En octubre se cumplirán diez años de que 28 ex presas políticas presentaron una denuncia ante la Justicia uruguaya por torturas y situaciones de violencia sexual que sufrieron en la dictadura. Quienes las violaron y torturaron fueron unos 100 ex agentes de las Fuerzas Armadas -sostienen las denunciantes- que las denigraron por ser mujeres y militantes en una sociedad patriarcal. En 2020, como la denuncia seguía en estado de sumario, las ex presas decidieron comenzar los trámites para solicitar una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La audiencia se desarrolló el jueves 18 de marzo.
“Quiero ser escuchada en el exterior ya que no soy escuchada en mi país” expresó en diálogo con Sala de Redacción Ivonne Klingler, para resumir el motivo de la audiencia. Klingler fue una de las ex presas políticas que estuvo presente en la sala Maggiolo de la Universidad de la República, punto de encuentro de delegación de la sociedad civil durante la audiencia, que se hizo en forma virtual.
Las oradoras por la delegación de denunciantes fueron las ex presas Jacqueline Gurruchaga y Blanca Luz Menéndez, la abogada defensora Flor de María Meza y María Noel Leoni, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). Por parte del Estado intervinieron Marina Sande, directora de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Ricardo Perciballe, fiscal responsable de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, y Gustavo Nicastro, representante del Poder Judicial. Además de integrantes de la CIDH participaron, también, integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
A Klingler le sorprendió la “buena respuesta” de los representantes del Estado, quienes dieron declaraciones “de reconocimiento total a nuestro planteo”, expresó. “Aparentemente se entendió el por qué de nuestra denuncia reiterada” en la “última puerta que golpeamos”, dijo, ya que diez años después tuvieron que salir al exterior a hacer el reclamo. Aún así, remarcó que la respuesta que reciben sigue siendo la misma: “la Justicia es muy lenta”.
Según publicó La Diaria en la reunión Menéndez planteó que “el tiempo transcurrido solo agrava los impactos de las violaciones que vivimos y de la impunidad. Cada día que pasa sin justicia nuestra dignidad se ve afectada”. La representante del gobierno declaró que “el Estado uruguayo reconoce, condena y repudia los atroces y aberrantes crímenes y abusos cometidos durante el período dictatorial” y remarcó que “Uruguay ha realizado y continúa realizando todos los esfuerzos por lograr justicia y condenar a los perpetradores de tan terribles crímenes”, aunque reconoció algunas “falencias” en el sistema judicial.
Al momento de la audiencia, sólo uno de los denunciados había sido procesado: Asencio Lucero, quien luego de confesar fue procesado por delitos de privación de libertad, no por violencia sexual. Pero, dos días después de la reunión con la CIDH, fueron condenados Antranig Ohannessian y Jorge Silveira por los delitos de abuso de autoridad contra detenidos, privación de libertad, lesiones graves y atentado violento al pudor. Estos procesamientos ocurrieron luego de que el fiscal Perciballe realizara un pedido de procesamiento a la jueza Silvia Urioste, según informó 257 Noticias.
