El 5 de abril entró en vigencia una nueva ordenanza que actualiza los procedimientos para tratar los casos de violencia, acoso y discriminación que enfrentan los integrantes de la Universidad de la República (Udelar). La norma fue elaborada por una comisión ad hoc a partir de una iniciativa del Consejo Directivo Central (CDC) en 2019 y aprobada el año pasado. La disposición constituye un hito para la Udelar y establece mecanismos tanto para el estudiantado como para el personal que trabaja en la institución.
El prorrector de Gestión Administrativa de la Udelar, Luis Leopold, expresó a Sala de Redacción que la entrada en vigencia de esta nueva ordenanza significa mucho para la institución, ya que “continúa un trabajo que realiza desde hace muchos años, con un impulso inicial muy importante para sostener la atención de las situaciones de acoso, violencia e intimidación”. El prorrector resaltó que desde fines de 2018 la Udelar tomó la decisión de “embarcarse en una nueva etapa” con el fin de reforzar el abordaje técnico del tema y poder brindar “las mejores garantías para todos los participantes ante estas situaciones”. “Es un tema que, fruto del trabajo de mucha gente, está plenamente instalado en la mayoría de los servicios universitarios”, recalcó Leopold.
Se prevé la aplicación de la ordenanza en situaciones de violencia, acoso y discriminación “que tengan lugar en las sedes universitarias durante el transcurso de actividades de trabajo, estudio, gestión y cogobierno”, así como también todas aquellas actividades relacionadas y en consecuencia de ellas. También se encuentran comprendidas las situaciones que ocurran fuera de locales universitarios, siempre y cuando tengan un vínculo y estén bajo control de la institución. Según la ordenanza, esto incluye circunstancias que se produzcan durante “desplazamientos o viajes en los que el transporte sea realizado directamente por la Udelar” y cualquier situación que esté bajo la jurisdicción de la Universidad. Asimismo, en la ordenanza quedan también comprendidas aquellas ocasiones que puedan surgir mediante tecnologías de la información y comunicación, un detalle significativo en que la institución funciona casi totalmente en forma virtual.
Estructuras
La ordenanza crea una Comisión Central, que tiene como principal cometido asesorar al CDC y a los órganos universitarios cada vez que estos lo soliciten. La comisión es presidida por el prorrectorado de Gestión de la Udelar, que es el encargado de ejecutar las políticas de actuación correspondientes a estas temáticas. Además, por un período de dos años la integran un delegado de cada área de conocimiento, uno de cada orden (docente, estudiantil y egresado) y dos delegados de los funcionarios no docentes.
Por su parte, la Unidad Central sobre acoso, violencia y discriminación estará integrada por un equipo multidisclipinario que contará con independencia técnica y que será designado por el CDC. Este equipo, que depende del prorrectorado de Gestión, será el encargado de aplicar los protocolos correspondientes ante los casos de violencia, acoso y discriminación en la comunidad universitaria, además de dar atención a consultas y recibir, tramitar y hacer seguimiento de denuncias. A su vez, la ordenanza habilita a que cada servicio universitario pueda crear sus propias comisiones de asesoramiento, que contarán con estructuras y cometidos similares a los espacios centrales y deberán coordinar con ellos las tareas de prevención y actuación en la materia.
Al mismo tiempo, la ordenanza obliga a aquellos servicios universitarios que no cuenten con un equipo técnico a designar a una persona que actúe como referente en esta temática, que puede ser designada mediante los mecanismos de asignación de funciones docentes y sus cometidos serán los mismos que los de las comisiones de asesoramiento. En diálogo con Sala de Redacción, Silvia Franco, coordinadora de la Unidad Central de Violencia, Acoso y Discriminación, expresó que “la idea es que todos los servicios vayan generando espacios, ya sea con un referente, una comisión, o un equipo técnico” para poder garantizar de esa forma que “quienes quieren denunciar lo hagan donde se sientan más cómodos, porque también la situación es delicada y es importante que la persona denunciante se sienta con tranquilidad, con confianza y segura de poder hacerlo”.
CIFRAS
Según los datos que hoy maneja la Unidad Central, las denuncias realizadas en 2019 fueron 51, mientras que en 2020 bajaron a 32, a pesar de las masivas denuncias realizadas mediante redes sociales por integrantes de varios servicios de la Udelar, a través de hastags como #MeLoDijeronEnLaFmed y otros similares. Consultada sobre por qué pese a ello las denuncias disminuyeron notoriamente en 2020, Franco sostuvo que probablemente se deba a que “falta difundir para que toda la comunidad sepa que existe este espacio y que pueden hacer las denuncias”.
Un nuevo procedimiento
Antes de la entrada en vigencia de esta ordenanza, la unidad que operaba no tenía establecido un plazo para concluir su actuación. Sin embargo, esta situación cambió y se fijaron plazos que varían en función del tipo de denuncia de la que se trate. De esa forma, se busca cumplir con el principio de celeridad, presente en la nueva ordenanza, que implica tomar recaudos para que los procedimientos se definan lo más pronto posible.
Según el nuevo procedimiento de actuación, “tanto la persona denunciada como la persona denunciante podrán contar con asistencia letrada y con la presencia de un representante gremial” y, al mismo tiempo, “la persona denunciante podrá además ser acompañada por una persona de su confianza”.
La ordenanza indica que una vez finalizado el procedimiento de actuación, la Unidad Central o Equipo Técnico deberá preparar un informe en el que se expresen conclusiones y se formulen recomendaciones en torno al caso concreto. Si en base a las conclusiones se presume la comisión de faltas administrativas, cualquiera de los dos organismos debe recomendar el inicio de un procedimiento disciplinario. A su vez, pueden sugerir a la autoridad competente del servicio al que corresponda la adopción de otras medidas que protejan la integridad de la persona denunciante o de un testigo, además de prevenir posibles represalias durante el procedimiento.
Compromiso institucional
Leopold adelantó que el prorrectorado presentó un documento que cuenta “con una serie de orientaciones generales para el abordaje de la temática”, es pos de “continuar brindando y mejorando todo el soporte para que la Unidad Central técnica, en coordinación con las distintas comisiones y equipos técnicos, cuenten con los mejores elementos y recursos adecuados”. El documento está a consideración del próximo CDC de la Udelar, lo que indica que desde la institución se apunta a seguir perfeccionando los mecanismos y tratar la problemática.
“Brindar información y comunicar es clave”, enfatizó el prorrector, y aseguró que la institución “no está dispuesta a que estas prácticas acontezcan impunemente entre nosotros”.
