“¿Les suena Onlyfans?”, preguntó la diputada Micaela Melgar en una historia de Instagram, y las respuestas no tardaron en llegar. Desde varios “sí” y algún que otro “no”, hasta “mercantilización de los cuerpos” y “trabajo autogestivo”, el debate comenzó a encenderse. Así, entre reacciones y comentarios sutiles pero significativos, la frenteamplista dejó entrever el proyecto en el que empezó a trabajar junto con la también legisladora Martina Casás.
Según relataron las diputadas a Sala de Redacción, la investigación comenzó a raíz de la denuncia de una adolescente a la que le robaron fotos publicadas en su cuenta de Instagram para utilizarlas en un perfil que vendía contenido en la plataforma. Luego de escuchar sobre el caso, elevaron un pedido de informes al Ministerio del Interior con el objetivo de conocer la situación de abuso de menores en entornos digitales y averiguar si existían investigaciones del Estado hacia Onlyfans. Aunque este aún no ha sido respondido, las legisladoras accedieron a otro documento que “explicita” que entre 2016 y 2019 “hubo una serie de denuncias al respecto de delitos contra niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales”. En su Twitter, Melgar agregó que fueron 454 las denuncias registradas durante ese período, todas vinculadas a “delitos de índole sexual”. Para la diputada, resulta “obvio que hay que empezar a legislar sobre esto”. No sólo porque Uruguay “es un gran consumidor de pornografía infantil”, donde la explotación sexual es “una realidad cotidiana”, sino también por los antecedentes que presenta el sitio web a nivel internacional.
La plataforma
Onlyfans es una red social que se diferencia de las demás porque permite a sus usuarios monetizar su contenido. Tal como en Instagram, las personas pueden compartir fotos y videos, pero aquí quienes deseen acceder a ellas deben pagar. La razón por la que la aplicación se ha vuelto popular para la difusión de pornografía reside en que no se aplica ningún tipo de censura sobre lo publicado.
Para registrarse es necesario adjuntar una foto personal, una de la cédula y otra de un documento que confirme la información (el pasaporte o la libreta de conducir sirven). Aunque el procedimiento aparenta ser riguroso, la realidad evidencia que es sencillo engañar al servidor, como puede observarse en el documental “Nudes4Sale”, al que las diputadas tomaron como referencia. El nombre del reportaje de la BBC, que significa algo así como “fotos de desnudos a la venta”, surge de un hashtag difundido en Twitter para promocionar perfiles de Onlyfans. Según se indica, cada tres personas que lo utilizan, una es menor de edad.
Otra red social en la que pueden encontrarse hashtags que refieren a la plataforma es Tik Tok. La aplicación, que el año pasado fue demandada por vender datos de menores de 13 años, es de las más populares entre niños, niñas y adolescentes. Dado que de los 800 millones de personas registradas, un gran porcentaje no alcanza la mayoría de edad (el 41% tiene entre 16 y 24 años), la aplicación se ha visto obligada a prohibir la etiqueta “onlyfans” y anular la posibilidad de publicar links que redireccionen a los usuarios a cuentas de este sitio. Además, son varias las denuncias por casos de pedofilia, como el de una niña colombiana de 9 años a la que una cuenta -que fingía ser de una actriz de Disney- invitó a participar de un concurso que implicaba grabar fotos y videos pornográficos.
Como primer paso, las frenteamplistas quieren generar “políticas activas” de búsqueda de perfiles de personas menores de edad ya que, según planteó Melgar, es importante que esto no quede “sólo en manos de las empresas o de la sociedad civil”. Para eso, pensaron en un mecanismo implementado en otros países, en el que un software analiza las fotos de cada usuario y estima sus edades “con un margen de error muy bajo”. Por su parte, Casás agregó que en comparación con otros países de la región, Uruguay “tiene las condiciones” para promover la regulación. “Tenemos un Data Center tremendo, fibra óptica y acceso a TICS (Tecnologías de Información y Comunicación) en muchas formas”, argumentó.
Mariana Fossatti, socióloga e integrante de Datysoc (equipo que se dedica a la investigación de “los derechos humanos en la era digital” en Uruguay), dijo a Sala de Redacción que este es un problema que abarca a todas las redes sociales y aunque hay diferentes formas de encararlo, intentar “hacer una detección automática de contenidos infractores es la peor aproximación”. Según Fossatti, estos métodos de control “generalmente no son efectivos” y tampoco aseguran herramientas adecuadas de protección. Aunque la socióloga calificó como “casi titánica” a la búsqueda de emprender acciones legales sobre las empresas, afirmó que igual se debe apuntar a ellas. “Tienen que ser mucho más responsables” y poner a disposición call centers activos a nivel nacional para poder dirigirse “a una persona y no a una máquina”.
Melgar sostuvo que “hay que empezar a tener políticas de cooperación entre países”, porque se trata de un problema “esencialmente global”. A pesar de la dificultad que “implica regular el mercado” y las “discusiones ideológicas dentro del Palacio” que esto puede desatar, para Melgar no actuar no es una opción. “No podemos caer en la inacción porque no hay antecedentes o porque no sabemos dónde pisar”, acotó Casás.
Además de generar estrategias tecnológicas que actúen antes de que sea necesario denunciar, Casás y Melgar resaltaron la importancia de pensar en medidas de prevención: desde avisos legales que recuerden a los usuarios la normativa vigente en Uruguay respecto a la pornografía infantil y a la explotación de menores, hasta la posibilidad de sumar a la currícula escolar información sobre los derechos digitales.
Derecho digital
Hablar de derechos digitales en Uruguay es complejo porque, tal como lo sostuvo Melgar, Uruguay “casi no tiene regulación digital”. Para Fossatti, la ley 17.814 debería poder cubrir este tipo de casos, aunque habría que hacer políticas para que “se aplique y se use mejor”. “Hace falta más asesoramiento, más información en torno a las herramientas y a los cuidados digitales”, añadió. La socióloga consideró que es pertinente analizar los desafíos particulares que se presentan en la aplicación concreta de las leyes y “promover usos seguros y positivos de Internet”, sin “demonizar” a ninguna plataforma.
Por su parte, Casás resaltó que hay que poner el tema en agenda porque los derechos de todas las personas “se están trasladando” al entorno digital. “Por ahora tenemos un montón de legislación para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la vida cotidiana, tenemos que lograr que se trasladen al entorno digital ”, señaló. Para la legisladora, aunque “parece medio distópico decirlo así”, es fundamental abarcar esta problemática porque se trata del “nuevo ambiente en donde se está desarrollando la vida”.
La otra cara
Aunque lo que mueve a las legisladoras es la preocupación por los peligros para los niños, niñas y adolescentes, tanto ellas como Fossatti mencionaron que Onlyfans también cuenta con un carácter “positivo”. Según expresó la socióloga, aunque no le “termina de cerrar” la idea de que esto “empodera”, entiende que el sitio permite cierta independencia a quienes participan de la industria pornográfica. En cuanto a Melgar, consideró que quienes ejercen el trabajo sexual “lo encuentran positivo” porque pueden trabajar de otra manera con los clientes y “mejorar su entorno si así lo quieren”. Sin embargo, la diputada destacó que los casos de éxito “son muy poquitos” y por lo general corresponden a personas que ya eran populares en otras redes. “Si una chiquilina trata de vivir de eso desde cero, seguramente lo que tenga que dar para satisfacer la demanda sea muy alto y cada vez peor”, afirmó.
Finalmente, Melgar manifestó que a pesar de que están “tanteando a oscuras” porque todo es muy reciente, su voluntad y la de Casás es adelantarse al problema. Aunque es difícil porque “la sociedad no lo quiere ver”, Casás sostuvo que es momento de “poner el tema sobre la mesa”. “Veremos a qué llegamos, estamos en el paso cero”, concluyó Melgar.
