Susana es una entre decenas de uruguayos y uruguayas que han decidido desafiar a la memoria de un Uruguay que todavía busca verdad y justicia, para recuperar sus identidades robadas por una alianza institucional compleja que, durante el terrorismo de Estado, se apropió de niños y niñas, entregándolos a familias integradas por militares, o en algunos casos, abandonándolos en Argentina o Chile.   

En pleno Uruguay de los ’70, Susana Brasil fue a nacer en el calor de abril, en la ciudad de Las Piedras. Esa fue la historia, a modo de primer recuerdo, que siempre le contaron. Su papá se llamaba Ruben, era militar, y su mamá, Olga, pianista. Convivió con ellos hasta los 19 años, cuando decidió irse de su casa y formar su propia familia.

Cuando piensa en su infancia, Susana recuerda la dirección de su barrio, un muro en navidad o año nuevo, una bermuda que le regaló una vecina, ir de la mano con su papá al almacén, un árbol paraíso, una hamaca. “Lo demás no era tan bueno”, dice.

Recuerda, por ejemplo, episodios de violencia, sentir rechazo hacia ciertos alimentos y el encierro. Cuenta: “hace una semana atrás, los vecinos que vivían al lado de la casita donde fui adoptada, en el ’73, me contaban que me querían invitar a jugar, y yo los veía desde la reja de la ventana, porque no me dejaban salir”.

Cuando madre revivió buena parte de su infancia, preguntándose el por qué de los contrastes: ¿cómo podía ser que su padre y su madre hubieran creado un entorno de encierro y violencia, y no uno amoroso como el que ella llevaba con sus hijos? Esta pregunta dio lugar a la sospecha sobre la veracidad del vínculo biológico con sus padres. 

Sin embargo, la ruptura de esa pregunta en silencio se dio algún tiempo después, cuando Ruben —su padre de crianza—, se negó a visitar a su nieto, que estaba atravesando un principio de congestión. Susana tenía 31 años y la falta de afecto y el desinterés de Ruben dio el puntapié a que en la casa de su tía Elsa sonara el teléfono, y unos segundos después la voz de Susana: “decime la verdad, ¿Ruben y Olga son mis padres?”

Del otro lado no hubo ninguna certeza y eso aumentó las sospechas: “me dio a entender como que les preguntara [a mis padres] —cosa que no iba a hacer, por supuesto, con el miedo que yo les tenía—”, agrega. Tiempo más tarde, la llamada llegó por parte de Elsa para invitarla a su casa, donde le contaría que Ruben y Olga habían aparecido con Susana en Artigas contando a la familia que la habían adoptado ”porque ellos en ese entonces vivían en Artigas, además la mamá de Ruben era de ahí”, dice Susana, mientras reafirma que fue el amor por los hijos lo que la llevó a hilvanar esa “otra realidad de la vida”, como le gusta llamarle al proceso de descubrimiento de su identidad. 

La noticia trajo primero un torbellino de emociones y, segundo, como consecuencia más palpable, física, una doble neumonía que la mantuvo en cama algunos días. “Cuando me recuperé, lo primero que hice fue ir hasta la casa de un hermano de mi padre de crianza”, cuenta, mientras recuerda el hermetismo de Olga y Ruben hacia los afectos más cercanos: “eran enemigos de la familia”, dice. 

Para Susana, buena parte de sanar su historia, tuvo que ver con recomponer esos fragmentos familiares, como les llama a los parientes por parte de crianza que generaron vínculos positivos más allá de la historia de apropiación y el cerco afectivo que Ruben y Olga construyeron a lo largo de su vida. 

Finalmente Heber el hermano de Olga—, le contó que en algún momento Ruben le había dicho que iba a adoptar a una niña de una casa cuna y que un jefe le dijo: “Mirá Brasil no te apures, nosotros conocemos una nena que está muy linda acá en el Consejo del Niño, que está en condiciones [de ser adoptada]”.

Según la página web de Sitios de Memoria Uruguay, el Consejo del Niño fue creado en 1934, durante el gobierno dictatorial de Gabriel Terra, en el que décadas después, “durante los años de la dictadura cívico militar y los previos del autoritarismo y la implementación de medidas prontas de seguridad, se mantuvieron detenidos por su militancia a jóvenes menores de edad, integrantes de organizaciones gremiales estudiantiles y de partidos de izquierda”. 

Están en algún sitio

“Hay palabras que no se te olvidan, no se te borran”, dice Susana, que creció escuchando la marcha militar, mirando la lista de nombres de subversivos en la televisión, el escudo militar grabado en la medalla de Ruben y los libros de estudio alineados a las tendencias autoritarias de la época. Para ella, conocer su identidad fue también recuperar esa parte de la historia: “estaba descubriendo un perfil de Ruben como ese militar que se hacía llamar héroe, como una persona que había hasta ganado una medalla por combatir la sedición, pero yo tuve que investigar qué era la sedición y que era lo que pasaba”.

Medio año después, y sin contarle a sus padres de crianza sobre el descubrimiento de su identidad, recibió una llamada de Olga que describe como violenta, agresiva. Su madre de crianza le propuso un intercambio: si Susana le decía quién le había contado que había sido adoptada, ella le iba a revelar sus dos apellidos biológicos. De alguna manera se las ingenió para no dar la información pero recibir la que le interesaba. Supo que Susana Brasil, era Susana Astorga Casaravilla. 

A partir de ahí fue todo búsqueda y más búsqueda. Logró dar con la partida de legitimación adoptiva, en la que figuran los datos de Ruben y dos testigos más, todos domiciliados en una panadería militar, que habría sido el lugar donde trabajaban. “Recorrí Montevideo, buscaba archivos”, dice Susana. Y esa búsqueda dio sus frutos: encontró a quien sería su hermana biológica, Miriam. 

El encuentro de su hermana también fue una peripecia: “con mis dos apellidos me pasaron información a través de la Corte Electoral y di con mi hermana”. Poco antes de las elecciones departamentales de 2005, marcó el 0900 2020 en el teléfono y con el número de serie de la credencial de su hermana, se enteró de que a Miriam le tocaba votar en el Instituto Pallotti. Allí la esperó por horas, hasta que quienes trabajaban en la mesa de votación le avisaron que su hermana había llegado. Le mostró los documentos recopilados, le contó de su búsqueda continua, y se fueron hasta la casa de Miriam. 

A través de su hermana, Susana se enteró que Carlos Astorga y Teresa Casaravilla —sus padres biológicos—, se habían exiliado políticamente en Argentina. Carlos había estado amenazado de muerte, y no había alcanzado a gestionar la documentación pertinente para llevarse a Miriam con él: “mi hermana me cuenta que estaba amenazado; si no huía, lo mataban”.

De Teresa, supo que le habían dicho que Susana había muerto luego de nacer y que su madre había sido detenida varias veces por las Fuerzas Conjuntas, que su parto se dio en una de esas instancias, cuando la llevaron por la fuerza a parir en el Pereira Rossell. “Esos recuerdos están en la memoria de mi hermana”, dice, y recuerda que fue Miriam quien a sus diez años vio volver a su madre del hospital agotada y sacando fuerzas de donde no era posible, para contar que su hermana “Susanita, había fallecido”. 

Susana cuenta que junto a su hija fueron recabando todo tipo de registro y documentación. De alguna manera, esa búsqueda junto a Fernanda también estaba reparando una historia de silencios y complicidades. De esos archivos, salió un recorte del diario El Popular, publicado en abril de 1970. 

El recorte del Popular reveló que en el año de su nacimiento, o según Susana “en la época del pachecato, en la que se perseguía a los sindicatos”, Carlos Astorga —su padre biológico y en ese entonces gremialista metalúrgico—, fue detenido y torturado “pero no se quedó ahí, presentó una denuncia penal, fueron detenidos policías” y el ministro del Interior del momento, Pedro Cersósimo, tuvo que ir a declarar al Juzgado. De alguna manera, Susana fue recomponiendo un nuevo primer recuerdo de ese calor de abril en que nació: “también en ese diario está que mi madre había sido llevada a declarar y estaba embarazada”, agrega.

Recorte del diario El Popular, del 4 de abril de 1970.

Un llamado a la esperanza 

Luego de haber conocido a su hermana, Susana recurrió a cuanta organización de derechos humanos encontró —tanto en Uruguay, como en Argentina—, dado que Miriam no tenía contacto con sus padres biológicos. En una de esas cartas, Susana escribía su nombre de apellido Astorga Casaravilla, los nombres de sus padres, su hermano y hermana, y justo después: “esta es mi familia, me separaron de ellos en la dictadura uruguaya”. 

En la carta, aclara que no está muerta “como dijeron esos de verde”. Escribe: “este es un llamado a la esperanza, mi corazón dice que ellos aún están en la Argentina, la única forma de superar el pasado es hacer justicia”. Sin embargo, las palabras de Susana no se refieren únicamente a su búsqueda personal, sino que habla de brindar justicia a una época: “cada vez que me entero de que alguno de esos ladrones que dicen llamarse militares, van presos, me da gran placer dentro del dolor que tengo en mi alma, por poder encontrar a mi familia”.

La carta fue respondida por Angel Graña —integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina—, quien nueve meses después dio con Teresa Casaravilla, para que se contactara por teléfono con Susana. La llamada fue una noche de sábado, la conversación fue pausada y llena de ganas de saber la verdad, “porque no es fácil la vida siendo la hija de crianza de un militar que combatió la sedición, y a su vez ser hija biológica de alguien que tenía sus luchas desde el MLN”, agrega.

El año 2007 fue de encuentros y alegría: por comunicarle a Fernanda que tenía una abuela, contarle al resto de la familia, programar un viaje a Argentina, las horas interminables del barco, volver a transitar las calles del país hermano sabiendo que sus padres habían encontrado allí su refugio, haberse contado con su madre, bajar las escaleras y ver a Teresa Casaravilla, su hermana, su sobrino, y Angel, esperándolas. 

La búsqueda continúa 

Encontrar a Teresa fue el motor para dirigirse a Oscar López Goldaracena, a quien buscó expresamente por ser abogado especialista en derechos humanos, quien en 2008 le facilitó la posibilidad de hacer una prueba de ADN, que confirmó que Susana era Astorga y Casaravilla.

En paralelo, recopiló una y otra vez testimonios orales de Ruben y de otros miembros de su familia de crianza. “El agotamiento emocional y mental de tener que escuchar una y otra, y otra, y otra vez esos testimonios, de ese hombre que me contaba lo que me había pasado, con la convicción militar de que hizo lo correcto, fue tremendo”, dice. “Es horrible tener que haber escuchado todo de Ruben para lograr justicia por lo que le hicieron a mi viejo, y lo que le hicieron a mi vieja: las torturas, las detenciones, y el robo de mi persona”, agrega.

Susana presentó los documentos, archivos recabados y el resultado de la prueba de ADN a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Cuenta, inclusive, que cuando su caso se hizo público fue invitada por la institución. Actualmente, considera hacer la denuncia a nivel judicial. 

El acuerpamiento que vino a compensar las peripecias judiciales y los distintos obstáculos que Susana sortea cotidianamente en la búsqueda de reparación y justicia, llegó de la mano del Colectivo Jacarandá: “tuve el placer de conocerlos en la vigilia por la democracia, que hicimos en junio frente al Palacio Legislativo”. Jacarandá es un colectivo intergeneracional que trae a la memoria los mecanismos de tortura que se ejercieron contra niños, niñas y adolescentes durante el terrorismo de Estado, muchas veces en forma de violencia psicológica, y física. 

En la actualidad, Susana apadrina el grupo de Facebook “Apropiados Uruguay”, en el que cientos de personas reflexionan y contribuyen a la búsqueda de verdad y justicia sobre la apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado, mientras comparten información sobre cómo proceder en casos de sospecha de orígenes.

Cuando piensa en qué le diría a ese Uruguay en el que el terror no contaba con la memoria, dice: “no se trata de vivir en el pasado, porque cada uno de nosotros ha construido su vida, con fuerza, con dignidad, con entereza, intentando ser felices, y de ser felices por lo que hemos construido. Pero no podemos olvidar el pasado porque hay vidas destruidas, familias destruidas, personas que buscan a sus familiares, personas que están bajo tierra tapadas con cal, y vamos a seguir buscándolas. Quiero un Uruguay mejor para mis nietos, para mi familia, para mi futuro. No voy a callar, no voy a parar mi lucha. Por un Uruguay mejor, para que no vuelva a pasar nunca más”. 

Complejo y sin precedentes
Sala de Redacción dialogó con Wilder Tyler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, quien opinó que la institución, frente a casos como el de Susana, puede acompañar, orientar e investigar, pero que en “los casos de sustracción de identidad, lo que la persona quiere generalmente es la restitución de su identidad”, la cual conlleva un proceso de cambio de nombre, “y la institución no lo va a hacer, porque es un proceso judicial importante”.

Patricia López, secretaria de la asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, sostuvo que hasta el momento no han tenido ningún tipo de comunicación personal con Susana Brasil, y que no conocen en profundidad el caso. Agregó que la asociación se guía según el rango de fechas de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) de Argentina, que comprende la búsqueda de aquellas personas nacidas entre julio de 1974 y diciembre de 1983, y en caso de que alguien presente dudas sobre su identidad o tengan la presunción de ser hijas/os de personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar, se le sugiere que se contacte con el Conadi, “ya que la presentación es personal, y es fácil de realizar a través de la página web de Conadi”. Sin embargo, si no entra en el rango de fechas mencionado, se le “recomienda que se comunique con el departamento de adopciones y legitimaciones del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay”.

Por otro lado, López afirmó que los casos de sustracción de identidad enmarcados en el terrorismo de Estado con los que la asociación ha tenido contacto, tienen que ver con “por lo menos tres o cuatro mujeres que podrían haber estado embarazadas al momento de su detención y podrían haber llegado a dar a luz, que están en órbita de Conadi y manejamos reserva”. Sobre otros casos de niños o niñas apropiadas, López sostuvo que ya fueron esclarecidos: “todos los nietos recuperados, ya fueron identificados, como el caso de Carlos D’Elía Casco, o Carmen Galo Sanz, que ya fueron confirmados, identificados, y sus identidades restituidas”. Con respecto a otros casos que no se encuentren enmarcados en las fechas de búsqueda de la Conadi, López aclaró que hasta que no exista una ley que tome esas búsquedas de identidad por parte del Estado, de personas que fueron adoptadas de forma totalmente irregular, la asociación civil, no puede hacer nada: “es el Estado el que está un poquito en falta ahí, porque ninguna asociación civil o cualquiera que sea la organización no gubernamental, puede avanzar tanto como el Estado, porque es el que tiene acceso a los registros públicos”.

López Goldaracena —quien acompaña jurídicamente a Susana—, sostuvo que “hay un encuadre jurídico que determina que sí hubo una sustitución de identidad” en donde “se violó su derecho a la identidad, y hubo una apropiación”. Sobre la vinculación de la apropiacion de Susana Brasil con el terrorismo de Estado, resaltó que “en este caso, en el que ocurrieron los hechos, hay claramente una vinculación a explorar”.

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