Desde 1993 y por iniciativa de Naciones Unidas (ONU), cada 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, un derecho humano definido por la Unesco como un elemento clave para la democracia, el desarrollo y la promoción de los demás derechos humanos.
Según el artículo 19° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la que Uruguay adhiere, “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión” incluyendo además el derecho a no ser molestado a causa de opiniones, de investigar, recibir información y difundirla. Sin embargo, y aunque nuestro país ocupa una posición de privilegio dentro de la región según el informe anual sobre Libertad de Prensa que elabora la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) entiende que hay una mayor hostilidad contra los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, que va creciendo junto con la polarización política. Por su parte, Fabián Werner, presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) señaló a Sala de Redacción que han ocurrido “amenazas de muerte a periodistas, agresiones verbales o en redes sociales, en ámbitos donde antes no había hostigamiento por hacer su trabajo”.
La pandemia, la desinformación y el deterioro de la situación económica y social impactaron también en la labor periodística. Según dijo a Sala de Redacción Fabián Cardozo, presidente de la APU, en Uruguay se registró la afectación de al menos 500 fuentes laborales en medios de comunicación, producto de diferentes cambios que atravesaron algunos medios privados como El Observador y también debido a “decenas de contratos” que no fueron renovados el año pasado en las radios públicas, después de un cambio de partido en el gobierno. A su vez, se dieron “cuestionamientos, agresiones, amenazas y mensajes dirigidos a las empresas para que el trabajador pierda su trabajo”, algo que preocupa a la organización.
Denuncia
En las últimas horas, Gustavo Gómez, director de Observacom, una organización especializada en libertad de expresión, denunció que el jefe de informativos del canal uruguayo que cuenta con el noticiero de mayor rating fue despedido por presiones ejercidas desde el gobierno. Se refiere al caso de Eduardo Preve, ex coordinador de informativos de Canal 10, cuyo despido había trascendido días antes en redes sociales.
¿Vale todo?
Asimismo, Cardozo entiende que actualmente el país vive un “momento de polarización muy alto” y resaltó que algunos protagonistas del sistema político han elegido diversos frentes de batalla. “No solamente los periodistas se vieron afectados, también los médicos u otras profesiones”, destacó. A su vez, señaló que aunque “no es malo que se debata sobre el trabajo de prensa”, la discusión debe darse “en un marco de respeto mutuo”.
Un ejemplo claro de esta situación es el de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien en reiteradas ocasiones ha utilizado la plataforma Twitter para cuestionar a periodistas y comunicadores. Ya a comienzos de año, la legisladora tuvo diversos cruces con periodistas de diferentes medios: cuestionó a Juan Miguel Carzolio de Radio Sarandí por hablar sobre las vacunas contra la covid-19, calificó algunos tuits del periodista de El Observador y Canal 4 Leonardo Pereyra como “indignantes” y agregó no tenerle miedo “a quienes se creen con superioridad moral”. Otro ejemplo fue cuando acusó a la periodista Paula Barquet de El País de tener “actitud de superioridad moral e intelectual” y señaló a un programa de Radio Canelones como “decadente ‘comité de base’”. Luego de los altercados, dijo que dejaría de responder a la prensa por teléfono tras una publicación de El País con la que Bianchi se manifestó en desacuerdo.
A comienzos de abril, Bianchi compartió que la periodista de El País y TV Ciudad Ana Laura Pérez “opera permanentemente desde su cargo contra el gobierno”. Luego, tras una nota redactada por Darío Klein, corresponsal uruguayo de CNN, la senadora dijo que “llegará el tiempo de rendir cuentas” y que se trató de una “traición a la Patria”. Además, lo acusó de publicar información falsa, pero sin especificar en qué fuente de información alternativa se basaba para denunciarlo. Más recientemente, este domingo la senadora cuestionó la tapa de la edición dominical del medio estadounidense The New York Times, donde se marcó a Uruguay como el país con la tasa de contagio más alta por millón de habitantes de los últimos días.
Según Werner, la creciente tensión y amenazas a periodistas es preocupante y “en muchos países donde hay episodios de violencia física contra ellos, se empezó por redes sociales”. El periodista al frente de Cainfo también señaló que “hay que alertar lo que está sucediendo y empezar a generar conciencia de que eso puede llegar a ser el inicio de cosas más complicadas”.
Información pública: no siempre un bien común
El tema del Día Mundial de la Libertad de Prensa elegido este año por la ONU es “la información como un bien común” y busca marcar la necesidad de debatir sobre transparencia y el acceso a la información. Sobre este aspecto, Werner señaló que aunque Uruguay fue pionero en América Latina al aprobar una Ley de Acceso a la Información Pública, actualmente “se están rechazando pedidos de acceso por razones que muchas veces no son válidas”. Por ejemplo, Werner mencionó la declaración de confidencialidad de algunos contratos que el Estado firmó con empresas privadas, cuando “hay un decreto que establece claramente que esos contratos deben tener una versión pública”.
Por otro lado, el 7 de enero Cainfo denunció en su sitio web “falta de transparencia” por parte de las autoridades sobre el Fondo Coronavirus, mientras que en diciembre del año pasado La Diaria informó que el gobierno se negó parcialmente a responder a un pedido de acceso a la información pública para conocer quiénes donaron dinero en las cuentas de dicho fondo en el Banco República, amparándose en la Ley de Protección de Datos Personales. Consultado sobre este último episodio y sobre la redacción de la ley N° 19874, que creó ese fondo, Werner entendió que puede ser un ejemplo de “abuso de las disposiciones que permiten al Estado o a los organismos estatales declarar reserva sobre determinado tipo de informaciones”. En suma, dijo que la interpretación que se está haciendo en el caso del Fondo Coronavirus no tiene ninguna base en la legislación que Uruguay se comprometió a cumplir cuando adhirió a determinados compromisos internacionales e insistió en que “hay una falta de transparencia en el manejo de alguna información en poder del Estado”.
Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras, Uruguay ocupa la posición 18 dentro de una lista de 180 países, detrás de algunos países europeos, Jamaica y Costa Rica. Asimismo, el año pasado fueron asesinados 54 periodistas y colaboradores en todo el mundo, 15 de ellos en América Latina. Por su parte, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló dos ataques en su último informe sobre Libertad de Expresión.
