Finalmente, en junio de este año el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Gabriel Kaplún, docente y representante de la Universidad de la República (Udelar) en la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA) opinó a Sala de Redacción que ciertas decisiones que hoy están en manos del Poder Ejecutivo deberían de estar a cargo del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), aún no integrado, o en su defecto a organismos lo más independientes posible de los gobiernos. “Son sobre todo decisiones que tienen que ver con procesos de asignación de frecuencias, temas delicados como, por ejemplo, decidir a quién se le da o no una radio o un canal o cómo se hacen y se establecen los llamados. Nos parecía que en esos temas era muy importante que el protagonista principal fuera el CCA”, puntualizó Kaplún.
José Imaz, representante suplente en la CHASCA, reafirmó la opinión de Kaplún y agregó la preocupación de los integrantes de esa comisión porque aún no se integró aún el CCA ni tampoco fue designado su presidente (que es seleccionado por el Poder Ejecutivo) ni los demás integrantes de la comisión (designados por el Poder Legislativo).
Federico Beltramelli, docente de la Facultad de Información y Comunicación y también integrante de la CHASCA mencionó que “la ley dice claramente que se creará el CCA como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de su capacidad de evocación (…) y será responsable de la aplicación, la fiscalización y el cumplimiento de los dispositivos de las disposiciones de la ley y su reglamentación”. Beltramelli contó los motivos de la demora: “Cuando fue a procesarse la votación de la integración del Consejo en el Poder Legislativo, la oposición dejó sin quórum a la Asamblea General y no se pudo votar, entonces no se pudo conformar el órgano rector a los efectos de la implementación y seguimiento de lo que prevé la ley. Esa es la situación en la que estamos”.
Kaplún explicó también que actualmente la ley se está aplicando de todas formas, aunque el CCA no haya sido integrado. La propia norma previó que mientras ese órgano rector no funcionara, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) sería la encargada de cumplir su función en varios terrenos y dicho organismo ya está actuando para la aplicación de algunos aspectos de la ley. Al mismo tiempo, Kaplún advirtió que cargar a la INDDHH con todas las tareas del CCA es “difícil” para ese organismo y que se perpetuó lo que en un principio era una decisión provisoria. Kaplún agregó que a esta altura no cree que el consejo se conforme para este período: “Hay falta de voluntades políticas para su creación”, sostuvo.
Por otro lado, la reglamentación tiene sus cosas positivas, resaltó Kaplún: “Por ejemplo, hubo algunos avances respecto a la accesibilidad para personas con discapacidades diversas a los medios de comunicación (ciegos, mudos, sordos), cómo se aplican las cuotas de contenidos nacionales, las sanciones frente al incumplimiento de la ley -había que establecer un marco de sanciones frente a las distintos incumplimientos o faltas cometidas-, entre otros. Se hubiera querido avanzar más, pero se avanzó”.
