Desde que el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, solicitó los datos de la ubicación de los cultivos legales de cannabis para “controlar la correcta aplicación de la ley”, varios actores se han manifestado tanto a favor como en contra del pedido.
La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales de Agesic fue quien autorizó el acceso al Ministerio del Interior (MI), según publicó La Diaria; no obstante, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, aseguró a Sala de Redacción que todavía no poseen estos datos. González explicó que se quiere acceder a ellos para prevenir delitos hacia los clubes y comparó esta situación con otras actividades: “la Policía sabe dónde hay un comercio, una carnicería, una florería, un supermercado y lo que hace es la prevención de delitos hacia ese lugar en donde hay dinero”. Además, afirmó que fueron 12 los robos a clubes en lo que va del año, según la información que maneja. Aseguró que no estarían violando la ley: “queremos acceder para cuidarlos”, dijo. En relación al rol del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), González dijo que es cierto que realizan controles, pero aclaró que el rol que tiene el MI es otro.
Otro argumento dado por González se relaciona con la represión al narcotráfico: en varias oportunidades, según sostuvo, han encontrado cantidades de marihuana de muy buena calidad en circulación que podría provenir de clubes cannábicos. Aseguró que si los autocultivadores y los clubes tienen los papeles en orden, “como seguramente tengan en su gran mayoría, no va a pasar absolutamente nada, pero si hay un hecho de narcotráfico de marihuana, hay que saber de dónde viene”.
Sin embargo, la presidenta de la (FECCU), María Miles, y su vicepresidente, Guillermo Raffo; el expresidente del IRCCA, Diego Olivera; el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío; y el periodista especializado en drogas, Guillermo Garat, tomaron una postura diferente a la del MI, fundada en lo establecido por la ley 19.172 de Regulación del Cannabis y, más específicamente, en su artículo 8, que refiere a la sensibilidad de estos datos: “La información relativa a la identidad de los titulares de los actos de registro tendrá carácter de dato sensible”.
En este sentido, Raffo comentó a SdR que los clubes no se oponen a la idea de que la Policía comience a investigar una vez que se denuncia, pero considera que el argumento que plantean para justificar el acceso a los datos no tiene fuerza, y Miles aseguró a La Diaria que esos son datos gestionados por el IRCCA. “Nos parece una irresponsabilidad y una falta de confianza que el MI pase por encima de algo que está en la ley”, concluyó. Olivera afirmó en el mismo medio que cualquier dato como nombre, cédula, teléfono o dirección es información que el IRCCA “sólo puede otorgarle a otra institución bajo orden del juez”.
El secretario general de la JND aclaró a SdR que en principio prefiere no brindar esos datos, y agregó: “no importa lo que yo piense al respecto, sino cuál es mi deber, que es cumplir con la ley”. Si bien no atribuyó malas intenciones al MI, reafirmó que la norma “determina ciertos andariveles” por los que deben concurrir. Radío contó que si bien hicieron una consulta a la Unidad Reguladora y Control de Datos, aún no han obtenido respuesta, e interpretó que quien debe fiscalizar a los clubes es el IRCCA y no el MI.
Foto: Pablo Porciúncula / AFP
Sin embargo, Radío consideró necesaria la posibilidad de modificar en “cantidad y calidad” los controles del IRCCA,: para ello, planteó la necesidad de disponer de algún equipo más de inspección en fiscalización y, seguramente, ayudarse con tecnología “para que el IRCCA sea quien siga controlando esa tarea”. En relación a esto, Garat asumió que un fortalecimiento de la institución es necesario, pero que lo que más hace falta es la “voluntad política” que “no está teniendo este gobierno ni tampoco la tuvieron los anteriores para potenciar el sistema”, según dijo a Sala de Redacción.
Además, la presidenta de la FECCU manifestó que el MI debería aportar recursos para disminuir el mercado ilegal de cannabis proveniente de cultivos clandestinos y no de los que están registrados ante el Estado y cumplen con todos los requerimientos legales. En la misma línea, Garat aseguró que el problema del tráfico de drogas va por otro lado y afirmó que quienes gestionan estos tráficos son “una parte sustancial de las fuerzas públicas de seguridad corrompidas”. Y agregó que “lo que está haciendo el ministro Jorge Larrañaga es hackear la legalidad, la libertad y las posibilidades de desarrollo de las personas más jóvenes del país, que son las que tienden a utilizar más frecuentemente drogas”.
Los clubes de membresía se constituyen bajo la forma de asociaciones civiles, debiendo tramitar la aprobación de su estatuto y el reconocimiento de su personería jurídica en la Dirección General de Registros del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Su objetivo es la producción de cannabis psicoactivo destinado al uso de sus miembros, que pueden ser entre 15 y 45, y están habilitados a realizar actividades de divulgación de información y educación en el consumo del cannabis sólo destinadas a sus socios. La producción y el abastecimiento del club no debe superar, por socio, los 40 gramos mensuales y 480 gramos anuales.
Dos clubes en proceso
“Vikings” será un club cannábico ubicado en la ciudad de Libertad, departamento de San José. Según contó uno de sus propietarios a SdR, aún no han podido abrir ya que están en la “dulce espera de la burocracia uruguaya”. Comenzaron los trámites en agosto de 2020 y hace cuatro meses aproximadamente que esperan que le otorguen el segundo permiso de habilitación. La idea, más allá de la venta de marihuana, es que funcione como club social, donde las personas pueden compartir las afinidades y disfrutar cómodamente.
En cuanto a la solicitud del Ministerio del Interior, se manifestó en contra. Afirmó que si quisieran favorecer a los clubes, primero les tendrían que haber consultado a ellos si querían que el MI los ayudara y/o protegiera. “Es sacarle mérito a un instituto que está para eso, para controlar”, afirmó refiriéndose al IRCCA.
Uno de los fundadores de otro club cannábico, en este caso ubicado en Montevideo, contó que también están finalizando el proceso para su habilitación: “Sólo falta la firma final de la directiva del IRCCA, que por la situación sanitaria, reuniones y demás, se va atrasando bastante”. Son tres los inversores en la creación del proyecto, pero 15 los socios en total. Uno de los grandes motivos por los que lo impulsaron es que lo ven como “un potencial para crecer dentro del rubro del cannabis” gracias a la legalidad existente en Uruguay.
Para el fundador de este club la idea es combatir al narcotráfico desde la venta legal de cannabis, y la principal contra, la cantidad de robos. En referencia al pedido de datos del MI, alegó que ya hay un ente regulador y que en caso de ser necesaria la intervención de la Policía, debería pedirse expresamente, pero no para evitar lo que no ha sucedido. “A veces es peor el remedio que la enfermedad”, concluyó.
Foto: Nicolás García / AFP
Acceso o narcotráfico
El último informe realizado por el Observatorio Uruguayo de Drogas (OUD) y el IRCCA, publicado el 31 de mayo de 2020, refleja la evolución de las tres vías de acceso vinculadas a la producción, distribución y acceso al cannabis de uso no médico y arroja que son 238 mil los consumidores de marihuana mayores de 17 años, aunque solo el 23% está registrado.
Raffo sostuvo que los clubes funcionan bien y son una solución al problema del suministro: “No hay soluciones desde el Estado para facilitar el acceso”, consideró en relación a que las farmacias no poseen la cantidad necesaria para abastecer a toda la gente que está registrada. También se refirió a las demoras administrativas para habilitar un club, que lleva entre seis y ocho meses, de manera que obligan a las personas a estar, mientras tanto, en un “sector gris”.
Garat dijo a SdR que el Estado no obliga a las empresas a cosechar las dos toneladas anuales por cada una que tienen estipuladas por contrato, y no está evaluando su método de producción. Por otra parte, Radío planteó que hay que tratar de garantizar que la gente se vuelque al mercado regulado, que es donde “sabe qué es lo que consume y no tienen que vincularse con organizaciones criminales”. Radío cree necesario, además, seguir estudiando otras posibilidades, como la de pensar otros puntos de venta u otras maneras de acceder legalmente.
¿Trabajo en conjunto?
González cree que es posible y le parece “lógico, natural, normal y sano” que el MI y la FECCU trabajen en conjunto. En cambio, Raffo piensa que si trabajar en conjunto es saber las direcciones de los clubes y cultivadores, no están en sintonía. Desde la Federación se sostiene que ministerios y la FECCU tienen participación en el consejo honorario, organismo constituyente del IRCCA, y podría darse en ese ámbito “un marco de trabajo”. Según contó Raffo, cuando se reunieron con González, fueron con varios planteos y la respuesta del jerarca fue que solamente le concernía “el tema de saber los datos”.
Raffo planteó que existe un desconocimiento sobre el tema de parte de González y del MI, ya que no conocían cuántos socios tiene un club cannábico. Además, cuestionó el accionar del gobierno: “vemos que cuando es para favorecer la actividad no tienen tanto ímpetu, pero cuando es para tener un control o algo, sí”.
Garat consideró que se va a abordar el tema desde un “sesgo ideológico muy perverso y muy egoísta”, negando los derechos que la Constitución y las leyes reconocen. Aseguró que Larrañaga está haciendo una “operación publicitaria para mostrarse poderoso y en control”, y cree que es posible que la sospecha que el ministro “siembra” sobre los usuarios registrados repercuta en el imaginario de mucha gente.
La situación aún no está definida. González afirmó que espera que “por el bien de todos, empezando por el bien de los clubes cannábicos y los autocultivadores”, se logre acceder a los datos solicitados. En cambio, Raffo cree que llegado el caso se puede iniciar una demanda: “Estamos totalmente convencidos de frenar esto porque atenta contra una política pública que viene creciendo”.
