Se viven días muy fríos en el país y, al igual que en años anteriores, vuelve a surgir la polémica sobre las personas en situación de calle. La primera semana de julio, cuando en varios departamentos las temperaturas marcaron bajo cero, hubo una gran polémica tras el fallecimiento de dos personas a causa de la ola polar. Uno de ellos era un cuidacoches de 59 años que había sido usuario de los refugios y murió la noche del 4 en la zona de La Blanqueada. El otro, de 62 años, era de Pando. La directora del Ministerio de Desarrollo Social, Eleonora Bianchi, dijo en conferencia de prensa que esta persona estuvo en un centro hasta el mes de enero, pero decidió no permanecer allí. “Hay un tema de libertad personal que no se puede coartar”, afirmó.
El colectivo Ni Todo Está Perdido también se expresó en un comunicado en el que manifestaba que “las víctimas del frío son víctimas de la negligencia de un sistema injusto que no protege de igual forma a la ciudadanía, siendo el Estado el principal responsable”. La discusión se desató también en el ámbito político. El dirigente de la Vertiente Artiguista, Daoiz Uriarte, elaboró un proyecto de ley que propone que se pueda obligar a aquellas personas que se encuentren a la intemperie a trasladarse a algún refugio o a la casa de un familiar o amigo. “En caso de que la persona se niegue, se llama a un juez y éste da la orden de que se traslade a la persona de forma urgente”, explicó a Sala de Redacción.
Asimismo, planteó que este procedimiento podría aplicarse durante todo el año y no sólo durante el invierno. La ley 18.787, de 2011, ya establece que “las personas que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin que presten su consentimiento”. Consultado sobre la diferencia que hay entre su propuesta y las leyes existentes que refieren al tema, Uriarte opinó que “la ley 18.787 tiene una falla, ya que sólo es aplicable si un médico certifica que la persona se encuentra en grave estado de salud” y agregó que “en la calle el médico no puede usar los elementos técnicos que necesita para certificar”, lo que “lleva a que sea difícil su aplicación”. Además, mientras que la ley 18.787 propone una internación en hospitales o instituciones psiquiátricas, la propuesta de Uriarte es que las personas sean movilizadas a un lugar en el que puedan dormir, pero que no se las interne.
Por otra parte, la ley 19.120, conocida como la ley de faltas, establece que “quienes ocupen espacios públicos acampando o pernoctando en forma permanente en ellos, será castigado con pena de siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario, si habiendo sido intimado 2 veces de que desista de su actitud, por parte de la autoridad municipal o policial correspondiente, persiste en la misma”. Siempre que se constaten las conductas referidas, la persona será trasladada a una dependencia del Mides a los efectos de que se recabe su identidad, se le ofrezca una alternativa adecuada a su situación y se dé cuenta al juez competente.
Uriarte aseguró que el enfoque de esta ley es equivocado debido a que “en ella se criminaliza y desconoce la realidad de las personas en situación de calle, que han sido institucionalizadas en algún momento y que están en un estado de exclusión social”. El dirigente consideró que “dormir en la calle no es un delito, pero tampoco es un derecho”, por lo que afirmó que “el derecho es a tener un lugar donde dormir y el Estado tiene la obligación de brindar esto”.
La senadora socialista Mónica Xavier declaró a El Observador que “ya hay suficiente legislación para tratar los casos en los que las personas sufren riesgo de muerte”. Al respecto, Uriarte expresó: “si esa es su opinión, hay que reconocer que (las leyes) no están teniendo el efecto que esperamos porque cada vez hay más gente en la calle. Además, el propio Mides dice que no tiene herramientas para llevarlos por la fuerza”. En tanto, desde la oposición, el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, en diálogo con Radio Uruguay, hizo hincapié en la necesidad de que se cumpla la ley 18.787 que el Mides “no aplica”.
El proyecto fue presentado el viernes 26 de julio a la mesa política y la bancada del Frente Amplio. Uriarte manifestó que tiene muchas expectativas sobre la aprobación del proyecto, pero aclaró que no cree que “solucione el fondo de la cuestión que es mucho más profunda y multicausal”. Insistió, de todos modos, en que mientras se “investigan” estas causas, no se puede “dejar que siga habiendo personas en la calle”.
Datos oficiales
Según el censo que realizó el Mides en abril, son 2.038 las personas que viven en situación de calle: 1.043 en la intemperie y 995 en refugios que dependen de este ministerio. Entre 2016 y 2019 el número aumentó un 18,4 por ciento. Eso significa que fueron 304 quienes pasaron a vivir en estas condiciones.
El censo establece también que más de un 50 por ciento declara que llegó a estas circunstancias por problemas de convivencia con aquellas personas con las que vivía y un 30 por ciento por consumo de sustancias -en primer lugar se encuentra el alcohol, seguido por la pasta base, la marihuana y la cocaína-.
En diálogo con Sala de Redacción, la directora de la División de Programas para personas en situación de calle del Mides, Micaela Melgar, sostuvo que “este fenómeno aumenta a nivel global” y, aunque “las políticas focalizadas funcionan, es un hecho dinámico de gran movilidad”. Remarcó, además, que se deben atacar las causas.
El Mides lleva a cabo el Plan Invierno, que comenzó el 15 de mayo y se extenderá hasta el 31 de octubre. Actualmente hay 2.070 cupos, pero durante el invierno se habilitan 200 más con la apertura de tres centros de contingencia y tres cupos extra en los centros que funcionan en el año. “Hoy todas las personas que quieren ingresar lo pueden hacer, la oferta de cupos que tenemos cubre la demanda”, afirmó Melgar.
El ministerio aborda esta problemática a través del Programa Calle, el Programa de Atención a Mujeres con Niños, Niñas y Adolescentes y el Programa de Cuidados. El primero de ellos está dirigido a mayores de 18 años y su principal dispositivo de atención son los centros nocturnos, aunque también cuenta con dos centros de 24 horas. El segundo tiene cinco modalidades de atención, todas de 24 horas. En tanto, el tercero está dirigido a personas que necesitan cuidados durante procesos de recuperación o tienen patologías crónicas y cuenta con un centro de recuperación, Tarará Prado, dos centros de 24 horas que atienden a personas mayores de 55 años autoválidos o con dependencia leve y un centro diurno para usuarios de centros nocturnos del Programa Calle con patologías psiquiátricas en tratamiento. Según Melgar, la mayoría de las personas “egresa de los dispositivos positivamente”. Es decir que, una vez que pasan por ellos, no vuelven a estar en situación de calle.
Otra voz
Sala de Redacción habló también con Juan, integrante del colectivo Ni Todo Está Perdido, formado por personas que viven en la calle. Él es músico y técnico en reparación de celulares, quiere volver a tener su casa y trabajo. En este momento asiste a un refugio del Mides, en el que puede estar de 18 a 9 horas, donde accede a una cama, comida caliente y el desayuno. Juan, al igual que otros integrantes del grupo, pasa parte de su día en la Facultad de Ciencias Sociales, que les brinda un lugar para realizar sus reuniones. Allí tienen un baño y pueden hacer uso de la sala de informática del centro estudiantil. Todos los refugios del Mides cuentan con psicólogos y asistentes sociales, “está en cada usuario hacer uso de ellos, o no”, aseguró Juan.
Un Equipo Móvil que funciona de 9 a 24 horas realiza recorridas por Montevideo e invita a las personas que se encuentran en la calle a asistir a los refugios. Según el censo mencionado, una de cada dos personas declara la voluntad de asistir a un refugio. Entre aquellos que se niegan, muchos argumentan que no los dejan ingresar con sus mascotas o que en los centros les roban sus pertenencias. Para Juan esto no ocurre en todos los lugares ya que cuentan con un locker en el que pueden guardar sus cosas.
Otro de los datos del censo revela que no hay niños, niñas y adolescentes que duerman en la calle. Para Juan esta afirmación no está en lo cierto: “no hay tantos mendigando, pero sí hay niños durmiendo”. Sobre la actitud de la población hacia aquellos que no tienen un hogar, Juan percibe que la gran mayoría es indiferente y que “incluso les molesta”. Como contracara -si bien los datos presentados por el Mides exhiben que, respecto a 2016, bajó el porcentaje de personas en situación de calle que declara tener apoyo de vecinos o comerciantes- aumentó el de quienes dicen recibir apoyo de alguna institución.
