El proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) contiene cientos de artículos de asuntos que, para el nuevo gobierno, “se deben atender con urgencia”, según han expresado las autoridades en varios medios. Los artículos que permitirán hacer desalojos de arrendamientos en un corto plazo son los que generan mayor intranquilidad en los migrantes que llegan a nuestro país y que, como primera opción de vivienda, recurren a pensiones.
Son muchos los migrantes que eligen Uruguay como país de destino para volver a empezar una mejor calidad de vida; según el “Informe acceso a la vivienda y población migrante”, realizado por los antropólogos Leonardo Fossatti y Pilar Uriarte, “Montevideo es el departamento que registra el número más alto de migrantes”.
El proyecto incluye varias modificaciones en la acción de desalojo. Por ejemplo, se regula el procedimiento para desalojar al buen pagador, por vencimiento, en un plazo de 30 días, y en seis días al mal pagador; actualmente el plazo es de un año o seis meses para el primero, y de veinte días para el segundo.
De aprobarse estos artículos, se dificultará el acceso a la vivienda de las personas que llegan a nuestro país para vivir en pensiones como primera opción. Leonardo Fosatti, que integra la ONG Idas y Vueltas, que brinda apoyo a las personas migrantes que llegan a Uruguay, reflexionó en diálogo con Sala de Redacción acerca de lo que significarám estos cambios en casos en que las personas tengan dificultades para pagar o sean estafadas por el propietario. Planteó que los desalojos “con la aprobación de las modificaciones que plantea la LUC se vuelven mucho más fáciles de realizar” y que “el articulado propuesto por esta ley brinda un montón de garantías al propietario, dejando por fuera a la persona que está pagando ese alquiler, que no estaría mencionado en ninguna parte de la LUC”.
La LUC también implica modificaciones en los contratos, que se pueden extinguir solo con la voluntad de una de las partes. De esta manera, con solo la decisión del titular, tomando la vía penal por el delito de usurpación, por ejemplo, se puede acelerar el proceso para desalojar a las personas, lo que implicará tener un antecedente penal. Por esto, el migrante pasará a tener una situación irregular automáticamente y podrá ser tratado como un delincuente.
Para Fossatti, “esto genera todo un temor en una población que tiene un proyecto migratorio, donde lo que menos quieren es tener un problema judicial”, y explicó que “el estatus migratorio es muy importante, es parte del proceso de integración social” y dijo que “la regularización de la documentación que tenga el migrante es pieza fundamental para vincularse con la educación pública, con un alquiler, con un trabajo formal”.
Según relató el antropólogo “un desalojo es irreversible, lo que hay que hacer, es ganar tiempo, que es lo que hacemos desde la organización Idas y Vueltas”. Asimismo, explicó que el actual proceso le da más tiempo de defensa a las personas que tienen que pasar por esta situación y que al querer quitar esos tiempos, se facilita que los propietarios se adueñen del proceso llevándolos por la vía de lo penal, donde quedarían amparados por la LUC.
Fossatti dijo que “la migración en el Uruguay está construida desde un lugar de la criminalidad”, y mencionó que los medios de comunicación divulgan diariamente noticias que no favorecen la imagen de la migración dominicana y cubana, porque se habla de trata, delincuencia, narcotráfico, robos, delitos en pensiones y ocupaciones. “Ya la migración tiene la visión esa sobre ellos, a eso se le suma que las pensiones están vistas como absolutamente negativas. De alguna manera nunca salen de ese círculo y la persona no puede construir ningún proceso para vivir” agregó el antropólogo.
Fosatti concluyó que “seguramente se genere un retroceso sobre las muchas cosas en las que sí se han avanzado”, como por ejemplo las garantías a las que han podido acceder aquellas personas que han integrado las cooperativas de viviendas, de las que nada se habla en la LUC.
Volver a empezar
Roxana Benítez vive desde octubre de 2019 en una pensión en la calle Miguelete, en el barrio La Aguada, con su marido, Noel. Ambos son de Santa Clara, Cuba. Antes habían estado en una pensión ubicada en la calle Uruguay que debieron abandonar por las distintas problemáticas que se experimentaban y hoy en día se encuentra cerrada.
En diálogo con Sala de Redacción Roxana habla de la Revolución Cubana, de la plaza de su antiguo barrio en donde se encuentran los restos del Che y de su presente, el que vive en una pensión en Montevideo. Nos recibe en su pieza, por la que paga 9.500 pesos por mes y no tiene ninguna ventana que le permita tener luz natural; comparte baño y cocina otras casi cien personas más, la mayoría de ellas cubanas.
Mientras se escucha el reggaetón de fondo que provenía del hall, cuenta que en su país ella y su marido trabajaban en los cayos de Santa María; él de mozo y ella como jefa de recepción. El cayo se caracteriza por tener muchos hoteles cinco estrellas, la gran mayoría administrados por cadenas extranjeras. Tener ese trabajo fue muy importante para que pudieran acceder a una vivienda digna en su país, pero Roxana hace hincapié en la reflexión que la llevó a salir de Cuba: “yo un día me miré al espejo y me dije a mí misma, ‘¿en que vas a gastar todo el dinero que puedas tener, si no encuentras a veces las cosas?’”. Por más que en ese lugar ganaran su dinero y pudieran hacerlo rendir para vivir tranquilos, dice que la realidad del país es otra, y que hay insumos no se encuentran por más que se cuente con el capital para comprarlos.
Ella no quiere aferrarse a una postura política en particular, ni a favor ni en contra del gobierno de su país, pero plantea que está a favor de un cambio y agrega “no me considero una persona contrarrevolucionaria, pero hay muchísimas cosas que deberían cambiar y el pueblo es quien sufre todo eso”. Explicar la realidad de su país es difícil para ella, porque son muchas las posturas y las realidades, pero dice que si su país la necesita, ella va a estar porque ama a su pueblo. No obstante, la desilusión los hizo partir en busca de una mejor calidad de vida.
Con respecto a las medidas propuestas por la LUC, dice: “Yo no estoy de acuerdo, evidentemente, a mí me preguntas y tengo mi criterio. No estoy de acuerdo, primero, porque soy inmigrante, yo soy perjudicada”, dice Roxana, y agrega: “el gobierno es nuevo y no conozco cómo funciona el mecanismo gubernamental, o sea, conozco algunas cosas porque me he ido familiarizando porque en algunas cosas se parecen, pero en otras no tanto”.
La pensión
La cantidad de bicicletas impresiona. “El cubano se mueve en bicicleta, incluso también porque el transporte es caro, pero muchos trabajan en repartos”, explica Roxana, y manifiesta su preocupación por los trabajos que deben hacer para sobrevivir, “yo los veo muy informales, el cubano que viene se mete en seguida en PedidosYa, en Rappi o en Uber”.
Actualmente Roxana es moza del Casino Maroñas, pero debido a la cuarentena no está yendo a trabajar. Expresa que “nunca imaginé quedarme diez meses en una pensión, incluso con mi salario, que en el casino es un poco mejor”. Cuenta que su esposo fue quien llego primero a Uruguay y, asesorados por amigos que ya estaban radicados acá, y con todo el dinero ahorrado que traía de Cuba, aceleró los trámites lo más que pudo para que ella viniera con la tranquilidad de pisar el país de manera legal.
Roxana dice que ella es una persona que se adapta, que lo que pasa de la puerta para afuera de su pieza no le interesa, pero que la convivencia se torna difícil muchas veces, porque la pensión es grande y los horarios de cada uno pueden llegar a ser muy diferentes, así como también los intereses. Cada familia tiene un horario para utilizar el lavarropas de manera equitativa. Ella tiene su propio fogón en la cocina, que es compartida, y le quita las hornallas, las limpia cada vez que las usa y las guarda en su pieza de forma muy ordenada.
La pensión está legalizada, reciben frecuentemente la visita de personal de la Intendencia de Montevideo, sobre todo desde que se decretó la emergencia sanitaria, pero no solo para las instalaciones, sino que también se rumorea por los pasillos de la pensión, que mucha gente se quedó sin trabajo y no han podido pagar el alquiler; “la Intendencia ha venido más por eso, no sé si porque el dueño ha hecho alguna reclamación, o fue al revés, no lo tengo claro”.
En referencia a la pensión en la que vive Roxana, Fossatti informó a Sala de Redacción que “estaba en desalojo en estos días” y afirmó que “casi todas esas pensiones están en desalojo o en proceso de desalojo”. Explicó que “ahora está pasando el tema del Covid-19 y se están retomando los procesos de desalojos con el mismo ímpetu con el que arrancó el año”.
Existe preocupación por las familias, que son muchas, que están más vulnerables y que no han podido ponerse al día con sus alquileres por la falta de trabajo. “Yo porque trabajo y porque mi esposo trabaja”, explicó Roxana, para llevar al día el pago de la pensión. Bajó la voz y agregó: “pero cuando tú miras a una persona que está sola, como por ejemplo la muchacha de al lado, con su niña, su niña no trabaja y consume tanto como consumo yo, porque come, porque se baña, porque consume luz, por todo eso, para ella es muy difícil”.
Mariana González y Manuel Gómez
