Mientras transcurre la pandemia mundial, el 23 de abril el gobierno de coalición envió al Parlamento el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC). A último momento, Cabildo Abierto (CA) pidió sumar un artículo en relación al porte de armas para militares retirados que modificaría la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (ley 19.775).
La edad de los militares que pasan a retiro suele oscilar entre los 44 y 60 años. Luego de aprobarse la reforma de la Caja Militar, se estableció que el personal subalterno debe haber rendido 22 años de servicio y el personal superior 25 años de servicio para retirarse.
El artículo 115 de la LUC, que se agregaría a la ley 19.775, expone: “El personal militar en situación de retiro que no posea antecedentes penales, previa evaluación de su idoneidad, conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, tendrá el derecho de portar arma corta, la que deberá estar registrada con su consiguiente Guía de Posesión actualizada. El Ministerio de Defensa llevará un registro de Personal Militar en situación de retiro con Porte de Armas vigente”.
En la actualidad, el decreto 377/016 que reglamenta la ley 19.247 relativa a la “tenencia, porte, comercialización y tráfico de armas de fuego” establece que los militares en actividad y hasta cuatro años después de su retiro están eximidos de obtener la Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas de Fuego (THATA) y el Permiso de Porte. A su vez, al igual que los civiles, pueden tener hasta tres armas -o justificar la necesidad de tener más- y para adquirirlas deben acreditar ante el Servicio de Material y Armamento “su calidad”. De aprobarse el nuevo artículo, no queda claro el tiempo en que los militares retirados podrían portar las armas.
Contrapuesto
Los principales valores que se inculcan en las Fuerzas Armadas son la disciplina, el orden y el honor; conceptos abiertos que pueden someterse a varias significaciones.
Julio Halty es ex presidente del Supremo Tribunal Militar y un general retirado con larga trayectoria. Su padre era escribano y su madre profesora de violín. Como resultado de esa mezcla, Halty se interesó en el área de las letras; más tarde daría clases de literatura en el Liceo Militar.
Su curiosidad por la carrera castrense se hizo presente desde su niñez: fundamentalmente sentía una vocación por el servicio. Desde la creación del Frente Amplio en 1971 la política comenzó a capturar su atención, pero por estar ejerciendo no podía realizar ningún acto político salvo votar. En 1976 es detenido y sometido a un Tribunal de Honor por mantener conversaciones ideológicas con militares opositores al golpe de Estado, episodio que desencadenó su retiro obligatorio cuando tenía 40 años. Al terminar la dictadura, Halty comenzó a involucrarse con el Frente Amplio -la fuerza política en la que creía- hasta convertirse en secretario político de Líber Seregni, fundador del partido.
En diálogo con Sala de Redacción, el militar retirado aseguró que el personal de las Fuerzas Armadas ve “con otros ojos” la presencia de las armas: “Está formado para usar el arma frente a una situación en que es la vida de uno o la vida de otro; por otra parte, el militar tiene contacto permanente con las armas y conoce bien el respeto que hay que tenerles”. Según narró, quienes se adentran en la carrera militar tienen contacto con las armas desde el comienzo, tanto a nivel técnico como psicológico, lo que les permite, dijo, un manejo con confianza y conciencia de las consecuencias.
Al respecto del artículo que habla sobre el porte de armas para militares retirados, Halty opinó: “No entiendo la motivación de haberlo agregado en la Ley de Urgencia, este es uno de los artículos que no tiene sentido. ¿Es urgente el porte de armas de militares retirados? No tiene ninguna urgencia”, explicó. Para concluir, propuso una distinción entre la seguridad pública y la defensa nacional, y aseguró que este artículo no promueve garantías en ninguno de los dos ámbitos.
Rivera Elgue es un coronel retirado que sirvió 39 años en el Ejército Nacional. Cuando prestaba su servicio en 1976, mientras el país transitaba la última dictadura militar, conoció a Guido Manini Ríos, actual senador por Cabildo Abierto. Más tarde, Elgue lo acompañaría como jefe de campaña en su postulación a la Presidencia.
El coronel retirado también realizó misiones de paz en el exterior, pero su carrera política comenzó en el Movimiento Social Artiguista, que más tarde se convertiría en Cabildo Abierto. Con su entrada al Ministerio de Defensa como subsecretario, se rompió la hegemonía civil en los cargos de poder del Ministerio, que sucedían desde 1990. “Si la institución [militar] hubiese actuado mal, tendría que haber muchos más desaparecidos”, dijo Elgue a La Diaria, en una de sus declaraciones con más repercusiones.
Al respecto del artículo 115 propuesto en última instancia por CA, Elgue señaló a SdR que “el partido lo propuso desde un primer momento, desde que se nos presentó el preproyecto de Ley de Urgente Consideración en enero”.
Aclaró a su vez que en las negociaciones de la coalición de gobierno CA presentó otras modificaciones a la ley de tenencia responsable de armas, pero que finalmente no se añadieron al proyecto. Consultado sobre cuáles fueron esas propuestas, Elgue señaló que “no importa cuáles, ya no fueron consideradas, no vienen al caso. Evidentemente va a haber una reforma más importante y está en el compromiso firmado por todos los partidos, va a haber una reforma a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas”. Al respecto del porqué de la negativa de las modificaciones planteadas, prefirió no emitir opinión.
Permisos y balas
De aprobarse la LUC, además de modificarse la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, también también sufriría cambios la Ley Orgánica Policial (ley 19.315). Si bien los policías retirados están habilitados para el porte de arma, en el artículo 65 de la LUC se agrega el artículo 38 TER, que les adjudica el “derecho de reprimir delitos flagrantes” con “las mismas facultades legales del personal en actividad”. Al momento de su actuación deberán dar cuenta del hecho a la autoridad policial “con jurisdicción en el lugar de la ocurrencia” y las consecuencias de la intervención serán consideradas “como acto directo del servicio”.
Uruguay es el país latinoamericano con la proporción de armas más alta en la región y ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, según la última Encuesta sobre Armas Pequeñas de 2018, a cargo del Graduate Institute of International and Development Studies de Génova. En 2017, año en que se realizó la encuesta, cada 100 habitantes había un promedio de 34,7 armas y solo la mitad estaban registradas.
En el país existen dos licencias diferentes, cada una tiene su trámite correspondiente y concede diferentes autorizaciones: por un lado está la tenencia y por otro el porte de armas. Los procedimientos para obtenerlas buscan comprobar si la persona tiene un buen manejo del instrumento y si es apta psicofísicamente. Según la investigación “Menos armas, más seguridad” de 2015, a cargo del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, varios profesionales encargados de realizar los test han denunciado que los parámetros establecidos pueden tener varias interpretaciones; no se detalla la cantidad de sesiones, el tiempo de la evaluación y los criterios para la otorgación de certificados.
Para acceder a la tenencia de un artefacto se debe solicitar la THATA, a cargo del Ministerio del Interior. Si se le concede, el usuario debe tener el artefacto descargado y a su vez dentro de una caja, estuche o envoltorio que impida su uso. Una persona puede tener la tenencia de hasta tres armas o solicitar un permiso especial. Si una de ellas es extraviada o robada, sigue contando como habilitada por la misma persona.
Para tramitar el porte de un arma, es necesario contar con la THATA. Cuando se tiene este permiso, el arma puede estar cargada y lista para su uso inmediato. La autorización no incluye “actos electorales, asambleas, manifestaciones, juegos o diversiones en locales cerrados o al aire libre, cabaret, boites, whiskerías, bailes públicos, despachos de bebidas alcohólicas, ni en los casos en que disposiciones especiales prohíban hacerlo”.
Sin embargo, como se mencionaba anteriormente, los militares y policías en actividad y hasta cuatro años luego de su retiro, están eximidos de realizar el THATA y el Permiso de Porte. Aquellos en actividad deben contar además con una constancia del Ministerio de Defensa Nacional que demuestre “que no se encuentran sometidos a procedimiento disciplinario alguno, sometido a junta médica o que se les haya retirado el arma de reglamento” y presentarla en el Registro Nacional de Armas.
