La Policía Federal Brasileña inició en 2014 una de las investigaciones anticorrupción más mediáticas de la historia. Se abrieron 28 causas contra 47 políticos de Brasil. El operativo se denominó Lava Jato (en castellano, “lavado de autos”) y tuvo ecos en otros países de la región, entre ellos Uruguay. La empresa petrolera de Brasil Petrobras incurrió en acciones como la corrupción pasiva, el lavado de dinero y el ocultamiento del producto de crímenes, lo que se descubrió tras el avance de las investigaciones judiciales. El estudio Posadas, Posadas y Vecino fue una de las empresas involucradas en el lavado de activos con la estatal brasileña, según reveló una nota publicada por el portal Sudestada en julio de este año.
El medio difundió documentos de la justicia brasileña en los que se explica la forma en que algunos políticos del país vecino lavaron dinero de sobornos a través de Uruguay. La documentación recogida por Sudestada detalla que el ex director de Servicios de Petrobras, Renato de Souza Duque, lavó el dinero de los sobornos recibidos a través de la empresa uruguaya Hayley, administrada por Posadas, Posadas y Vecino. El que realizó ese pago fue el lobbista Julio Camargo. El trabajo de un lobbista consiste en convencer a legisladores o autoridades para favorecer a unos determinados intereses y es habitual que trabajen en el área de Relaciones Públicas de empresas u organizaciones.
Camargo le depositó a Duque una “comisión” de más de un millón de dólares tras conseguir un gran negocio con la empresa coreana Samsung. Según Sudestada, a través de Hayley se lavaron más de 10 millones de dólares en operaciones como ésta. Se comprobó, además, que el ex ministro Henrique Lyra Alvez y el ex diputado Eduardo Cunha, ambos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), fueron condenados en una de las investigaciones que derivan del Lava Jato. Desde 2018, ambos políticos brasileños cumplen penas por formar parte de una asociación para delinquir que actuó en perjuicio de la Caixa Económica Federal.
Para poder blanquear sus fondos, el ex ministro utilizó la empresa fantasma Bellfield Investments PTE Ltd, con sede registrada en Singapur. Los apoderados de esa compañía son los funcionarios del estudio uruguayo Luis María Piñeyrúa y Jorge Haieck Reggiardo, que también son directores de decenas de empresas gestionadas por el mismo escritorio, según detalló Sudestada.
Posibles sanciones
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo evalúa la posibilidad de multar a estudios jurídicos que cometieron faltas relacionadas al lavado de activos, según informó a principios de agosto el programa radial No toquen nada. Además de Posadas, Posadas y Vecino, otros que podrían ser multados son los estudios Damiani y Algorta. La secretaría ya venía aplicando estas sanciones desde 2016, pero sólo a escribanos e inmobiliarias, por lo que sería la primera vez que se multaría a estudios jurídicos.
La ley estipula un monto máximo de dos millones de dólares de multa para estas faltas, pero debido a la gravedad de la falta y a los antecedentes de los involucrados, en este caso la multa más alta que podría aplicarse es de 30.000 dólares. De todas formas, si ello pasara los implicados tienen derecho a realizar una apelación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Si bien la secretaría antilavado aplica únicamente sanciones administrativas que se consideran faltas, en el ámbito penal se realizan otras investigaciones para determinar si hubo delito de asistencia al lavado de activos.
Los hechos que involucran a Posadas, Posadas y Vecino y a los estudios Algorta y Damiani son anteriores a 2017. En ese año, se aprobó la última ley contra el lavado de activos, que a diferencia de la anterior establece que la evasión fiscal es un delito precedente al de blanqueo de dinero. Por lo tanto, los estudios podrían argumentar quienes evadieron al fisco fueron sus clientes y que ellos no estaban obligados a preguntar de dónde venían los fondos. Como en el derecho uruguayo no se aplica la retroactividad en materia penal, la Justicia no tendría elementos para condenar a estos estudios.
Desde lo Penal
Jorge Barrera, abogado penalista, manifestó a Sala de Redacción que desde lo legal y, según la evaluación de distintos entes internacionales, “Uruguay está en el camino correcto en la lucha contra el lavado de activos”. Por su parte, el dirigente consideró positivas las actuaciones de la secretaría antilavado y de las fiscalías del crimen organizado en materia de investigación y condena del blanqueo de dinero.
Además, el abogado valoró que “el marco normativo contra esta práctica es reciente en todo el mundo” y que, “como en cualquier actividad, primero está el hecho social y después la norma”. Según Barrera, el avance en la batalla contra el lavado de activos se está gestando con fuerza en distintas partes del mundo y señaló que se vienen fijando cada vez más responsabilidades y delitos. “En principio se hizo énfasis en el narcotráfico, pero luego se agregaron delitos como el terrorismo, la trata de personas, el secuestro y los delitos económicos como la estafa”, explicó el abogado.
