Cartulinas, marcadores, telas y cinta adhesiva fueron los principales materiales utilizados por integrantes de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR), del Centro de Estudiantes de Información y Comunicación (Ceico) para decirle “no” a la reforma Vivir sin Miedo impulsada por el senador nacionalista Jorge Larrañaga. El viernes 11, de mañana y de tardecita, docentes, estudiantes y funcionarios se reunieron en el hall de la FIC y elaboraron mensajes con la intención de interpelar a quienes aún no han tomado postura. Los materiales fueron facilitados por alumnos, docentes y funcionarios de la facultad. Todos fueron usados sin dañar el edificio.
En la convocatoria, los gremios recordaron que el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar), así como el Consejo de la FIC y las agrupaciones gremiales se han manifestado en contra de la reforma. “Su aprobación implicaría graves consecuencias para la seguridad pública y los derechos humanos”, dice la resolución del CDC del 24 de setiembre, cuando alentó a promover el debate público y a difundir información.
Sala de Redacción asistió el viernes de mañana a la actividad de la FIC y charló con referentes de los tres gremios sobre las propuestas de Vivir sin Miedo: los allanamientos nocturnos, la suspensión de libertades anticipadas para los presos, la cadena perpetua revisable para los delitos de “alta peligrosidad” y la creación de una Guardia Nacional con personal de las Fuerzas Armadas.
Juan Bruschi, del Ceico, contó que la elección de manifestarse en contra de la reforma Vivir sin Miedo fue una decisión conjunta. Catalogó a la reforma como una “politiquería” que no resuelve nada: “Son medidas sueltas que no están coordinadas. En suma, es una medida tonta y no asegura la rehabilitación de las personas”. Aclaró que no es una medida seria que “pretenda generar una sociedad más inclusiva y armoniosa”. Por otro lado, señaló que “a nivel jurídico son cuatro medidas sueltas, con intervenciones superficiales, carecen de un plan integral”. Aclaró que si estas medidas no dan resultado sería muy complicado ir hacia atrás. “Esto estaría en la Constitución, sería difícil dar marcha atrás. Es necesario que haya un proceso de discusión para realizar esta reforma. Podría resolverse sólo por la creación de una ley”.
Macarena Gómez, licenciada en Ciencias de la Comunicación y docente del departamento de Ciencias Humanas y Sociales del Instituto de Comunicación de la FIC relató que fue necesario posicionarse sobre la reforma y que para eso se comunicaron con los colectivos de docentes (que integra) y de funcionarios. Reconoció que el tema se ha discutido en términos generales pero que ADUR no dio un “debate profundo” sobre la reforma. A su entender, Vivir sin Miedo pretende dar una solución simplista al problema de la inseguridad. “Pensamos que este tipo de medidas tienen un corte punitivo y represivo. Terminan retroalimentando el círculo de la violencia en muchos casos y no reducen lo que pretenden reducir”, señaló.
Daniel Prieto, administrativo de la sección Bedelías y miembro de AFFUR contó a Sala de Redacción que está en desacuerdo con la campaña Vivir sin Miedo porque una mayor seguridad y penas privativas de la libertad no son la solución a los problemas: “Creo en la seguridad, esa que nos brinda garantías sociales y de desarrollo. Apostamos al desarrollo social. No a una cultura del miedo y a la restricción de derechos que da el encierro”.
Allanamientos nocturnos
Sobre este artículo, Bruschi explicó que el principal fundamento de esta propuesta son las bocas de venta de droga y que “pensar que funcionan sólo en el horario nocturno es bastante tonto e irresponsable”. Relató que estos procedimientos carecen de garantías para el entorno: “Nosotros podríamos vivir al lado de una boca, hacer el allanamiento nocturno no nos da ninguna garantía. La visibilidad es menor, y los procedimientos son mucho más complejos. Ya de día son bastante complicados, sobre todo el caso de prevenir situaciones peligrosas”.
Gómez señaló que “hay un vínculo estrecho con lo jurídico”. “Es inconstitucional, ya que no se puede violentar el hogar, no se puede ingresar al hogar sin una justificación judicial, sin un argumento debido”. Asimismo, opinó que esta medida “siempre es sesgada: es para un tipo particular de población que termina siendo estigmatizada por ser considerada violenta y culpable de la inseguridad”. Por otro lado, opinó que esta medida debería tener un seguimiento porque de lo contrario, terminaría provocando “mayor violencia”.
Prieto, por su lado, destacó que lo importante es cómo se utilice la herramienta: “Se deben hacer teniendo garantías judiciales, sin un libre albedrío. Sabemos que la estrategia tiende a atacar a los sectores vulnerables y no necesariamente están vinculados con lo delictivo. Entonces creo que en conjunto todo se apoya en ese sentido”.
Prohibición de las libertades anticipadas
Con respecto a este artículo, Bruschi dijo que “es un tema discursivo”: “Va en contra de la rehabilitación de las personas privadas de libertad porque impide procesos de libertad, los desmotiva a rehabilitarse por estudio o por trabajo. Además esto hace más compleja las posibilidades de reinsertarse en la sociedad y trata a las personas privadas de libertad como irrecuperables”. Para él deberían tenerse en cuenta medidas alternativas a la privación de la libertad si se quiere apuntar a mejorar la seguridad. Gómez aseguró que la cárcel no resuelve los problemas y que “es un error considerar que cuanto más tiempo la gente esté privada de libertad mayor seguridad va haber”.
En la misma sintonía, Prieto, dijo que las cárceles como están hoy “no ayudan a nadie: ni a los presos ni a los no presos. Si yo tengo una persona encerrada por mucho tiempo lo único que estoy haciendo es tirándola a un pozo y olvidándome de ella”, explicó el funcionario.
Cadena perpetua revisable
Gómez llamó a reflexionar sobre la situación de los presos y la falta de contemplación sobre las condiciones en las que viven en las cárceles. La docente, que trabaja temas de derechos humanos, considera que son pocos los presos que están recluidos como castigo a delitos de violaciones o abusos, que son algunos de los delitos propuestos por la reforma para recibir reclusión permanente: “Las cárceles están llenas de gente que cometieron otra clase de delitos, en su mayoría están dirigidas a varones, pobres, jóvenes y con una sobrerrepresentación étnico racial diferente a la blanca”.
La pena de prisión permanente revisable “parte de la base de que un ser humano no es recuperable” afirmó Prieto. El representante del colectivo de funcionarios explicó que “todos somos un producto social” y que no se puede esperar que una persona encerrada 30 años se recupere sola.
Creación de una Guardia Nacional
“Aunque sean reeducados, los principios que se les enseñan a los militares son muy complicados. Sabemos que se han hecho pases de las Fuerzas Armadas al Ministerio del Interior pero no tenemos una posición clara sobre eso, no lo hemos hablado. Tampoco sabemos bajo qué consigna se daría la rehabilitación, ni se ha hecho una reforma de la educación militar. (Los militares) Siguen aislados administrativa y profesionalmente, como un poder aparte, no están del todo integrados a la sociedad civil” dijo Bruschi. Agregó que la reeducación de militares, que se daría en unos meses y el hecho de que pasen de un organismo a otro “no nos da ninguna garantía”. Además, “ellos ya tienen asumidas algunas cosas como el manejo de armas. La medida no está marcada en un plan integral, y afecta a la Constitución. Esa reeducación quedaría en la órbita del gobierno de turno”.
Gómez opinó que esta propuesta, al igual que los demás artículos “tienen un corte punitivo y entienden que la seguridad se resuelve de esa forma”. Considera que Vivir sin Miedo “sobredimensiona el tema de la seguridad, porque nos pone a discutir estos temas cuando podríamos estar discutiendo otros, como por ejemplo los problemas que vulneran los derechos humanos. Podríamos cuestionarnos si realmente se están llevando a cabo las políticas públicas adecuadas”. ¿Desde qué otro punto de vista podría encararse el problema? La docente mencionó que hay posturas críticas, con enfoque de derechos, que dicen que “cuando hablamos del derecho a la seguridad estamos privilegiando una manera de entender: es más importante la seguridad de la propiedad privada, y lo material queda por encima de cualquier derecho humano”, reprobó. Explicó que autores como el criminólogo italiano Alessandro Baratta cuestionan el derecho a la seguridad, porque “el Estado debería ocuparse de todas las cuestiones que involucran a los derechos humanos” y protegernos de la violencia. “Nosotros no tenemos una receta. No es tan sencillo. Pero hay cosas que están estudiadas y no sirven. Aumentar la violencia institucional por ejemplo no funciona”, resaltó.
Prieto afirmó que “las Fuerzas Armadas son educadas para otro tipo de objetivo” y dijo que se corre el riesgo de que “militarizando la vía pública haya mayor represión, o mayor contención, o mayor miedo. Yo no me voy a sentir más seguro teniendo más cámaras y un policía en cada esquina. Seguramente no va a pasar que en los barrios que están mejor ubicados a nivel geográfico, con mayor desarrollo cultural, haya represión, pero sí en otros lugares donde esto falte”.
