Entre diciembre de 1978 y enero de 1979, la Intendencia de Montevideo desplazó forzosamente a alrededor de 800 personas, en su mayoría afrouruguayas, del conventillo Medio Mundo y el barrio Reus al Sur, también conocido como Ansina. Las autoridades realojaron a las familias en tres hogares municipales: la ex fábrica Martínez Reina, el hogar Garibaldi y el hogar Arenal Grande. Si bien se les planteó que era una solución transitoria, ya que los conventillos corrían peligro de derrumbe, y se les entregarían viviendas en mejores condiciones, esto nunca se cumplió.
Olguita Celestino, integrante del colectivo Volver a mi Barrio, tenía 15 años cuando fue trasladada junto a su familia a Martínez Reina. “Sólo nos podíamos llevar algo de ropa, las camas, alguna frazada, los colchones, una mesa y dos sillas”, explicó a Sala de Redacción. Les prohibieron llevarse a sus mascotas y el resto de las pertenencias, como juguetes, primus o garrafas, y se las movieron al depósito municipal pero nunca fueron devueltas.
Celestino relató que el hogar estaba fuertemente militarizado y se mantenía un horario estricto. Las personas podían salir desde las 6 de la mañana hasta las 20.00 y, si alguien quería hacerlo fuera de ese horario, tenía que presentar un permiso de trabajo que justificara la salida. Tampoco se permitían visitas: “No podíamos estar más de dos o tres personas juntas en los lugares comunes y los niños no podían correr por los pasillos”.
Tanto el portero como los militares que vigilaban el lugar tenían copia de las llaves de todas las habitaciones. Después de las 22.00, cuando se apagaban las luces, entraban en los cuartos aleatoriamente para controlar que estuvieran todos los residentes. “Podían entrar en cualquier momento. A nadie le gusta que le invadan la privacidad así, pero era más desagradable para las vecinas que estaban solas con sus hijas”, explicó Celestino. Las familias numerosas como la de Celestino tenían una habitación propia, pero también se daba el caso de familias que compartían habitaciones.
Más adelante, entre 1981 y 1995, los núcleos familiares fueron realojados en Casavalle y Cerro Norte. Las viviendas se categorizaban como Núcleos Básicos Evolutivos: tenían un ambiente de 30 metros cuadrados, techo liviano y aberturas de hierro. Si bien se entregaban con la promesa de agrandarlas y mejorarlas con ahorro previo, la mayoría de las personas beneficiarias no contaban con un trabajo formal que se los permitiera.
“Las monjas del colegio al que iba me ayudaron a hacer los trámites para conectar el agua y la luz, porque no teníamos servicios”, contó Celestino. Sus hermanos menores tuvieron problemas para seguir estudiando, porque las escuelas de la zona no estaban preparadas para recibir tantos alumnos de golpe. Y en su caso iba caminando hasta el liceo ubicado en el centro, hasta que pudo sacarse la boletera.
Desalojos y terrorismo de Estado
La historiadora María José Bolaña explicó a Sala de Redacción que, si bien los planes urbanísticos de la dictadura no han sido aún estudiados en profundidad, se puede afirmar que se llevó adelante una política de desalojos “violenta” y “compulsiva” de los sectores populares de la zona céntrica de Montevideo. “No es un fenómeno que inventó la dictadura, pero ésta tuvo todo el aparato represivo del Estado para llevarlo a cabo”, explicó Bolaña, y puntualizó que, en el caso de Ansina y Mediomundo, la política de desalojos mostró su cara “más dura”.
En 2018, Juanita Silva, prima de Celestino, le planteó a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) si sería posible devolver a la gente al barrio. A raíz de esto, la Comisión de Sitios de la Memoria colocó una placa en Cuareim 1080, donde quedaba Mediomundo, y otra en Ansina, y los antiguos vecinos volvieron a encontrarse por primera vez luego de transcurridos 40 años.
“Aprendimos que teníamos derechos, voluntades. Había gente que nunca había contado nada”, dijo Celestino. Los vecinos se agruparon en el colectivo Volver a mi Barrio y conformaron un grupo de trabajo con la INDDHH. De estos talleres surgió el documento Memoria y reparación integral de la comunidad afrouruguaya en tiempos de terrorismo de Estado, que incluye testimonios de los desalojos y relata otras experiencias de reparación integral que se han dado en América Latina y Sudáfrica.
El documento de la INDDHH realiza una serie de recomendaciones: reparación simbólica, de vivienda y salud, y reconocer el daño al proyecto de vida que tuvo el desalojo para esas familias, alejándolos no solo de sus lugares de estudio y trabajo, sino también de sus redes de apoyo. “Fuimos exiliados en nuestro propio país y queremos que el Estado se haga cargo de que fue un hecho de lesa humanidad”, declaró Celestino.
Volver a mi barrio: el corto
Leticia Rodríguez estaba estudiando los desplazamientos de las poblaciones afro en Uruguay cuando la Universidad de la República la contactó para hacer un trabajo en conjunto con el Centro interdisciplinario Feminista. El resultado es un documental que reúne testimonios del desalojo a Martínez Reina, fotografías de la época y aborda el concepto de reparación.
El corto, que dura 21 minutos y puede verse completo en YouTube, es también la historia de dos primas: Olguita Celestino y Juanita Silva, nietas de doña Gregoria, la capataza de Mediomundo. “Quería visibilizar la historia de las mujeres, que son sostén de la comunidad, y dejar explícito en el documental que el feminismo negro existe desde mucho antes que el feminismo como tal”, afirmó Rodríguez a Sala de Redacción.
A su vez, como mujer afro, planteó que las historias no le son ajenas, ya que el asunto de la vivienda afecta profundamente a las familias afrouruguayas. Sobre esto, rescató la importancia del concepto de racismo ambiental: en este caso, las personas son expulsadas de Barrio Sur y Palermo, donde desarrollaron su cultura comunitaria, porque la zona céntrica se cotiza y se vuelve de privilegio.
Por otra parte, comentó que a largo plazo le gustaría realizar un documental que no sólo recoja las historias de Ansina y Mediomundo, sino también las de otros desalojos, como los de los conventillos Porcile y Gaboto, ubicados en Cordón.
Rodríguez contó que la realización del documental implicó un gran proceso de aprendizaje y que ve el audiovisual como una herramienta política y transformadora. “Si esto crea una pequeña semilla para que el Estado habilite a que esas personas, a sus 70 años, tengan por lo menos el derecho de morir donde quieren morir, estoy haciendo una contribución que para mí significa muchísimo”, afirmó.
Vivienda y población afro
De acuerdo al censo de 2011, la mayoría de la población afrouruguaya se concentra en los barrios Casabó, Casavalle, Punta de Rieles, La Paloma, Pajas Blancas y Nuevo París, en la periferia de Montevideo. Estas zonas coinciden con las que fueron trasladadas las familias en los desalojos del Centro y Barrio Sur, y también son las que concentran los mayores índices de pobreza, hacinamiento y vivienda inadecuada.
