Un drama ecuatoriano

Múltiples organismos internacionales que tienen por cometido velar por el respeto de los derechos humanos llegaron a Ecuador en los últimos días. El sábado Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización que lideró las movilizaciones, se reunió con delegados del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES). Asimismo, el fin de semana arribó un equipo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que dialogará tanto con movimientos sociales como con el gobierno, para analizar las denuncias recibidas durante la ola de protestas y represión que sacudió al país la primera quincena de octubre.

Los 11 días de manifestaciones violentas y fuerte represión policial y militar a miles de ciudadanos que marcharon contra el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, terminaron el 13, tras la derogación de las medidas económicas dictadas por el gobierno el 2 de octubre.

El balance que hace la Defensoría del Pueblo tras las protestas que ocurrieron en la capital, Quito, estima cerca de siete muertes, 1.340 personas heridas y 1.152 detenidos. Entre los fallecidos se encuentran dos dirigentes de la CONAIE, organización que representa a la mayor parte de los agricultores y ganaderos del país.

El cese de las manifestaciones se dio gracias al acuerdo entre la CONAIE y el presidente Moreno en una mesa de diálogo mediada por la ONU y la Conferencia Episcopal ecuatoriana, que fue transmitida en vivo por cadena nacional. En esa instancia, el gobierno accedió a dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo 883, que establecía las reformas económicas que provocaron el repudio popular. Para ello el primer mandatario aprobó el Decreto Ejecutivo 894, que eliminó el anterior y entró en vigencia el miércoles pasado.

El anuncio que incendió la pradera

El detonante de las movilizaciones fue el paquete de reformas económicas -“paquetazo” le llamaron los ecuatorianos-, proclamado por Moreno, que quitaba un antiguo subsidio a los combustibles, lo que provocó el alza de los precios en un 123 por ciento. Además, los 30 días de vacaciones de los funcionarios públicos se redujeron a la mitad y se disminuyeron los aranceles e impuestos a las importaciones tecnológicas.

El primer mandatario anunció estas medidas en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que otorgó a Ecuador un crédito por 4.209 millones de dólares. Para otorgar el préstamo, al gobierno se le impuso la condición de que introdujese reformas en la legislación nacional que generasen “sostenibilidad de la economía ecuatoriana” , en otras palabras, una garantía para que el FMI recupere el dinero con altos intereses.

El gobierno declaró que el préstamo era necesario pues el Estado presentaba un déficit fiscal “insostenible” de 3,7 por ciento del PIB. Como punto de referencia, el déficit fiscal de Uruguay en julio de este año fue de 4,9 por ciento.

Los choques entre los manifestantes y las fuerzas del orden fueron brutales. Desde el primer momento la Policía hizo un uso excesivo de la fuerza y utilizó gas lacrimógeno para disperar a las masas, amparada en el estado de excepción que había dictaminado el Ejecutivo al comenzar las protestas el 3 de octubre.

Varias organizaciones internacionales condenaron la represión policial y se solidarizaron con el pueblo ecuatoriano. La Oficina para América del Sur de la ONU instó al gobierno a “resguardar el derecho a la manifestación pacífica” y recordó que sólo debe usarse la fuerza en “casos excepcionales”. La presidenta y cofundadora de la organización argentina Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, respaldó a los manifestantes y pidió a los cuerpos de seguridad que “cesaran la represión contra el pueblo”. En tanto, la cancillería uruguaya realizó un comunicado para expresar su apoyo al diálogo para encontrar una “respuesta pacífica” y rechazó “los actos de violencia que sufrió el hermano país sudamericano en los últimos días”. Por su parte, el PIT CNT manifestó su “repudio tajante” a la represión contra “las masivas movilizaciones de Ecuador”.

11 días de locura

Pocas horas después del anuncio del presidente Moreno, varios gremios de transportistas de todo el país llamaron a un paro nacional para el jueves 3, día en que entraría en vigencia el Decreto 883. Quito, Guayaquil y otras ciudades importantes amanecieron sin transporte público y con varias calles y avenidas bloqueadas por las organizaciones del transporte.

En esa jornada la CONAIE llamó a más de 20 mil indígenas de todas las zonas agrícolas y rurales a movilizarse hacia Quito para exigir frente al palacio de gobierno la eliminación de las medidas económicas presentadas, pero cuando arribaron a la capital, el 7 de octubre, el primer mandatario ya no estaba. Había trasladado el gobierno a la ciudad de Guayaquil, a más de 400 kilómetros, donde se concentra la derecha ecuatoriana y las manifestaciones estaban controladas. Allí Moreno declaró que tomó esta decisión para resguardar “su bienestar” de acuerdo a “las atribuciones constitucionales que le competen”.

Al día siguiente, al ver que el presidente les había dado la espalda, las comunidades indígenas tomaron el control de la Asamblea Nacional al grito de “fuera Lenín Moreno, fuera”, aunque tampoco encontraron a los legisladores pues estaban en receso por el peligro de las protestas. Aún con el uso de gas lacrimógeno y una represión desmedida, a la Policía le llevó cerca de dos horas retomar el control de la sede y el Ejecutivo decretó toque de queda alrededor de toda infraestructura pública desde las 20 hasta las 5 horas.

Con el nivel de violencia en su punto más alto, Moreno apareció en cadena nacional para ofrecer un diálogo con las organizaciones indígenas con el fin de encontrar una “salida pacífica” y conseguir el “levantamiento” de las protestas. A su vez, acusó al ex presidente Rafael Correa y al gobierno venezolano de un “intento de golpe de Estado” y de “atentar contra la democracia”. Añadió que estaban “instrumentalizando a sectores indígenas” y “financiaban agresiones y saqueos”.

Correa, que reside en Bélgica, respondió a las acusaciones: “los golpistas son ellos, que han roto el orden constitucional todo lo que les ha dado la gana”. Asimismo, acusó a la administración de Moreno de “golpista” y de “traicionar a la revolución”, a la vez que insistió en adelantar las elecciones nacionales, señalando que se puede tomar esta vía constitucional cuando existe una “grave conmoción social”.

Existen también fundamentos para creer que algún grupo político utilizó las movilizaciones como instrumento de desestabilización. El 8 de octubre, cuando los indígenas eran expulsados de la Asamblea Nacional, varios manifestantes atacaron la Contraloría General del Estado y desde el gobierno acusaron a grupos organizados de irrumpir en el edificio para tratar de borrar pruebas criminales del caso de corrupción que se lleva contra Correa. Finalmente, el 12 los manifestantes saquearon e incendiaron el organismo. Desde el otro bando acusan a cuerpos entrenados de la Policía de inculpar a las comunidades indígenas para reprimir con más severidad las protestas. La CONAIE negó cualquier lazo con el correísmo y aseguró que su lucha fue por “la salida del FMI del Ecuador”.

El papel de los medios

Tanto los manifestantes y la CONAIE como algunos medios internacionales denunciaron “el cerco mediático”, es decir una sesgada cobertura de los medios de comunicación ecuatorianos. Los canales de televisión privados como Teleamazonas y Ecuavisa y el canal público Ecuador TV eligieron mostrar los disturbios en la vía pública y los daños económicos que ocasionaron, mientras ignoraban la violenta represión y las demandas ciudadanas.

A falta de fuentes confiables de información, los manifestantes tuvieron que denunciar mediante las redes sociales los atropellos que vivieron por parte de las fuerzas del orden público. Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó “preocupación por la situación en Ecuador” sólo después de ver por Internet videos de ciudadanos que fueron reprimidos brutalmente en las protestas.

La frustración ante el accionar de los medios fue tal que varios manifestantes quemaron el 12 las instalaciones de Teleamazonas, luego de haber atacado a un periodista del canal. Los pueblos indígenas se deslindaron completamente de estas acciones con declaraciones en Twitter.