Las encuestas preveían que ninguno de los 11 partidos que votaron los uruguayos el 27 de octubre superaría el 50% más uno de los votos emitidos -votos a partidos más votos en blanco y anulados- para ganar en primera vuelta. Tal como lo definió la reforma constitucional de 1997, los cargos de presidente y vicepresidente son elegidos por mayoría absoluta; la reforma de 1997 ajustó, además, el calendario electoral, y estableció elecciones internas en junio, nacionales en octubre -antes eran en noviembre-, segunda vuelta un mes más tarde y departamentales en mayo del año siguiente.
En diálogo con Sala de Redacción la politóloga Victoria Gadea, explicó que los sistemas presidencialistas -como el uruguayo- “funcionan mejor en regímenes de mayoría” debido a que le permite al mandatario “tener mayor capacidad de incidencia en el Parlamento y así gobernar con mayor agilidad”.
El origen del asunto
“En Uruguay la reforma (de 1997) fue bastante estudiada”, asegura el politólogo Daniel Chasquetti, y recuerda que “lo que influyó fue el triple empate entre el Partido Colorado (PC), Partido Nacional (PN) y Frente Amplio (FA) en 1994” donde una mayoría reformista -los partidos tradicionales más el Nuevo Espacio- “creía que esta era una manera óptima de resolverlo” ya que así se dividía el sistema de partidos en “familias ideológicas”. El plebiscito de esta reforma se votó el 10 de diciembre de 1996 y obtuvo 50,4% de adhesiones. Chasquetti añade que en aquella época también se buscaba “unir a los partidos que pensaban iguales contra la izquierda”, contribuyendo a consolidar dos bloques en segunda vuelta; “eso es lo que terminó ocurriendo”, concluye.
Gadea entiende que este alineamiento entre dos opciones “logra legitimidad para el presidente” porque “en el sistema donde se gana por mayoría simple, si existen al menos tres partidos puede pasar que termine triunfando un presidente con el 31% del electorado”. Agrega esto podría dejar “descontento” a más del 60% que no lo votó, lo que generaría “mucha inestabilidad” en el sistema.
“Los incentivos del sistema electoral deberían llevar a que el elector perciba la primera vuelta como una elección parlamentaria ante la que expresar su preferencia personal (en el Parlamento)”, analiza Chasquetti, mientras que en segunda vuelta se deja lugar al “voto estratégico” o “útil”, como le llama Gadea. Sin embargo, el politólogo cree que se trata de una distinción que “le ha costado al electorado uruguayo”.
De las cuatro instancias de balotaje convocadas hasta el momento, dos han tenido a Tabaré Vázquez (FA) encabezando una fórmula y dos a Luis Lacalle Pou (PN). El apellido Lacalle también estuvo presente en 2009, cuando el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera (PN) disputó la segunda vuelta contra José Mujica (FA). En todas ellas ha participado el FA y en sólo una los colorados -Jorge Batlle Ibáñez en 1999-. En todas las instancias en las que un partido fundacional disputó una segunda vuelta siempre fue apoyado por el otro, mientras que el FA sólo recibió apoyo orgánico en la elección de 1999, cuando el Nuevo Espacio -partido que se integró formalmente el FA en 2005- llamó a votarlo. El escenario de 2019 encuentra nuevamente solo al FA, mientras que la fórmula nacionalista cerró el martes un acuerdo programático con el PC, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente.
Distintas reglas en la región
Chasquetti expone que en la mayoría de los países en los que hay doble vuelta electoral se utiliza la mayoría del 50%: “la mayoría lo copiaron a Francia que fuer el país que la popularizó”. El propio término “balotaje” proviene del francés ballotage y etimológicamente significa “votar con bolillas”.
En Colombia, Perú, Chile y Brasil el sistema de dos vueltas es muy similar al de Uruguay, con la salvedad de que en Brasil se establece la mayoría absoluta de los votos excluyendo los que son en blanco o anulados. La constitución brasileña prevé, además, que en caso de un eventual empate en segunda vuelta, resulte ganadora la fórmula cuyo candidato a presidente tenga mayor edad.
El 27 de octubre Argentina también tuvo su primera vuelta electoral, pero con reglas diferentes: Alberto Fernández fue electo en primera vuelta con el 48,10% de los votos frente al gobernante Mauricio Macri, que cosechó el 40,37%. La constitución argentina de 1994 establece que la elección del presidente y vicepresidente de la Nación se realizará en dos vueltas, siempre y cuando en la primera vuelta ningún candidato haya obtenido el 45% más uno de los votos afirmativos -a partidos y en blanco, excluyendo anulados-, o uno de ellos supere el 40% a la vez que supera al segundo candidato por más de 10%. Desde entonces, la única vez que esta instancia llegó a realizarse fue en 2015, cuando Macri se impuso sobre Daniel Scioli.
El sistema de Bolivia y Ecuador prevé la elección del presidente en primera vuelta por el 50% más uno de los votos, y contempla además la posibilidad de ser electo si obtiene más del 40% si le saca una ventaja superior a 10% al segundo partido más votado. Esta última posibilidad ha desatado una crisis política en Bolivia tras los resultados de los comicios del 20 de octubre, donde la oposición no reconoce que Evo Morales haya vencido en primera vuelta con el 47,08% de los votos frente al 36,51% Carlos Mesa -un 10,57% de diferencia-.
Si la regla del 40% más diez se realizara con las dos fórmulas uruguayas más votadas hace una semana, de todas formas se convocaría a una segunda vuelta: la fórmula del FA supera por 10,38% a la del PN, pero queda por debajo del 40%. Para este análisis es importante distinguir entre votos emitidos y válidos: estos últimos son los que efectivamente son hacia un partido -un lema- y se utilizan para adjudicar las bancas en el Parlamento; en tal caso, el FA obtuvo el 40,48% y el PN el 29,69%.
Independientemente del resultado del 24 de noviembre, Uruguay tendrá por primera vez una vicepresidenta electa por votación directa -Lucía Topolansky asumió el cargo tras la renuncia de Raúl Sendic-. Otro dato relevante es que los cuatro candidatos nacieron en Montevideo.
