El atraso de cinco meses en el pago de la cobertura médica de los funcionarios policiales generó preocupación en el Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU). El 23 de julio el gremio emitió un comunicado que establece que los afectados por el retraso son aproximadamente 23.000 usuarios, entre policías activos, retirados y pensionistas, a quienes se les descuenta de sus haberes de forma mensual bajo el concepto de “sanidad policial”.
En diálogo con Sala de Redacción, el secretario general del sindicato, Jorge Clavijo, aseguró que “la deuda se estaba arrastrando desde la administración anterior, desde agosto hasta diciembre de 2019”. “Se entregó lo correspondiente a algunos meses, pero se volvió a reiterar en este último tiempo”, aclaró. El incumplimiento afecta a los funcionarios activos y retirados del interior del país, que reciben cobertura a través de la Federación de Prestadores Médicos del Interior (FEPREMI), ya que los funcionarios de Montevideo la tienen a través del Hospital Policial.
“Nosotros estamos exigiendo que se brinde la explicación sobre cuál es el motivo para que se genere este atraso, cuando a los funcionarios se les retiene mes a mes el aporte para la cuota mutual. La diferencia del descuento depende del grado del funcionario”, explicó Clavijo. Por otra parte, comentó que luego de emitir el comunicado tuvieron una respuesta inmediata por parte de las autoridades del Ministerio del Interior (MI): “Se molestaron con la actitud tomada por el sindicato, porque nos decían que eso se venía arrastrando de la administración anterior. Nuestra respuesta fue dejar en claro que no era únicamente problema de esta administración. Simplemente defendemos los intereses y los derechos de los trabajadores”.
Hasta el momento, si bien FEPREMI también mostró su preocupación por esta situación, no cortó el servicio a los afectados.
Vivienda
Otro de los temas que preocupa al sindicato son los cambios que el proyecto de Ley de Presupuesto propone introducir en el fondo de vivienda policial, que desde 2016 se financia con el descuento de 1% del salario de los trabajadores. “Tenemos presentada una denuncia penal por el manejo de este fondo, porque desde 2016 hasta el día de la fecha no se nos ha presentado ni siquiera un estado de cuenta, ni un balance de la plata que se ha recaudado, que se le descuenta a todos los funcionarios”, contó Clavijo. Según detalló, de ese descuento “0,85% era para el fondo de vivienda y 0,15% para los servicios de tutela policial, que incluye la prestación de anteojos, aparatos ortopédicos, etcétera”. Con el actual proyecto de Ley de Presupuesto “se pretende modificar ese porcentaje para vivienda y llevarlo de 0,85% a 0,70%, ya que tenemos más de 2.000 policías viviendo en zonas marginales, y aumentar el porcentaje de tutela policial de 0,15% a 0,30%. Siempre dijimos que el fondo de vivienda tiene que ir acompañado del Ministerio de Vivienda [y Ordenamiento Territorial]. Una cosa es recaudar y otra cosa es ejecutar, y ahí es la gran falencia que tiene el MI”, valoró Clavijo.
Las autoridades del MI que asumieron en marzo con el cambio de gobierno realizaron una auditoría al fondo de vivienda y se constataron irregularidades mínimas. Clavijo expresó que “hasta el día de hoy no se nos aportó cuánto dinero hay ni cuánto dinero había, tampoco se responsabilizó a nadie de la administración anterior”. Por último, se quejó de lo planteado en el presupuesto para la política salarial: “Tenemos una pérdida de salario real para el sector y se prevén compensaciones para los jerarcas, cuando tenemos carencias por todos lados”.
