"Hubo gente que nos aplaudió cuando le convenía y después nos criticó cuando los palos iban a su sector"

El directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) quedó desierto. El último de sus integrantes, Ricardo Gil Iribarne, hizo efectiva su renuncia a la presidencia del organismo el 30 de abril, luego de esperar en vano durante un mes algún tipo de respuesta del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), según explicó en una entrevista al semanario Búsqueda publicada ayer. Anteriormente, ya habían renunciado los otros dos miembros del directorio: el vicepresidente, Daniel Borrelli, y la vocal, Matilde Rodríguez, quien dejó su cargo para asumir la conducción de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

Según establece la Ley Nº 19.340, que creó a la Jutep como servicio descentralizado, los tres integrantes del directorio deberán ser “designados por el Presidente de la República, actuando con el Consejo de Ministros, con venia de la Cámara de Senadores otorgada siempre por tres quintos de votos del total de componentes, entre personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral”. Hasta entonces, el organismo permanecerá acéfalo e incapacitado para llevar adelante sus principales funciones.

En conversación con Sala de Redacción, Gil Iribarne, ahora un “simple ciudadano”, explicó los motivos detrás de su renuncia y manifestó su preocupación por el futuro del órgano encargado de fortalecer la transparencia en la gestión pública.

– ¿Cuáles fueron las razones de su salida de la Jutep?

– Sucede que cuando Matilde Rodríguez presenta su renuncia, nosotros le trasladamos al MEC, que es oficialmente el vínculo con el Poder Ejecutivo, una nota donde alertábamos que, al quedar un solo director y al necesitar dos miembros para poder resolver o sesionar, la Jutep quedaba paralizada. A fines de marzo, como no hubo ninguna respuesta, entendí que yo no tenía interés en seguir trabajando en una Jutep paralizada y mandé una carta al MEC presentando mi renuncia; pero diciendo que, en función de la emergencia sanitaria, no tenía inconveniente en permanecer en el cargo hasta el 30 de abril. Luego, como seguía sin novedades, el 22 de abril mandé otra nota y tampoco obtuve respuesta. Así que el 30 de abril mandé una tercera y última nota informando que definitivamente me iba de la Jutep. En la primera carta también señalé que el acuerdo al que llegaron los partidos políticos para incluir a la Jutep dentro de la distribución de cargos, que se hicieron junto a las empresas públicas y los entes autónomos, me pareció un error. La Jutep nunca había cambiado cuando cambiaba el gobierno. En este caso, coincidiendo con el cambio de gobierno, se acordó un reparto cuotificado y eso me parece un retroceso frente a la ciudadanía.

– ¿Luego de que hizo efectiva su renuncia tuvo algún contacto con el gobierno?

– No, no ha habido respuesta. Hoy la Jutep está absolutamente acéfala, lo cual me parece muy injusto para los funcionarios, que no tienen a quién referirse en estos días que hay que tomar decisiones sobre cuándo y cómo volver [al trabajo presencial]. Los empleados, que son buenos funcionarios y han trabajado bien, quedaron totalmente solos. Tampoco aparece en la página web de Presidencia la aceptación de mi renuncia. En algún momento la van a tener que aceptar.

– ¿Qué cosas no puede hacer actualmente la Jutep?

– No se pueden recibir denuncias, por ejemplo. El 30 de abril llegó una denuncia sobre la situación de Gerardo Sotelo [suplente de Laura Raffo en su candidatura a la Intendencia de Montevideo y designado director de los medios públicos] y yo le contesté a los denunciantes que la denuncia no puede ser analizada hasta que no haya un nuevo directorio, algo que no sabemos cuándo va a ser. Personalmente, creo que la Jutep no es prioridad para este gobierno. No tengo por qué no decirlo.

– Para usted el gobierno tuvo la intención de cambiar el directorio de la Jutep.

– Claramente, el gobierno ya lo había decidido. El secretario de Presidencia [Álvaro Delgado] dijo antes de asumir que la idea del gobierno era adecuar a los organismos de control, y en especial a la Jutep, a la nueva realidad política. Ese es el razonamiento. A mí me parece que implica un retroceso para el país si adecuamos a la Jutep al resultado electoral.

– En varias oportunidades usted manifestó que, a la medida que la Jutep avanzaba y destapaba irregularidades, el sistema político parecía quitarle apoyo. ¿Cómo se resuelve esa situación?

– Sin dudas se requiere otra actitud del sistema político. Hoy lo que se ha demostrado es que no hay voluntad política. La llave del cambio es la fuerza que pueda hacer la ciudadanía. El ciudadano común está mucho más preocupado y mucho más interesado en que el sistema de control funcione; los políticos y jerarcas deberían entender que un sistema de control fuerte favorece -y no perjudica- a los partidos políticos. Recuperar la confianza de la gente pasa por ahí. Y no por hacerse los distraídos, como me parece que está pasando.

– Con relación a los procesos de politización de la Justicia y judicialización de la política que tuvieron lugar en países como Argentina y Brasil. ¿Hay condiciones para que algo así avance en Uruguay?

– Es un riesgo. Nos pasó a nosotros cuando hicimos informes sobre algún actor político: sus correligionarios nos critican y sus adversarios nos aplauden. Está claro que hubo gente que nos aplaudió cuando le convenía y que después nos criticó cuando los palos iban a su sector. Pero me parece que la Jutep ha demostrado que no ha actuado a favor de ningún partido o gobierno, sino a favor de los ciudadanos. Todos los informes que sacamos fueron por unanimidad, no hubo diferencias en el directorio.