¿Nos cuida la policía?

—Estamos acá para que investiguen todos los datos que nosotros estamos dando, que nos digan si realmente están investigando, ellos tienen que saber, nosotros lo único que hacemos es esperar y darles datos —dijo Gladys, la mamá de Jeniffer, a VocesFem.

Son las dos de la tarde en Cerrito 431, comienza la semana y la Fiscalía de la Nación está tan gris e inmóvil como siempre, pero frente a ella y pese a la bruma del día que amenaza transformarse en llovizna, se reúnen madres que quieren dar pelea. Se les van sumando integrantes del colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas? (¿DENG?), y entre pancartas y carteles, se cocina el ambiente de una denuncia colectiva ante un Estado que hace ya tiempo les soltó la mano. 

La gente pasa y mira, hay periodistas que se detienen y sacan fotos, otros graban a las madres en busca de rellenar el informativo de la tarde, y ellas -que no pueden evitar llorar por el dolor de una hija que ya no las acompaña- no pierden las esperanzas, como no lo han hecho en todo este tiempo, y aprovechan la ocasión para alzar sus voces y resonar en el filamento más profundo de cada oyente.

—Si alguien las tiene, que se ponga en el lugar de nosotras, de las madres. Creo que todos tienen una hija, una madre, una hermana. Que se pongan la mano en el corazón y las devuelvan. Es lo único que pido —suplicó Gladys en conversación con La Diaria.

Sobre sus pies, se puede leer un cartel que suscribe “lo urgente es saber dónde están nuestras gurisas”, mientras que a unos metros otro proclama: “sin clientes no hay trata”, porque aunque poco se hable, se investigue y se problematice, Uruguay es país de tránsito, origen y destino de la trata de personas. Y aunque el Estado no brinde los recursos necesarios, ni despliegue indagaciones policiales de real carácter combativo, no hay que ser perito en la materia para comprender que las personas no desaparecen solas, ni tan cándido como para ignorar una realidad que existe y golpea con violencia a millones de mujeres y familias enteras. 

—La trata no es simplemente gurisas que las suben a un avión y las llevan a otro país, la trata también puede ser interna, de un barrio a otro. Es necesario evidenciar esas modalidades que a veces incluso son intrafamiliares —afirmó Victoria Giménez, del colectivo ¿DENG?.

Cuando el minutero del reloj se aproximaba a marcar las 14.30 horas, Victoria sacó una serie de hojas impresas de una carpeta verde y se las entregó a una representante de las seis madres y a una de sus compañeras, que procederían a adentrarse en la Fiscalía y efectuar la denuncia colectiva. No querían llegar ni un minuto tarde. No querían provocar excusas, ni palos en la rueda -de eso ya estaban hartas-. Esta vez, no querían que nada saliera mal. 

Las hojas que contenían la denuncia presentaban un relato de cada uno de los hechos, una descripción de los seis casos y el planteo de que entre ellos hay una vinculación. 

—Nosotras no somos investigadoras y no nos compete hacer determinadas hipótesis, pero vemos algo que salta a los ojos: estas gurisas siguen desaparecidas y no hay ni un sólo movimiento ni intención de buscarlas —sentenció Victoria en alusión al motor de dicha movilización colectiva.

—Esperamos que esto sirva para meter presión y sensibilizar a la población, que la gente vea que estas cosas no pueden pasar, que se pongan en la piel de cualquiera de las familiares y piensen: “Mirá si esto le pasa a mi hija o a mi madre”; están cargando una herida porque necesitan saber, necesitan respuestas y el Estado se las debe —expresó la integrante del colectivo feminista.

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Florencia Barrales Techera desapareció en marzo de 2019, a sus 19 años. Gina Cristal Rodríguez Sánchez desapareció en noviembre de 2019, a sus 27 años. Yamila Isamar Estévez Techeira desapareció en enero de 2020, a sus 20 años. Hilda Jennifer Gómez Raimundo desapareció en febrero de 2020, a sus 18 años. Daniela Virginia Bera Fernández desapareció en febrero de 2020, a sus 22 años. Micaela Fernández Ramírez desapareció en diciembre de 2020, a sus 20 años. 

Sus madres aún las buscan, aún las esperan y aún las lloran. Aún les faltan a sus amigos, e incluso algunas, a sus hijas e hijos. Victoria piensa que estas jóvenes de contextos vulnerables no son importantes para el Estado, porque de ellas nada saben, tampoco se las busca, y los datos frutos de investigación de familiares nunca resultan relevantes para la Policía. Las madres lo comprobaron cuando una de las familias detectó que la asignación familiar por la tenencia de la hija o el hijo de una de las chicas desaparecidas se estaba cobrando por Redpagos, cuestión que jamás fue esclarecida e investigada por las autoridades policiales pese a la posibilidad de acceso a cámaras de vigilancia en los comercios y otros insumos que podrían haber arrojado luz sobre el asunto. 

—Están cansadas de recorrer la seccional del barrio, otras seccionales, Interpol. No es que no están intentando buscar respuestas, sino que no hay respuestas —dijo Victoria—. En las seccionales se pasan la pelota, dicen “ahora que Interpol está implicado nosotros no tenemos nada que ver”, cuando en realidad Interpol investiga a través de las seccionales. En algunas comisarías la respuesta es que si saben algo lo van a decir, pero nunca hay movimientos, vuelven a pasar y no saben nada; o las mandan a investigar y les dicen que si saben algo les lleven los datos, como si la familia tuviera la responsabilidad y tuviera que correr ese riesgo.

Hay una serie de elementos que unen a las seis gurisas desaparecidas -que despertó alarma en las chicas del colectivo caracterizado por pregonar para que aparezcan- que resultaron clave para la presentación de la denuncia. Las seis mujeres provienen de contextos socioeconómicos vulnerables y padecían, al momento de sus desapariciones, situaciones de consumo problemático de sustancias. Según revelaron sus familiares, todas frecuentaban el barrio 19 de Abril y, en él, precisamente un sitio conocido como de “achique” y de consumo de drogas, donde fueron hallados los cuerpos de dos mujeres asesinadas, con las cuales las víctimas desaparecidas tenían contacto. Por último, un factor común que sobresale: la ausencia de investigación de cada uno de los casos denunciados. 

—Nos llama poderosamente la atención que haya cero investigación. Una de las excusas que siempre les dan a las familias es que son mayores de edad y que se pueden haber ido por propia voluntad —contó Victoria, a quien eso le parece poco convincente porque las jóvenes se mantenían en comunicación con sus familias cada vez que se ausentaban de sus hogares, mientras que esta vez nadie las ha visto, nadie las puede localizar, en sus redes sociales ya no están y en los lugares que frecuentaban no aparecieron nunca más.

—No sabemos lo que pasó, lo que sabemos es que si no hay un cuerpo, esa persona está desaparecida, y nosotras exigimos que aparezca —concluyó Victoria. 

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El colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas? nació en octubre de 2017, a raíz del vínculo con la madre de Milagros Cuello Baladán. A partir de ese entonces, se dedican a denunciar desapariciones. “Muchas de ellas son gurisas jóvenes, muchas de ellas en situación de consumo y, por ende, muchas de ellas en situación de explotación sexual; todas, absolutamente todas, en situación de extrema vulnerabilidad”, mencionó Victoria. 

Solamente publican placas de chicas que tienen el consentimiento de la familia para publicar. Cuando se da una desaparición, las integrantes del colectivo se comunican con los teléfonos y corroboran los datos para evitar estar difundiendo casos de mujeres que realmente no desparecieron o que ya aparecieron. 

“Muchas veces, felizmente, aparecen, y el contacto termina ahí. Pero cuando no, se da una continuidad; estamos ahí y nos ofrecemos a acompañar”, explicó Victoria. En este sentido, una de las principales formas en las que contribuyen es acompañar a las familias en el proceso de búsqueda, en el contacto con Fiscalía, la realización de denuncias o evacuar dudas desde lo jurídico e institucional. Intentan estar en vínculo, darle protagonismo a las familias y difundir en la sociedad. 

Sofía Lledías, integrante del colectivo, mencionó a SdR que no hay protocolo de desapariciones y, en consecuencia, “muchas veces circula información incorrecta desde las seccionales”, por ejemplo “que se tiene que esperar para denunciar una desaparición de 24 a 72 horas”. Además, aseguró que se estigmatiza socialmente a las chicas en situación de extrema vulnerabilidad, lo que las deja aún más expuestas a sufrir diversas violencias. “Hay muchas denuncias que no llegan a efectuarse por falta de acceso y porque se obstaculiza desde la Justicia, muchas veces a partir de la primera denuncia, que es clave en las primeras horas de desaparición”, dijo Sofía.

Esta denuncia colectiva no es la primera intervención en la que denuncian la negligencia del Estado. En 2019 llevaron a cabo una acusación colectiva ante la Institución Nacional de Derechos Humanos con varios casos de desaparecidas -Sandra Cortazzo, Milagros Cuello Baladán y Florencia Barrales-, ya que entendían que había total inacción de parte del Estado en la investigación de los casos. “La respuesta que nos dio la institución al tiempo fue casi nula, concretamente no había investigación”, señaló Victoria.

Como si fuera poco, las denuncias y el acompañamiento no lo son todo para este grupo de mujeres organizadas que luchan por visibilizar a otras compañeras y defender sus derechos. También contribuyen a través de la realización de talleres en centros educativos formales e informales, así como en centros sociales, con la aspiración de concientizar a la comunidad e invitar a todos y todas a ser sensibles y pelear por las que hoy no están.