“Trato cruel, inhumano y degradante”, fue el término acuñado por el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, para definir las condiciones de vida en las cárceles. “Cuando no hay tratamiento, la cárcel se vuelve inhumana”, afirmó Petit en la presentación de su informe especial “Cárcel, dignidad y derechos humanos”. Se transmitió el 13 de mayo, en el canal de Youtube del Poder Legislativo y la presentación estuvo a cargo de Silvia Sturla, asesora del Parlamento.
El informe surgió a partir de las visitas de rutina a los centros penitenciarios del país. Sturla señaló que en la época previa a la emergencia sanitaria, el equipo realizaba alrededor de 70 visitas mensuales a las unidades. El hacinamiento, la falta de tratamiento médico y de medicamentos, así como la comida escasa y de mala calidad, fueron algunas de las situaciones que el comisionado parlamentario identificó como un “ataque a la dignidad humana” de las personas privadas de libertad.
Petit sostiene que en Uruguay sólo un tercio de los centros tienen características acordes para la “rehabilitación”, otro tercio tiene condiciones “insuficientes” y el restante aplica “trato cruel, inhumano y degradante”. Según el documento, es deber del Estado asegurar que las condiciones de detención sean “compatibles” con “la dignidad personal de los detenidos”. Petit insistió que en la cárcel la dignidad es “el ejercicio de los derechos”, que implica aquellas prácticas que le permiten a una persona desarrollarse: “la educación, la cultura, la salud, el ocio, la comunicación”. Para lograrlo, manifestó que es necesario un tratamiento para asegurar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.
¿Rehabilitar o no rehabilitar?
El doctor Germán Aller, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, expresó que si es necesario discutir el “tratamiento” es porque “no lo tenemos”, y en este sentido, Petit explicó que el tratamiento “no es una pócima”: las intervenciones terapéuticas deben ir en la línea del acceso a la salud, la atención en salud mental y en adicciones. Pero el “tratamiento” no sólo se construye con la presencia de instituciones estatales, requiere la apertura a la sociedad civil a través de organizaciones gubernamentales, grupos de interés e instituciones culturales, que hagan de la cárcel “un lugar rico y lleno de oportunidades”.
Aller aportó su reflexión en referencia a la necesidad humana de castigar y señalar al otro como distinto. “Si la cárcel es un castigo, entonces cumple maravillosamente bien su función”. Pero enseguida Aller recordó que el artículo 26 de la Constitución afirma justamente lo contrario: “en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar”. Entiende que este punto no se ha podido cumplir y añadió que el verdadero objetivo es no tener que castigar. En el proceso indicó que se necesita de gente que construya “una realidad mucho más humana”.
El abogado y director de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho, Juan Ceretta, también formó parte del panel. Comentó que la sociedad tiene dos formas de tratar la seguridad: apostando por “la integración social de aquellos que han cometido un delito” o “pensando que estamos más seguros cuando inhabilitamos a las personas que sometemos al sistema penitenciario”. Y Petit afirmó que es obligación del Estado “filtrar el circuito de la violencia”, aunque “buena parte de la opinión pública” no lo crea.
Un desafío para todo el Estado
El documento expresa que la falta de recursos “no son excusa válida para no cumplir con ciertos mínimos que aseguren una vida digna en la cárcel”, visión que comparten varios organismos internacionales que defienden los derechos humanos. Ceretta afirmó que los recursos existen, pero en el caso de no existir, “deben generarse”. Y agregó que es “inadmisible condicionar derechos humanos a la existencia de recursos”, por lo que en el momento de presentar el presupuesto deberían analizarse programas cruzados entre actores estatales.
La cárcel debe aplicar un tratamiento que permita “la readaptación o reinserción social”, defendió Petit. Si una persona es dañada por omisión del Estado, entonces “el Estado puede ser sujeto a responsabilidad” y tener que resarcir ese daño. Afirmó que la “tortura” y el “trato, cruel humano y degradante” implica obligaciones serias para el Estado.
La subsecretaria del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), Ariela Peralta, identificó en el documento “un llamado de alerta a la consciencia de todos sobre la distinción entre el bien y el mal”, que en términos de derechos podría distinguirse como “lo permitido y lo prohibido”. Peralta declaró que la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas es beneficiosa para identificar a los grupos “excluidos del disfrute de sus derechos” y corregir desigualdades sociales.
Petit insistió en que las carencias “son desafíos de todos los poderes del Estado”. Declaró que buscar culpables es un mal ejercicio porque “libera de responsabilidad al resto”, cuando en realidad “es un tema que afecta a toda la sociedad”. En su presentación, Peralta también resaltó que “el involucramiento activo del Poder Legislativo en la realidad del sistema penitenciario” es una necesidad de todos los Estados.
