Ante el reclamo de la empresa de transporte Uber, debido a la falta de plazas para nuevos choferes, la Intendencia de Montevideo (IM) salió al cruce y argumentó que la asignación de cupos tiene el objetivo de mantener la estabilidad del sector y salvaguardar los empleos actuales. En diálogo con Sala de Redacción, el representante de la gremial del taxi, Óscar Dourado, expresó que las aplicaciones como Uber “irrumpen en el mercado sin autorización y sin responsabilidad social”.
Asimismo, el representante de la gremial manifestó que le gustaría saber si las aplicaciones de transporte “en algún momento pagarán las jubilaciones de quienes trabajan”. Para el dirigente, las exoneraciones económicas y la falta de responsabilidad civil de estas empresas generan una competencia desleal, a pesar de la intervención de la IM.
A mediados de septiembre la comuna realizó la convocatoria para los interesados en obtener el permiso necesario para prestar servicios de transporte en aplicaciones como Uber o Cabify. Este registro de choferes no se abría desde hace seis años, y más de 6000 personas se inscribieron a la espera de contar con una oportunidad de trabajo.
Finalizada la convocatoria, la IM otorgó tan solo 200 nuevos permisos, lo que desató el reclamo de la empresa Uber. Para la compañía, este número es insuficiente, ya que señalan que el tope de cupos es para 4000 autorizaciones, y son alrededor de 1800 los que están en actividad, lo que deja unos 2000 cupos vacantes.
Para Gerardo Sastre, uno de los fundadores de la Asociación de Conductores Uruguaya de Aplicaciones, las acusaciones de Uber son “falaces”, ya que la empresa no menciona las “irregularidades” que comete, como por ejemplo, la inscripción de taxis en la plataforma. Sastre explicó a Sala de Redacción que no es que los taxis no tengan autorización, sino que lo hacen de una manera muy “precarizada”, con conductores que son empleados de los dueños de los taxis y muchas veces “no saben que realizan viajes con la aplicación Uber”. Y, en caso de que ocurra un siniestro, la plataforma no se hace responsable.
Además, Sastre expresó que “la intendencia actuó con cautela ante la apertura”, ya que tomó como referencia los 2000 permisionarios que quedaban activos post pandemia, y remarcó que “el que generó todo este conflicto fue la propia empresa Uber”. En cuanto a las declaraciones de Dourado sobre los aportes jubilatorios, respondió que, si bien es cierto que Uber no paga aportes, los conductores sí lo hacen. “Nosotros no somos empleados de Uber, aportamos al BPS como empresa literal E”, remarcó.
Problema y… ¿solución?
Según Sastre, el principal problema que enfrentan los conductores de aplicaciones de transporte, como Uber, es la caída de permisos. Esto se da comúnmente por la exigencia en el recambio de los vehículos. “A los seis años nos obligan a cambiar de vehículo”, lo que implica un gasto difícil de afrontar para los trabajadores.
El problema radica en la rentabilidad del negocio, que según Sastre resulta insostenible debido a los elevados costos fijos. “Tenés un costo empresarial de 33 mil pesos mensuales más el 30% del combustible”, señala. Estos costos básicos ascienden a aproximadamente 60.000 pesos al mes, mientras que la recaudación promedio de un vehículo es de 120.000 pesos, lo que deja un 50% de la recaudación destinada a cubrir los gastos operativos.
Además agregó que cargan con la responsabilidad “de trasladar personas, de todos los costos del vehículo y de todo lo que ocurra con él”, lo que hace que “la gente se termine bajando”. Sastre opinó que una solución para los conductores sería obtener “beneficios fiscales, como los tiene el taxi”.
Valentina Larrea González / Sebastián Sasco
