A raíz de la renuncia anticipada del ex rector Rodrigo Arim para asumir la dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) bajo el nuevo gobierno nacional, se convocaron elecciones por período complementario para definir su sucesión. En un escenario marcado por el cambio de administración y el inminente pedido presupuestal para el próximo quinquenio, la elección del nuevo rector no solo definirá el rumbo académico de la Universidad, sino también su lugar en la vida política y social del país.

Gregory Randall, docente de Ingeniería y ex prorrector de Investigación, propone una Universidad de la República (Udelar) proyectada hacia 2050. Con un perfil técnico y una fuerte conciencia política, busca fortalecer el sistema universitario frente a posibles retrocesos democráticos. Héctor Cancela, también docente, ex decano de Ingeniería y ex presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), plantea una Universidad combativa, con foco en respuestas concretas de corto plazo frente a los desafíos sociales y tecnológicos. El decano de Facultad de Artes, Fernando Miranda, impulsa una Udelar inclusiva, con eje en los derechos, la cultura y el bienestar estudiantil, y con fuerte anclaje territorial. En tanto, Nicolás Wschebor, docente de Ingeniería, propone la reforma más disruptiva: transformar la Udelar en un sistema de universidades autónomas, con la descentralización, la innovación y la participación como pilares.

La Ley Orgánica en debate

La gobernanza universitaria está en el centro de la discusión. La Ley Orgánica de la Udelar, vigente desde 1958, es la columna vertebral que define su autonomía, su carácter público y el sistema de cogobierno entre estudiantes, docentes y egresados. Es la norma que establece cómo se organiza y funciona la institución. 

Tres de los cuatro postulantes —Randall, Wschebor y Miranda—, consideran que la Ley Orgánica ha quedado obsoleta. En su opinión, el crecimiento territorial y poblacional de la Udelar, que pasó de 15.000 a más de 160.000 estudiantes, exige una estructura más descentralizada y democrática.

En diálogo con Sala de Redacción, Wschebor definió a la ley como una “traba” y propuso una transformación más radical: dividir la Udelar en un sistema de universidades autónomas, con cogobierno, rectorado y presupuesto propios bajo un paraguas común. Al igual que Randall, comparten la visión de descentralizar a través de la creación de “estructuras intermedias”. Miranda también apuesta por mayor descentralización, pero dentro de un marco unificado que garantice la ciudadanía universitaria efectiva. Denuncia que muchos estudiantes atraviesan su carrera sin haber votado nunca en los órganos decisores de la Universidad.

En la vereda opuesta, Cancela descarta una reforma legal en este período. Sostiene que los cambios urgentes pueden hacerse dentro del marco normativo vigente, a través de ajustes reglamentarios. Para él, abrir la ley desviaría el foco de la verdadera prioridad: la defensa del presupuesto. 

En esta línea, Randall advirtió que la Universidad debe anticiparse a una posible reforma externa: “Si nosotros no cambiamos la Ley Orgánica, el país la va a cambiar en algún momento. Sería muy malo que el poder político lo hiciera sin el acuerdo de la Universidad”. En ese sentido, cuestionó la pasividad institucional frente a decisiones que afectaron la autonomía universitaria. “Cuando se aprobó la LUC, se sacó un artículo que le daba a la Universidad la potestad de revalidar títulos y a nadie se le movió un pelo”, concluyó en diálogo con Sala de Redacción.

Pedido presupuestal

Todos los candidatos coinciden en que el próximo rector tendrá como desafío central la defensa del Plan Estratégico 2025–2030, ya aprobado por el Consejo Directivo Central (CDC), que fija la hoja de ruta académica, institucional y presupuestal para el quinquenio. Además el Frente Amplio, actualmente en el gobierno, incluyó en su programa el compromiso de destinar el 6% del PIB a la educación y el 1% a la investigación, cifras que podrían ser exigidas por los distintos candidatos.

Cancela, uno de los protagonistas en la defensa del presupuesto universitario durante la Rendición de Cuentas de 2023 (cuando la Udelar recibió apenas una fracción de lo solicitado bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou), propone una postura firme ante los poderes del Estado. Su enfoque apuesta a una defensa activa de la universidad pública, basada en una visión estratégica de país. Subraya que el plan fue construido con fuerte participación colectiva y constituye un mandato institucional. En su plataforma plantea articular esta defensa con las demandas sociales y territoriales.

Por su parte, Randall apuesta por una estrategia dialoguista con el nuevo gobierno, sin renunciar a la movilización universitaria. Expresó su expectativa de que haya una fuerte presencia de la comunidad en las calles durante la discusión presupuestal, “una movilización que nos acerque a la sociedad, por la cual trabajamos permanentemente”. Señala que la ciudadanía conoce el impacto cotidiano de la universidad y confía en que el acompañamiento llegará desde sectores populares y productivos, así como desde gobiernos departamentales y legisladores del interior.

Para Wschebor aumentar los recursos es clave, pero más importante aún es garantizar su buen uso: “No se trata solo de tener más presupuesto, sino de usarlo bien”, advirtió a Sala de Redacción. Sostuvo que, a la hora de defender el presupuesto ante al Poder Ejecutivo, “es importante llevar a personalidades del mundo académico que tengan llegada en el Parlamento y que pueden ayudar a convencer a los legisladores de que lo que reclamamos no es solo porque queremos tener más plata para nosotros”.

Miranda, en tanto, propone una mirada estructural que combine urgencia coyuntural con planificación a largo plazo, con la articulación de los distintos gremios, órdenes y autoridades. Agrega que la defensa del presupuesto debe tener un enfoque integral que articule a todos los actores universitarios: “hay una tarea reivindicativa que deben asumir los gremios y los órdenes, pero también una responsabilidad clara por parte de las autoridades universitarias”, explicó. 

Si bien todos respaldan la histórica consigna del 6% del PIB para educación y 1% para investigación, Miranda y Wschebor cuestionan su rigidez simbólica. “El 6+1 es móvil”, señala Miranda. Y agrega: “importan también los montos absolutos”. 

Randall se refirió a la consigna del 6+1 y destacó la necesidad de fortalecer tanto la investigación pública como la privada. “Nos parece negativo que en este país el 80% de la investigación esté concentrada en la Universidad de la República. Ojalá la Universidad pueda colaborar más con otras instituciones, en beneficio de todos”, afirmó.

Políticas de cuidado frente a la violencia, acoso y discriminación

Randall y Cancela confluyen en una propuesta concreta: la elaboración y aprobación de un código de ética institucional, surgido de un proceso participativo, que establezca principios claros de convivencia y actúe como referencia ante situaciones de violencia o discriminación. Ambos sostienen que esta herramienta sería central para consolidar una cultura universitaria basada en el respeto, la equidad y los cuidados.

Cancela va más allá y propone acompañar ese código con espacios colectivos de reflexión, formación específica y un sistema institucional de escucha activa. Su mirada incorpora una fuerte perspectiva interseccional: no se trata solo de género, sino también de discapacidad, racialización u orientación sexual. “Hay que poner una mirada interseccional sobre la mesa”, dijo a Sala de Redacción y añadió que los cuidados a niños y niñas “deben garantizarse todo el año, no solo en vacaciones”. En su programa plantea reforzar los equipos de atención a las denuncias y avanzar hacia una Universidad empática, inclusiva y comprometida con el antirracismo, recuerda que “la Udelar se declaró una universidad antirracista” y que es importante acompañar esta declaración con políticas y programas que contribuyan a la visibilización de conocimientos y aportes de las comunidades racializadas en la formación académica.

Randall, por su parte, destaca la necesidad de reconocer el valor del trabajo de cuidados y sugiere que el nuevo código de ética se articule con acciones presupuestadas en el próximo quinquenio. En su plataforma, llama a “fortalecer protocolos, estructuras y acciones” para una transformación cultural profunda, de la mano de la lucha contra el patriarcado impulsada por el feminismo.

Desde otra perspectiva, Miranda pone el foco en las inequidades de género dentro de la carrera académica. Señala que las mujeres concentran los grados docentes más bajos y que es necesario revertir esta situación con políticas activas. También propone ampliar el abordaje de las políticas de cuidados para incorporar dimensiones como salud mental, discapacidad y vejez, articulándolas con los programas públicos ya existentes.

Wschebor, en tanto, plantea medidas concretas para garantizar la equidad: cuotas de género en espacios de decisión, formación contra la discriminación y actualización de normativa que apuesta a mejorar la conciliación entre la vida académica y la familiar, también implementar dispositivos eficaces contra el acoso. “La ausencia de candidatas al rectorado es un síntoma de la inequidad de género que tenemos en la Universidad”, sostuvo en entrevista con Sala de Redacción, en la que reconoció que los sacrificios que implica el cargo recaen más fuertemente sobre las mujeres. “Yo soy hombre, este sacrificio para las mujeres es aún mayor”, expresó.

La Universidad de la Educación cada vez más próxima

La posibilidad de que la formación docente alcance un rango universitario, con autonomía y cogobierno, se volvió un tema clave en la agenda de los cuatro candidatos al rectorado de la Universidad. Aunque la Udelar no tiene influencia directa en la decisión, el futuro rector jugará un rol relevante en el diálogo interinstitucional que puede destrabar —o impulsar— la creación de una Universidad de la Educación (UNED).

Para Randall, es clave que la Udelar no mire el proceso desde afuera. Señala que la Universidad debe “poner a disposición sus capacidades para que la formación docente tenga nivel universitario”, y que debe hacerlo con “humildad, generosidad y espíritu constructivo”, según destaca en su plataforma “¿Qué Universidad queremos?”.

Miranda se enfoca en el marco legal e institucional necesario para que la futura universidad no funcione de forma aislada, sino integrada en un sistema. Propone repensar la Ley Orgánica en clave de “sistema universitario público, lo que permitiría coordinar ofertas, evitar duplicaciones y mejorar el uso de los recursos presupuestales disponibles”, sostuvo a Sala de Redacción. Para Miranda, la UNED debería surgir como parte de un rediseño del sistema, no como una excepción.

Wschebor considera que una universidad autónoma y cogobernada para la formación docente es deseable, pero advierte que su creación con esa forma institucional “no lograría hoy los dos tercios parlamentarios necesarios”. Como alternativa, propone reformar la Ley Orgánica para habilitar la coexistencia de múltiples universidades públicas, lo que permitiría que la UNED exista como una nueva entidad dentro del marco jurídico de la Udelar.

Por su parte, Cancela vuelve a remarcar la importancia de una formación docente reconocida a nivel universitario: “solo en este país no lo es”. Su enfoque apuesta por una estrategia pragmática y gradual, basada en el fortalecimiento del trabajo interinstitucional. No propone la creación de una nueva universidad como un paso inmediato, sino como una posibilidad que podría surgir a partir del desarrollo de vínculos ya existentes entre la ANEP, la Udelar y la UTEC. El expresidente de ADUR señala experiencias previas como las carreras de tecnólogo compartidas, las maestrías conjuntas o los campus regionales en Rivera, y plantea avanzar en mecanismos como el reconocimiento de créditos y la movilidad estudiantil para construir una oferta universitaria más integrada. Todo ello sin necesidad, al menos por ahora, de modificar la Ley Orgánica, según se plantea en su plataforma “Por una universidad participativa y comprometida con el país”.

Las diferentes realidades de los docentes

Aunque con matices, los cuatro aspirantes al rectorado de la Universidad coinciden en que la expansión del estudiantado no fue acompañada por un crecimiento proporcional del plantel docente, lo que genera sobrecarga, precarización y pérdida de calidad educativa.

En ese sentido, Miranda propone una reducción de la jornada laboral “sin pérdida del salario, de fuentes de empleo y que asegure el mantenimiento de la cantidad y calidad del trabajo producido”. 

Por su parte y en diálogo con Sala de Redacción, Wschebor consideró esta propuesta como una posibilidad. Planteó además reformar el régimen de Dedicación Total y priorizar la formación de posgrado para los grados iniciales.

Cancela advierte que, sin mejorar la relación entre docentes y estudiantes, no habrá innovación pedagógica sustentable, y propone revisar los sistemas de evaluación académica. Randall, en tanto, insiste en estabilizar la carrera con más cargos grado 3 y ajustes salariales desde el ingreso. En todos los casos, la preocupación es la misma: evitar que las condiciones laborales sigan desbordando a quienes sostienen el corazón de la Universidad.

El personal no docente como pilar fundamental 

Las propuestas para la rectoría de la Udelar apuestan en su totalidad a la mejora de las condiciones laborales del personal técnico, administrativo y de servicios (TAS). Wschebor, Miranda y Cancela van un paso más allá al proponer una negociación colectiva activa, con participación del PIT-CNT y del Ministerio de Trabajo, para construir condiciones laborales sostenibles. También plantean concursos de ascenso más ágiles, formación continua y una mayor participación del personal TAS en la vida universitaria. En el caso de Miranda, además sugiere acompañar estas medidas con la posible reducción horaria.

Randall, si bien acompaña algunas de estas propuestas, aborda el tema desde una perspectiva más estructural de la gestión de recursos. Cuestiona con firmeza la figura del “pase en comisión”, a la que considera un desvío funcional que desvaloriza el rol del personal dentro de la Universidad.