A días de las elecciones, muchos uruguayos dudan si incluir la papeleta a favor del plebiscito de la seguridad social. El objetivo de la Comisión Nacional “Afirmá tus derechos”, impulsora del plebiscito, propone modificar el artículo 67 de la Constitución y así fijar la edad de retiro a los 60 años, equiparar las jubilaciones más bajas con el salario mínimo y eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs).
La iniciativa, impulsada por el PIT-CNT y acompañada por algunos sectores del Frente Amplio (FA) como el Partido Comunista y el Partido Socialista, surge a partir de la disconformidad con la reforma realizada por el gobierno de Luis Lacalle Pou en 2023 que aumentó la edad de retiro a 65 años. En diálogo con SdR, Guillermo Fuentes, doctor en Gobierno y Políticas Públicas, opinó que la “inacción” del FA como oposición a la reforma del gobierno provocó que el movimiento sindical tomara “un rol que el partido decidió no ocupar, quizás por estrategia electoral”.
En contra de la iniciativa, naturalmente, se encuentra el gobierno de la coalición republicana, las cámaras empresariales y analistas económicos entre los que se encuentra un grupo de 112 economistas alineados al FA, denominado “Frenteamplistas por el no”. El resto de los grandes sectores del FA y la fórmula presidencial no se posicionaron a favor -algunos incluso llegaron a decir que no lo votarán-, pero mantuvieron una postura de libertad de acción. El politólogo Gustavo Méndez Barbato comentó a SdR que “los que están a favor tienen una acción colectiva sencilla, todos apoyan lo que dice la papeleta”. Sin embargo, los que se oponen, lo hacen con diferentes evaluaciones, ya que “algunos se oponen por la forma, otros por la oportunidad o por parte del contenido, entonces es mucho más plural este bando”, consideró.
Eliminación del sistema mixto
El desequilibrio demográfico provoca que la cantidad de aportes que realizan los trabajadores a la seguridad social no llegue a cubrir el monto total de las prestaciones, por tanto, el sistema previsional necesita apoyo del Estado para financiarse. La intención del sistema mixto es recurrir a las AFAPs para cubrir parte de ese apoyo y bajar la carga del Estado: este es el principal punto para declarar “sostenible” o “insostenible” en términos económicos a la reforma.
Los impulsores del “Sí” afirman que las AFAPs fracasaron, son ineficientes y no resuelven el problema principal. Aseguran que el 90% de los jubilados a través de una AFAP reciben en promedio cinco mil pesos por mes cuando se les había prometido una doble jubilación y catalogan de “injusto” al sistema por el cobro obligatorio de una comisión.
Los detractores en cambio sostienen que las AFAPs no son perfectas, pero eliminarlas y volcar los fondos del ahorro individual en un fideicomiso público implicaría una “confiscación en términos jurídicos” que va en contra de los derechos de la propiedad privada. Rodolfo Saldain, redactor de la reforma de la seguridad social del Poder Ejecutivo, sostuvo en un debate realizado por la Facultad de Ciencias Sociales que eliminar las AFAPs motivará miles de juicios al Estado por parte de ahorristas y empresas. Saldain aseguró que “pone en riesgo la viabilidad de la seguridad social y la viabilidad del país”. Quienes apoyan el “Sí” no están de acuerdo con llamarlo “confiscación” porque afirman que con la nueva reforma las personas cobrarían lo mismo o más cuando se jubilen y que será el Parlamento quien administre el fideicomiso proveniente del sistema mixto.
Jubilaciones y pensiones atadas al salario mínimo
El punto 6 de la reforma constitucional establece que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del Salario Mínimo Nacional. Según informes del Banco de Previsión Social (BPS) al cierre de 2023, hay 70.418 jubilados con ingresos sumergidos ($18.531), mientras que 248.000 jubilaciones no llegan al salario mínimo nacional, situado en $22.268. Los que están en contra del plebiscito sostienen que la papeleta no deja claro si este monto mínimo se le atribuye a cada persona o a cada jubilación o pensión, por lo que habría que recurrir a leyes interpretativas para esclarecerlo y se podría someter al Estado a juicios por inconstitucionalidad. En ese sentido, los detractores de la reforma aseguran que el incremento de las jubilaciones que están por debajo del salario mínimo nacional, pese a que la persona perciba otra jubilación o pensión y cobre en total una suma superior, sería injusto y podría costar entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Los impulsores, en cambio, sostienen que está claro que el texto se refiere a lo que el jubilado o pensionista recibe en total, es decir que si se recibe más de una jubilación o pensión esos montos se suman, y aclaran que con la interpretación correcta el costo sería de 460 millones.
Edad jubilatoria en 60 años
Esta medida responde directamente a la reforma de 2023, cuando la edad mínima de jubilación pasó de 60 a 65 años. Los promotores del “Sí” argumentan que el mecanismo de reforma constitucional, es decir un plebiscito, es la única herramienta disponible para revertir este punto.
Sergio Sommaruga, dirigente sindical, opinó en varias apariciones públicas que sumar 5 años es “una confiscación del tiempo libre jubilatorio” y denunció una reducción de las jubilaciones. Según consigna el portal del PIT-CNT, Marcelo Abdala, presidente de la central sindical, consideró que “es difícil mantener el empleo a tiempo completo hasta el final de la vida laboral. En particular, después de los 50 años, si alguien pierde su empleo, es sumamente difícil reinsertarse en el mundo laboral en condiciones iguales a las que tenía”.
Por su parte, los detractores del plebiscito argumentan que fijar una edad de retiro en la Constitución configura una “norma rígida”, que va “contra la racionalidad” de los avances médicos y el incremento de la esperanza de vida. Sobre este punto, el diputado colorado Ope Pasquet sostuvo durante el debate que “si la reforma no sale, es evidente que la discusión va a continuar, porque el tema requiere de un ajuste permanente”, mientras que establecerlo en la Constitución “rigidiza algo que debería ser flexible”.
Posibles escenarios
Fuentes comentó que “hay buenas razones de los dos lados, es una discusión abierta, pero no hay que caricaturizar los extremos”, y agregó que “en términos de políticas públicas, el éxito o fracaso va a depender en buena medida de quien ocupe los cargos de decisión”. Por su parte, Méndez Barbato sostuvo que “hay que tener en cuenta que cuanto más se fijan cuestiones presupuestales en la Constitución, obviamente se rigidiza el gasto, y el gasto es uno de los principales instrumentos que tiene el Estado para incidir en la estratificación social (distribución de la riqueza) y siempre hay algunos márgenes de discrecionalidad para las políticas y las normas interpretativas”.
De aprobarse el “Sí”, no hay un lineamiento único para determinar cómo el sistema político lo pondrían en práctica. Sin embargo, sí existen propuestas de todos los partidos en las políticas que se quieren implementar de no aprobarse la reforma. El Partido Colorado defiende en su programa de gobierno la reforma actual y propone habilitar la inversión extranjera en las AFAPs con el fin de mejorar la rentabilidad de los ahorros individuales. El Partido Nacional no pretende hacer grandes modificaciones a la reforma actual y en su programa plantea una serie de mejoras que tienen que ver con la gestión del BPS. El FA, en tanto, propone en su programa de gobierno “convocar a un diálogo” para mejorar el sistema previsional, revisar todas las cajas y reformarlas en base al “acceso igualitario a la seguridad social”, volver a la edad de 60 años con flexibilidad para los que quieran seguir trabajando y mejorar los niveles de cobertura. También plantea revisar el sistema de financiación con un criterio de equidad para “que aporten más los que tengan más”.
