Los diputados Rodrigo Goñi (Partido Nacional), Valentina Rapela (Partido Colorado) y Daniel Peña (Partido de la Gente), pidieron que se desarchive un proyecto de ley que aborda la educación sexual en instituciones educativas. El proyecto fue elaborado en 2019 por la Red de Padres Responsables, un grupo de padres y madres que pretenden participar directamente de la formación referida a educación sexual de sus hijos en las aulas. “¡Tenemos el derecho y el deber de educar a nuestros hijos!”, reclama el sitio web de la organización.
El año pasado, el proyecto naufragó en el Parlamento y ni siquiera fue tratado, pero ahora, con mayoría de bancas de la Coalición Multicolor, esperan que tenga éxito. En 2020 el proyecto fue desarchivado y derivado a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes. Además, fue remitido a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para su estudio.
El texto, que cuenta con ocho artículos, va contra la Ley General de Educación aprobada en 2008, que apunta a la universalización de la educación sexual. Consultado al respecto, Goñi dijo a Sala de Redacción que le parece “revolucionario que los padres participen en la educación de sus hijos”, y continuó: “Los centros educativos necesitan de ese pacto familia-escuela, muchas veces los padres estamos alejados de la educación de nuestros hijos y en este tema particular no sabemos qué decirles porque no estamos formados, por lo que veo con buenas sensaciones profundizar en la educación sexual con la participación de los padres”. Más allá de que la promoción del proyecto hizo que recibiera “agresiones”, porque “es un tema muy sensible que tiene grupos de resistencia”, el diputado señaló que volvió a impulsarlo este año porque lo considera “novedoso”.
Entre otros aspectos, el proyecto de ley plantea que las instituciones educativas públicas y privadas deban informar previamente a las familias sobre los contenidos y materiales a utilizar para impartir la educación sexual. Además, da derecho a padres y tutores a imponer objeciones, a partir de una interpretación del principio de laicidad que sostiene que “en temas que puedan afectar las convicciones morales o religiosas, se deberá ofrecer a los padres o tutores (y a los alumnos de formación docente)” una “pluralidad de visiones”.
Distintos roles
Precisamente, contar con pluralidad de visiones es uno de los principales objetivos del articulado elaborado por la Red de Padres Responsables, según contó Diego Velasco, asesor jurídico de la organización. “Hicimos un análisis de los materiales que se estaban enseñando a nuestros hijos y a los maestros en los talleres de formación y creemos que debe haber más de una opción”, fundamentó.
El abogado explicó que la organización no pretende que esa visión sea reemplazada por la del colectivo, sino que “los padres puedan elegir qué tipo de educación reciben sus hijos”. Según agregó, los tres puntos clave del proyecto de ley son el acceso a la información, la solicitud de consentimiento sobre los materiales y contenidos abordados ,y que haya “pluralidad de opciones para elegir la educación sexual de nuestros hijos de acuerdo a nuestras convicciones”.
La Red de Padres Responsables está a la espera de una reunión con las autoridades de la educación que asumieron este año para intercambiar sobre el tema.
Desacuerdo
Ximena García, socióloga y fundadora de la cooperativa de trabajo Geduca, que se especializa en la desconstrucción de estereotipos de género y el reconocimiento a la diversidad, manifestó su desacuerdo con el proyecto de ley. Según dijo a Sala de Redacción, “no tiene que haber específicamente una ley de educación sexual”, ya que “todo el tiempo nos estamos educando, en todos los ámbitos, desde que la persona nace hasta que muere”. “Que las familias puedan elegir qué tipo de educación sexual deben recibir sus hijos no corresponde con la educación pública, porque no funciona a demanda de las familias”, sostuvo.
Para García, este proyecto tiene muchas falencias y entre ellas destaca una muy importante: “Quienes elaboraron el proyecto no son técnicos ni profesionales especializados en educación sexual, en sexualidad o en temáticas de género”, indicó. En cambio, consideró que por detrás de los programas educativos vigentes “hay personas formadas, que no solo se forman en lo local sino en el mundo, con contenidos estudiados, con ciertos criterios y estándares”.
Hasta ahora, el proyecto de ley no ha sido tratado en el Parlamento en la actual legislatura.
