Hace cuatro semanas naufragó la propuesta de derogar la Ley 19.684 de Ley Integral sobre Personas Trans, aprobada en octubre de 2018. La campaña, muy breve y en medio de la contienda electoral nacional, se manifestó con timidez en las redes sociales, dio lugar a algunos debates en radio y televisión, y obtuvo el recurso de la cadena nacional, así como también sus detractores.
El antecedente inmediato de una jornada de similares características había sido el 23 de junio de 2013, cuando los uruguayos no acompañaron el primer paso para derogar la Ley 18.897 de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Para convocar a un prerreferéndum, se deben presentar ante la Corte Electoral las firmas de al menos el 2% del padrón electoral -alrededor de 70.000 personas-. Formalmente, se lo denomina Acto de Adhesión a la interposición del recurso de Referéndum, que convoca a una instancia de votación -no obligatoria- en la que la ciudadanía resuelve si quiere o no un referéndum para derogar la ley, que se obtiene con el sufragio del 25% del electorado. Esto fue precisamente lo que sucedió el 4 de agosto: las 266.708 adhesiones estuvieron lejos del resultado mínimo exigido, de 672.938 -un cuarto de los 2.691.752 habilitados para votar-.
Tanto en el prerreferéndum de la ley trans como en el del aborto, los impulsores de la derogación se organizaron en una comisión presidida por Carlos Iafigliola, exprecandidato a presidente y actual diputado suplente del Partido Nacional. Iafigliola comenzó a recolectar firmas contra la ley trans en cuanto se promulgó la norma. En 2013 y ahora la junta de firmas estuvo a cargo del nacionalista Pablo Abdala. Sin embargo, en ambas ocasiones el Directorio del Partido Nacional se mantuvo al margen y no tomó ninguna decisión orgánica al respecto.
Una vez conocidos los resultados, Iafigliola afirmó que seguirá con su campaña en contra de la ley y que buscaría otra vía para derogarla. En los hechos, sólo podrá ser derogada total o parcialmente en el Parlamento, siempre que existan las mayorías necesarias. En 2013, tras conocer el resultado adverso, Iafligliola había hecho una declaración muy parecida, pero el tema no volvió a estar en la agenda pública con la misma fuerza.
Las comparaciones estadísticas entre ambos prerreferéndums también arrojan resultados curiosos. En ambas ocasiones, el nivel de adhesión en el interior fue mayor que en Montevideo: 8,09% contra 10,12% en 2013 y 7,88% contra 11,91% en 2019, respectivamente. La doctora en Ciencias Políticas Niki Johnson explicó a Sala de Redacción que la diferencia entre la capital y el interior es producto de culturas políticas diferentes. “Mientras en el interior la movilización política está basada en la cercanía”, la dinámica en Montevideo es más compleja ya que “hay mucha más movilización y ésta es muy efectiva de parte de las organizaciones sociales”, particularmente de las que responden a la agenda de derechos. La politóloga concluyó que “la protesta está más diversificada en la población montevideana”, lo que explica un porcentaje mayor de aprobación de leyes como las que se pretendía derogar.
En 2013 el departamento que mostró mayor adhesión al referéndum fue Rivera, con 16,38%. Esto se repite en 2019, pero con un nivel de adhesión aún mayor que rozó el mínimo exigido: 24,66%. La fuerte presencia de iglesias evangélicas en este departamento es crucial para entender estos resultados, declaró hace unos días a Sala de Redacción Alejandra Spinetti, integrante de la Unión Trans del Uruguay (Utru).
Debates diferentes
El hecho de que el acto eleccionario sea de adhesión a un referéndum hace que la opinión pública no se divida solamente en posturas en contra y a favor de la ley que se pretende derogar -como sí sucede, por ejemplo, con los plebiscitos-. Johnson concluyó que en 2013 el debate se había planteado en términos “de democracia”, es decir, el referéndum en sí mismo como instancia para decidir sobre la continuidad o no de la ley. Sin embargo, para Johnson, el debate sobre la ley trans “no se construyó discursivamente en esos términos”. Señaló que la forma en que se planteó no dio lugar a la postura de “adherir a un mecanismo democrático para decidir qué hacer”. La politóloga mencionó cambios en el contexto de discusión de esta ley y puso como ejemplo las marchas de la Diversidad y del 8 de marzo, que cada año tienen más concurrencia y demuestran mayor preocupación por la agenda de derechos.
Una encuesta realizada por Opción Consultores en noviembre de 2018 arrojó que un 38% de los uruguayos estaba en contra de la ley trans, mientras que un 33% la aprobaba y un 27% no tenía posición. El guarismo de rechazo es muy superior al 9,91% que efectivamente adhirió el 4 de agosto. Con la ley del aborto sucedió algo similar: Cifra había preguntado en mayo de 2013 qué votarían los ciudadanos en un eventual referéndum y el 46% había afirmado que escogería “SÍ”, mientras que el 44% optaría por no derogarla. Sin embargo, finalmente sólo el 8,92% adhirió a la iniciativa. Johnson considera que en ambos casos la mayoría no concurrió porque, pese a estar en contra, “no es algo que les afecte demasiado, no era un tema que te sacara de la casa”.
Cambio de posturas
Como actor social de peso, la Iglesia Católica tuvo un rol activo en la discusión sobre ambas leyes. En el caso del aborto, las conversaciones mantenidas entre Nicolás Cotugno -arzobispo de Montevideo de aquel entonces-, y Tabaré Vázquez durante su primer mandato influyeron en la decisión del presidente de vetar la ley cuando el Parlamento la aprobó en 2008. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue promulgada finalmente por José Mujica en octubre de 2012. Sin embargo, la postura contraria de Vázquez se mantiene y en 2013 concurrió a votar en el prerreferéndum. Días antes del prerreferéndum por la ley trans, la postura oficial de la Iglesia fue otra: Daniel Sturla, actual arzobispo de Montevideo, se manifestó en contra de la derogación, ya que la Iglesia “tiene que ponerse siempre del lado de las personas que sufren”.
Además de Vázquez, en 2013 también había ido a votar el expresidente Jorge Batlle y los entonces precandidatos Pablo Mieres, Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Pedro Bordaberry. Para los políticos en aquel momento “era más fácil alinearse” a favor o en contra de la adhesión, aseguró Johnson. Por su parte, el expresidente Julio María Sanguinetti no había apoyado aquel prerreferéndum. Sin embargo, en 2019 sólo un candidato apoyó públicamente la instancia y concurrió a la consulta: Guido Manini Ríos; también lo hizo la senadora nacionalista Verónica Alonso.
