“La situación de emergencia nacional en materia de violencia de género decretada en 2019 sólo se ha agravado en 2020”, anuncia Amnistía Internacional en el resumen de su informe anual. Lucía Pérez, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Uruguay, destacó que la emergencia sanitaria evidencia la estructura de desigualdad y aquellas situaciones que, aunque no son “hijas de la pandemia”, se “recrudecen” con ella. En declaraciones a Sala de Redacción, la socióloga dijo que aunque el año 2020 terminó con las menores tasas de contagio de la región, “esto no significa que las consecuencias no hayan sido devastadoras también para Uruguay”.
Además de resaltar la delicada situación que atravesaron durante los primeros tiempos de cuarentena voluntaria las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica y con dificultades de acceso a la vivienda (entre las que mencionó particularmente a la población migrante), Pérez reiteró una idea ya presentada por distintos colectivos feministas: “quedarse en casa, cuando tu casa no es un lugar seguro, no parece ser la mejor estrategia”. Según los datos presentados, entre enero y octubre del año pasado se registraron 33.004 denuncias por violencia doméstica, lo que arroja un promedio de 109 por día. El Ministerio del Interior reportó 12 feminicidios en 2020, pero si se toma lo publicado por el portal Feminicidio Uruguay, fueron 19 las muertes por razones de género. En cuanto a los intentos de feminicidio se contabilizaron 22, mientras que en 2019 se registraron 15.
Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista, declaró a Sala de Redacción que el aumento en las cifras “es lógico” porque “la crisis profundiza las tensiones en el hogar y eso hace que aumente la violencia intrafamiliar”. Sin embargo, el problema reside en que “no se tomaron medidas”. Si bien el informe de Amnistía Internacional detalla que “las principales medidas tomadas por los organismos estatales consistieron en generar mayor difusión de mecanismos de asistencia”, los resultados del estudio “Violencia en casa” -realizado el año pasado por la consultora Nómade junto a la Intersocial Feminista- evidencian que esto no basta. Según González, un argumento común entre las encuestadas, víctimas de violencia de género, refirió a que los servicios “no son ni accesibles ni adecuados”. De hecho, el documento detalla que el 49,9% de ellas considera que los servicios que brinda el Estado ante estas situaciones “son insuficientes o muy insuficientes”. Para la activista, una de las claves para reforzar estas líneas es extender su horario y que funcionen durante las 24 horas.
A pesar de la poca conformidad de las usuarias, el Servicio de Atención y Respuesta Telefónica a mujeres en situación de violencia de género (0800 4141) reportó “aumentos de hasta un 80% en los primeros dos meses de pandemia”, luego de registrar 7.001 llamados entre los meses de marzo y julio. De acuerdo con el documento, antes de la pandemia se registraban entre 30 y 35 llamadas por día y en determinados momentos de abril se recibieron “más de 100”. Del total de personas que se comunicaron, un 30% consultaba por situaciones “en las que no estaban directamente involucrados”.
Esto también se observó en la Red de Psicólogas Feministas, que aunque no cuenta con un servicio especializado de atención en situaciones de emergencia, recibe a muchas mujeres en esa situación. Según expresó a Sala de Redacción Romina Mosquera, integrante de la Red, aunque lo ideal es apuntar a la prevención, “la realidad es que hay muchas emergencias que te pasan por arriba”. Para Mosquera la clave está en “brindar un acompañamiento integral y sostenido en el tiempo”. “No sólo recibirlas en el estado de emergencia, sino poder sostener”, concluyó.
Por otra parte, Amnistía destacó en su informe que “no fue posible acceder a datos finales ni preliminares actualizados para 2020 sobre embarazos ni interrupciones voluntarias de embarazos”. No contar con esos números se ve “con preocupación” desde la organización, sobre todo al recordar las cifras obtenidas durante 2019, en relación al embarazo infantil: “de los 82 nacimientos de madres menores de 15 años, tan solo una de cada seis (17%) contestan que sí fue buscado”. Esta problemática “aún no ha sido suficientemente visibilizada, y en muchos casos esconde situaciones de violencia estructural”, se sostiene desde Amnistía.
Al ser consultada sobre este aspecto, González sostuvo que desde la Intersocial se han cansado “de reclamar servicios especializados” porque las líneas de asistencia para niños que sufren violencia sexual “tardan un año en atender”. Por su parte, Mosquera agregó que “lo que pasa con las infancias muchas veces termina quedando como un daño colateral”.
Deudas históricas
En el capítulo dedicado a la justicia por los crímenes del pasado reciente, desde Amnistía Internacional se establece que la impunidad “sigue siendo la regla”. A pesar de considerar que hay un compromiso del gobierno actual con la búsqueda de la verdad, “varias iniciativas parlamentarias, junto con algunos debates públicos, despiertan las alarmas ante posibles retrocesos” y hacen de 2020 “un año de ralentización”.
La propuesta de Cabildo Abierto de reinstalar la ley de Caducidad y la denuncia de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos por ataques morales a sus integrantes son algunos de los puntos mencionados. A eso se le agrega la publicación de las actas del Tribunal de Honor de las Fuerzas Armadas, que “evidenciaron que miembros del Ejército uruguayo operaron, torturaron y ejecutaron a detenidos uruguayos en Argentina”.
Estado policíaco
Otra problemática que continúa agravándose y que se enfatiza en el informe es la de las cárceles. Con 13.039 personas privadas de libertad (369 cada 100.000 habitantes), Uruguay “mantuvo su crecimiento histórico” y se convirtió en el portador de la tasa de prisionización más elevada del continente. Para Amnistía Internacional, este aumento es consecuencia de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que “prioriza el aumento de penas, el ingreso y la permanencia en el sistema penitenciario”.
A los cambios en la libertad preventiva, el límite de la libertad anticipada y la derogación de la suspensión condicional del proceso, “que repercutirán directamente en el número de personas privadas de libertad y por ende en las condiciones de reclusión”, se le suman otros que se extienden más allá de la prisión. La organización, que “se pronunció oportunamente” durante el debate parlamentario, resalta su preocupación frente a la posibilidad “de retrocesos en los derechos humanos”. En palabras de Pérez, las modificaciones relativas al accionar policial implican “riesgos regresivos en relación con estándares internacionales que Uruguay ya tenía adoptados y que de alguna manera, complejizan el panorama”. Puntualmente, Pérez cuestionó la utilización del término “piquete”, porque “no está definido y queda librado a interpretación de que quien esté en ese momento” y la “posible discrecionalidad de la Policía para disolver reuniones o manifestaciones pacíficas”, que “podrían generar situaciones de abuso policial”.
