Presionada por el calendario, Argentina busca reestructurar su “insostenible” deuda pública antes de entrar en cesación de pagos. Con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno envió una propuesta a los fondos de inversión extranjeros que incluye una postergación de los vencimientos y recortes en lo adeudado. Atrincherado en su estrategia de primero crecer para después pagar, el presidente Alberto Fernández aguarda una respuesta que, en caso de ser negativa, le borrará definitivamente la etiqueta “virtual” al default.
Repensar la negociación de la deuda pasó a otro plano. Así lo afirmó días atrás el propio mandatario en diálogo con El Cohete a la Luna: hasta nuevo aviso, la emergencia sanitaria encabezará la lista de prioridades. Con todo, el 16 de abril el gobierno presentó una propuesta para tratar de avanzar en la renegociación de la deuda en dólares bajo jurisdicción extranjera. La oferta, dirigida fundamentalmente a grupos de inversión, plantea reducciones tanto en el valor nominal como en los intereses y un período de gracia de tres años. En pocas palabras, Argentina empezaría a pagar recién en 2023.
Durante la exposición de las medidas propuestas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, informó que se pretende lograr “una reducción de capital de 3.600 millones de dólares” que corresponde a 5,4% del monto adeudado; “y una reducción de pago de intereses de 37.900 millones de dólares”, esto es, una rebaja de intereses de 62%. Los acreedores externos, con quienes, según Guzmán, “no se ha llegado a un entendimiento”, desde el 16 de abril tienen un plazo de 20 días para entregar su respuesta a esta oferta “límite”.
Reacciones
Para Julia Segoviano, economista de la consultora Labour Capital & Grouth, lo anunciado puede, en términos relativos, catalogarse como una proposición agresiva. En conversación con Sala de Redacción, explicó que los bonistas “tenían en mente una quita implícita de alrededor de 50% [a los intereses]. Esta quita, de alrededor de 60% implícito, es un poco más alta”. Además, señaló que cortar los pagos durante tres años “le quita mucha liquidez a quienes esperaban estar cobrando parte del rendimiento del capital de esos bonos en esos tres años”.
En cambio, Juan Valerdi, economista y docente de la Universidad Nacional de La Plata, comentó a Sala de Redacción que la oferta del gobierno “es demasiado generosa”. Con relación a las rebajas, Valerdi manifestó: “En cuanto al nivel de capital, la quita es muy inferior a la que se esperaba. Incluso el FMI dijo que los acreedores privados deberían estar preparados para soportar una quita importante. El 5% no parece serlo [en relación al monto adeudado]”.
Valerdi también aclaró que “en cuanto a los intereses, es una quita engañosa porque está calculada con intereses excesivos, que son los que tomó [el ex presidente] Mauricio Macri”. Por lo tanto, si bien la quita parece fuerte, en realidad, los intereses “siempre fueron impagables” y no deberían tomarse como referencia.
Desde la oposición política, Esteban Mercatante, economista y militante del Frente de Izquierda, declaró a Sala de Redacción que el intento de renegociación “contradice lo afirmado por varios miembros de la coalición gobernante, que cuando eran oposición a Macri denunciaban la ilegalidad de muchos de los procedimientos de emisión de deuda y su vinculación con la fuga de capitales”. En ese sentido, el ofrecimiento del gobierno “convalida la deuda legada por Macri” y vuelve a desestimar “cualquier noción de siquiera investigar, y mucho menos repudiar, la deuda del período macrista”.
Recalculando
Al cierre de 2019, el total de la deuda pública argentina trepó a los 323 mil millones de dólares, lo que equivale a 88% del Producto Interno Bruto (PIB), según indica un reporte técnico del FMI divulgado en marzo. El mismo FMI que a mediados de 2018 enterró en Argentina el préstamo más grande de su historia ahora advierte sobre el carácter “insostenible” de la situación y recomienda cambios en las reglas de juego.
El análisis del FMI sugiere una “contribución apreciable” por parte de los acreedores privados para apaciguar el asfixio de la deuda en moneda extranjera. Un aporte que oscilaría entre 55 y 85 mil millones de dólares durante una década. O sea, el organismo internacional exhorta a estos bonistas a resignar una cantidad de dinero superior a la proyectada en la propuesta gubernamental. Esto, asegura Valerdi, implica varias lecturas. Por ejemplo, “si no aceptan esta oferta generosa, la jugada maestra puede que sea no negociar, romper e ir al default en los próximos 20 días”, cargándole la culpa a los acreedores.
Segoviano coincidió en que la diferencia entre números se debe a la lógica del tire y afloje: “Creo que el gobierno propuso algo más agresivo de lo esperado para, justamente, tener margen para negociar. El FMI siempre propone quitas muy agresivas porque está mirando continuamente que la deuda se vuelva sostenible”. De todos modos, la economista opinó que las autoridades mantienen la intención de pagar la deuda y que, de aceptarse el canje sin cambios, “el camino para Argentina quedaría muy despejado”.
Para resolver la crisis económica que actualmente atraviesa y padece la sociedad argentina, el presidente Fernández siempre subrayó que lo primero sería reactivar la economía, sobre todo, la industria nacional y el consumo interno. Así, una vez consolidada su capacidad de ahorro, el país afrontaría, de manera responsable y sostenible, el pago de lo adeudado. Sin embargo, este plan de recuperación demanda tiempos que son incompatibles con los que marca la deuda. Se vuelve imprescindible, entonces, una reestructuración. De lo contrario, Argentina caerá en default.
Vuelan en círculos
“No cambiaría nada en la práctica, máxime en un entorno de pandemia, cuarentena y crisis económico-financiera mundial”, contestó Valerdi sobre las consecuencias de un eventual default. Desde luego, Argentina sería mal vista por los mercados durante un buen tiempo, pero en lo cotidiano no habría ningún cambio, dado que “hace más de dos años que estamos en un default de hecho”. Lejos de la normalidad, los indicadores económicos no reflejan otra cosa que incertidumbre. Y un riesgo país por las nubes.
En sintonía, Mercatante aseveró: “Un default hoy, en medio de las consecuencias económicas de la pandemia, pasará medio ‘desapercibido’. La economía se está hundiendo y lo seguirá haciendo con o sin acuerdo de deuda, por las medidas tomadas para enfrentar la emergencia sanitaria y por la situación internacional”. No obstante, destacó que entrar en default “después de haber pagado todo hasta quedarse casi sin dólares disponibles” y sin investigar ni repudiar la deuda, seguramente dejará el problema “para que venga otro y lo arregle”.
Por su parte, aunque también reconoció el vigente “escenario ya casi de default”, Segoviano apuntó que para el mediano y largo plazo caer en suspensión de pagos sería algo muy perjudicial para Argentina. Aun más en plena pandemia de covid 19: “Tener acceso al mercado de deuda sería muy útil en un contexto donde el gasto público va a aumentar tanto. No tener acceso al financiamiento haría que tengamos que seguir viviendo con lo nuestro durante mucho tiempo, en un contexto donde ya existe un déficit fiscal alto”, dijo Segoviano.
Sorpresiva y categórica, la propagación del coronavirus sacudió los cimientos de la economía a nivel global. “Estoy seguro de que ahora los inversores están más proclives a aceptar ofertas duras y de que hubiera sido posible que aceptaran una oferta mucho más dura de Argentina”, afirmó -y lamentó- Valerdi.
Recientemente, los países del G-20, integrado por las economías más importantes del planeta, expresaron a través de un comunicado su respaldo a “una suspensión temporal de los pagos del servicio de deuda” de los países más pobres. Hasta el papa Francisco se expidió en el mismo sentido. En tanto, el Grupo de Puebla, integrado por políticos e intelectuales progresistas del continente, solicitó lisa y llanamente la condonación de la deuda externa de los pueblos de América Latina.
El rumbo de la negociación depende ahora de la reacción de los bonistas privados a la propuesta del gobierno. Si no aceptan la quita y la prórroga y Argentina suspende los pagos, el conflicto pasará al terreno judicial. Las cláusulas de los títulos de deuda establecen que en caso de litigio actuarían tribunales de Londres, Nueva York y Tokio. Algunos de los acreedores involucrados son influyentes grupos de inversión extranjeros, tales como BlackRock, Gleylock, Fidelity, Templeton y Pimco, entre otros.
La realidad de la promesa
En mayo de 2018, el entonces presidente argentino Mauricio Macri comunicaba al país y al mundo su decisión de iniciar conversaciones con el FMI: “Le digo a todos los argentinos (…) que, cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira, estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos”. En ese momento ya nadie le prestaba dinero al Estado argentino. El acercamiento al FMI se anunciaba como una señal de confianza y estabilidad.
En febrero de 2020 el actual ministro de Economía recordó aquellas circunstancias durante un discurso ante el Congreso de la Nación. “El FMI realizó un préstamo, el más grande en su historia, que no se utilizó en absoluto para aumentar la capacidad productiva del país. (…) Por el contrario, se utilizó para pagar deuda en una situación insostenible y para financiar la salida de capitales. El FMI es también responsable por la crisis económica que Argentina está viviendo hoy”, sostuvo Guzmán.
Bajo el modelo económico de Macri, los sectores privilegiados no fueron pocos: “Las empresas prestadoras de servicios públicos, las mineras, las petroleras y gasíferas, especialmente las dedicadas a la explotación no convencional, los bancos y todos los que participaron del negocio de la emisión de bonos hasta 2018”, resumió Mercatante. También las patronales agropecuarias, aunque en menor medida. La industria nacional, todo lo contrario.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina correspondientes al segundo semestre de 2019, 35% de la población en aglomerados urbanos vive por debajo de la línea de pobreza. Nada menos que alrededor de diez millones de personas. La situación se agrava al discriminar por rango etario: la pobreza afecta al 52% de las personas de 0 a 14 años.
