El aumento de puestos de trabajo mediante el desarrollo de emprendimientos es una opción que suena con mayor intensidad en los últimos años. Según la encuestadora de Monitor de Emprendimiento Global, la tasa emprendedora en Uruguay en 2018 fue de 16 por ciento, cifra que se desprende de la población de 18 a 64 años que es propietaria de una nueva empresa. Léase, un emprendedor.
La encuestadora incluye en este término a quienes han pasado por tres etapas: la fase inicial o de gestación, cuando se desarrolla la idea del negocio o producto; la fase de establecimiento, cuando ya se es dueño y se han pagado salarios por más de tres meses y por menos de 42; y la fase de posibilidad de cierre del mismo, que implica haber operado por más de 42 meses. Esto aplica a todo tipo de negocio, sean tradicionales, de innovación o cooperativas.
El Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme), trabaja en conjunto con los emprendedores el proceso formativo de los proyectos. Por emprendedor se entiende, indica quien dirige esta área, Rafael Mendive, cualquier persona que, por necesidad o vocación, empieza un negocio. Dentro de esta amplia definición, distingue dos tipos: el autoempleo −individuo que busca convertirse en su propio jefe y en el camino crea puestos de trabajo− o la incorporación de un elemento novedoso en el mercado.
Mendive también señala el camino a seguir para desarrollar una empresa: “se empieza con las ideas de las personas, sean propuestas de un negocio tradicional o la presentación de innovación al mercado, luego se contrastan las destrezas que se tienen para llevar a cabo los objetivos que se propusieron” y, si el resultado es prometedor y se ajusta a lo que pretende el emprendedor, “se buscan los medios técnicos y financieros para iniciar el proyecto”.
Carmen Sánchez, gerenta del Área de Promoción de Emprendimiento de Dinapyme, explica que trabajan con herramientas de desarrollo de conocimiento y estrategias para el crecimiento del negocio, pero no prestan ayuda económica directamente sino a través de otras instituciones del Estado.
Una de las organizaciones que apoya a la inversión de las pequeñas y medianas empresas es la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande), que integra el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, creado en 2016. Amalia Quirici, gerenta de Emprendimientos de Ande, sostiene que los bosquejos que se postulan para recibir financiamiento deben demostrar que existe un público interesado por el producto y que aportará innovación o tecnología al mercado.
Tanto Sánchez como Quirici asistieron al noveno Seminario-Taller para Profesionales del Ecosistema Emprendedor de América Latina (Prodem), que se desarrolló del 7 al 10 de mayo en Montevideo. “¿Cómo formar un ecosistema emprendedor en el país?” y “¿cuál es el rol de los gobiernos en este ecosistema?” fueron dos de las preguntas que varios expertos nacionales e internacionales trataron de responder.
Marco legal
A estas cuestiones se suma el proyecto de ley para la Promoción de Emprendimientos, aprobado por la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes. Ahora se discutirá en la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara Alta.
El proyecto busca fomentar un ecosistema emprendedor en el país al declararlo de interés nacional. Además, propone crear la Sociedad por Acciones Simplificada, con nuevas formas de organizaciones corporativas que flexibilizan la estructura societaria tradicional. Es decir, permite que los inversionistas puedan, a través de mecanismos electrónicos, hacer valer sus derechos en la forma pactada y no atravesar intrincadas alternativas legales. Asimismo, modifica la administración, pues su forma y funciones queda adjudicada a la libertad de los socios. A su vez, se permitirá el uso
de las Plataformas de Financiamiento Colectivo, más conocidas como crowdfunding, bajo la supervisión y regulación del Banco Central del Uruguay.
