Los lineamientos establecidos hacia los trabajadores de los medios públicos por Gerardo Sotelo, director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), generaron polémica acerca del funcionamiento del ente público y su vinculación política. Gustavo Gómez, estudioso de la libertad de expresión y la regulación de medios y ex director nacional de Telecomunicaciones, dialogó sobre el tema con Sala de Redacción.
—¿Por qué la guía de principios, prácticas y estándares de calidad que propuso Secan debe ser de dominio público?
—Deben ser públicos porque estos medios están al servicio de la población. Son medios que se financian con recursos del Estado y tienen obligaciones para toda la comunidad, no solamente para aquellos que votaron al gobierno de turno que fue el que eligió a quienes van a dirigir estos medios públicos. Que sean de dominio público tiene que ver con una rendición de cuentas que en todos los aspectos deben hacer a la población. Por otra parte, al permitir esa transparencia, los ciudadanos pueden exigir el cumplimiento de esas guías y estándares si es que consideran que eso no se produce.
—¿Es oportuno tomar como referencia medios extranjeros para establecer y estructurar los medios públicos? ¿Por qué?
—No se puede tomar como referencia cualquier experiencia de medios públicos, sino buenas prácticas internacionales que a su vez se guíen por los estándares de organismos de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Es oportuno, es necesario y es conveniente. Es necesario porque permiten aprovechar lo que ya está acumulado, no necesariamente arrancar de cero. Los medios públicos de Uruguay tendrán sus características particulares pero todo lo que se pueda aprovechar está bien. La legislación actual establece ciertas obligaciones a los medios públicos, pero complementar esas obligaciones genéricas de la ley con una guía o un manual de estilo respecto al desempeño periodístico, creo que siempre es muy bueno.
—¿Qué irregularidades existen con respecto a que Jorge Gatti, designado como coordinador, tenga que aprobar todo el contenido informativo y periodístico antes de que se empiece a producir?
—En cualquier medio periodístico hay una planificación periódica de lo que se va a trabajar, en función de los criterios periodísticos, pero también en función de las prioridades y hechos coyunturales, para organizar el trabajo interno. El comunicado que mandó Sotelo excede esa idea porque básicamente lo que estaba pidiendo era una especie de censura previa antes de que se pudiera desarrollar el trabajo de producción del periodista.
En la medida de que todo lo que se haga tenga que pasar previamente por la aprobación de una persona elegida de manera discrecional, que a su vez fue elegido de manera directa por un presidente, es un problema y podría ser un problema de censura previa. Excede la necesidad de planificación, es una aprobación previa al trabajo periodístico. Además es impracticable que una sola persona lo haga. Realmente el que lo escribió no pensó tal vez en otra cosa que mandar una señal política.
—¿En qué posición quedaron los profesionales de la comunicación de los medios públicos después de estos lineamientos?
—Por un lado me imagino que preocupados, porque la carta en realidad no es en sí misma una censura, sino un mecanismo que lo que puede promover es la autocensura. Es decir, antes de reaccionar prohibiendo tal investigación periodística o redacción de una nota informativa, cualquier periodista va a pensar dos veces si lo presenta porque tiene que recibir autorización. Entonces, la preocupación de la autocensura creo que es lo que dominó a los periodistas de los medios públicos.
Pero por otra parte, también conllevó una reacción muy rápida de ellos que, al menos por lo que hemos visto en la prensa, generó unas disculpas de Gerardo Sotelo y un compromiso de que eso no se iba aplicar. Todavía no conozco que se haya retirado ese comunicado, pero la reacción organizada de los trabajadores de los medios públicos, en principio, habría generado un retroceso de esta medida, y hay que decirlo.
—¿A quién controla la Comisión de Notables?
—La Comisión de Notables está pensada para controlar a los periodistas. Digámoslo de manera menos dura: está pensada para acompañar el trabajo de los periodistas para que se ajuste a esa guía de principios y estándares; el problema es quién controla al director, porque la Comisión de Notables, elegida por Gerardo Sotelo, no está en condiciones. Y vuelvo a decir, no tiene nada que ver con las personas, simplemente no es compatible el rol de controlar al controlador, si el controlador fue el que te eligió.
—¿Qué funciones tiene la Comisión Honoraria Asesora de los medios públicos? ¿Venía funcionando hasta ahora?
—La función es de acompañamiento de los medios públicos, de asesoría al directorio. De alguna manera fiscaliza el procedimiento, pero también colabora. Lamentablemente el gobierno anterior no sólo no creó el directorio -siguió habiendo solamente un director a cargo de todo, del Secan, de la radio y de la televisión pública-, sino que tampoco creó el Consejo Honorario.
—¿Piensa que se tiene que crear?
—Es una obligación porque está en una ley que debería ser cumplida; el gobierno anterior estuvo omiso en cumplir una ley vigente y si no lo crea, este gobierno lo estará también. Más allá del aspecto formal, claramente necesitamos garantizar la transparencia y fiscalizar el funcionamiento de los medios públicos con organismos independientes, no elegidos por el controlado. Por tanto, sería necesario constituir esta Comisión Honoraria Asesora.
—¿El Frente Amplio (FA) sacó algún provecho de los medios públicos en los 15 años que estuvo en el poder?
—No, creo que no hubo ningún tipo de abuso de los medios públicos, ni mucho menos, de parte del FA. No comparto que haya habido una política oficialista de los medios públicos. Me ha tocado estar, los he escuchado y visto, y realmente el que lo acusa de oficialista no ha visto medios públicos oficialistas de otros países. Acá todos los actores y temas han sido tratados, e incluso cuestiones críticas respecto a los gobiernos del FA.
En cuanto al aprovechamiento, a utilizar los medios públicos como una cadena oficialista que esté propagandeando los logros del gobierno, ni cerca. Los medios públicos obviamente tienen una fuente de información en los gobiernos como lo tendrá ahora el gobierno actual, pero de ahí a que sean tribunas propagandísticas, para nada.
—¿Cómo se mide la libertad de expresión en nuestro país? ¿Y cómo está posicionado Uruguay con respecto a la libertad de expresión de otros países de la región?
—La libertad de expresión se mide por varios aspectos, algunos más tradicionales y más crudos, como puede ser si en un país el periodismo se puede ejercer de manera libre, independiente y sin riesgo de vida. Hay países de la región donde el periodismo es la profesión más peligrosa. En ese parámetro, claramente Uruguay está en los primeros lugares de libertad de expresión, producto de que el periodismo se puede ejercer libremente. Otro elemento para valorar la libertad de expresión es si hay una persecución de parte de las autoridades, una sistemática presión a través de juicios por difamación e injurias ante la justicia para atacar a los periodistas cuando hacen trabajos de investigación, eso tampoco pasa. Uruguay puntea muy bien, y de hecho para Reporteros Sin Frontera está primero en el ranking de libertad de prensa de América del Sur.
—¿Los lineamientos de Secan pueden afectar la libertad de expresión de los medios públicos?
—No, afecta a la libertad de expresión de los ciudadanos, no de los medios públicos. Afectaría a la libertad de expresión y al trabajo profesional de los periodistas dentro de los medios públicos. Y afecta a la libertad de expresión en el sentido del derecho de la población a recibir diversidad de opiniones e informaciones. La posibilidad de que los medios públicos estén en condiciones donde el poder político, por la forma de designación, por la intromisión en su línea editorial, pueda afectar a la libertad de expresión, es más que nada por los periodistas que trabajan en el medio y de la población que escucha y ve los medios públicos.
Si esos medios públicos están sesgados, están siendo tribunas a favor de determinados intereses políticos, lo que se afecta fundamentalmente es la libertad de expresión y el derecho de la información de la población.
—¿Qué salida le ve a esto?
—Algunas cosas para reducir el problema se podrían hacer y sin grandes esfuerzos. Una opción es aplicar la ley de medios vigente, en dos aspectos: primero, que el sistema de medios públicos esté dirigido por un directorio de tres personas a propuesta del actual Poder Ejecutivo, pero que tenga un aval parlamentario en el Senado, es lo que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual actual. Con las mayorías que hay en el Parlamento seguirán siendo directores que proponga el gobierno, pero es mejor que la designación a dedo de un solo director. Lo segundo es la conformación de la Comisión Honoraria. Además de una mejor designación de quiénes van a dirigir los medios públicos, se necesitan organismos que acompañen, fiscalicen, controlen el desempeño de los medios públicos.
Con estas dos cosas no alcanza, pero sumarían a la respuesta de la pregunta que me hacés. La guía o explicitar un conjunto de precisiones, ideas, protocolos para el trabajo periodístico de los medios públicos, formaría parte de un esquema de varias acciones tendientes a disminuir los riesgos de cooptación política por parte del gobierno, de medios que tienen que ser de todos.
