auditoría. Luego de ser corroborados, estos documentos se entregarán al Ministerio de Economía y Finanzas. “Nosotros somos transparentes y no tenemos ningún drama con que nos auditen, pero, ¿por qué la sociedad civil no le pide a la CPS que sea clara en sus números y muestre su contabilidad? Ellos también manejan dinero”, reclamó Graña.
El coordinador puntualizó que “sería interesante que los actores que forman parte de la distribución de comida de las ollas populares nos sentemos en una mesa a conversar de cómo mejorar el tema” y “asumir que tenemos esta realidad, que no la podemos cambiar en este momento, centrarnos en ayudar y no perdernos en otro tipo de discusiones”.
Bogliaccini aclaró que “para nosotros el problema no es UA, es la política pública. El Estado debe jugar su rol, está ausente y abandona, le traslada las responsabilidades a UA y ellos las agarran porque tienen su propio proyecto”. “Yo creo que lo que está pasando acá con las ollas es que no nos hemos dado cuenta de que estamos en el mismo barco, y que, en la medida en que podamos llegar a puntos de encuentro, va a ser mucho más fácil”, reflexionó Graña.
Poco claro
Después de la polémica sobre la forma de contratación, UA volvió a estar en el ojo de la tormenta. Pese a que la asociación afirma que se sostiene a partir del trabajo de voluntarios, el 4 de junio el semanario Brecha informó que UA cuenta con más de 20 trabajadores remunerados que trabajan en la informalidad, y que recientemente algunos fueron despedidos sin motivo alguno. Los empleados son en su mayoría mensuales, pero también cuenta con jornaleros.
