El diputado Felipe Carballo del sector Compromiso Frenteamplista y su equipo de trabajo ya habían recorrido parte del interior del país con su propuesta cuando fueron notificados de que su proyecto había sido archivado, con votación unánime de diputados de todos los partidos, en la Comisión de Hacienda del Parlamento. Se trató del proyecto “Segunda Oportunidad” que propone la creación de un sistema que permita a quienes tengan deudas menores a 110.000 pesos salir del Clearing de informes de la empresa Equifax y que el Estado sea quién pague su deuda con los acreedores, financiando directamente con el moroso el pago de la misma. De esta manera queda por única vez fuera de la base de datos de la empresa internacional, que lleva un registro de quienes adeudan con alguna entidad financiera o prestadora de servicios.
El proyecto fue presentado en Comisión de hacienda en el año 2021 y esperaba tratamiento por parte de la Comisión, que ya había recibido a algunas de las delegaciones relativas al tema. Sin embargo, el 1 de junio en una reunión de la Comisión en la que Carballo no se encontraba, el proyecto fue parte de una lista de otros 21 proyectos que fueron propuestos para ser archivados. La mayoría de las propuestas eran del año 2020 y hacían referencia a temas como exoneraciones de impuestos o regulaciones de precios a artículos de higiene y sanitización usados durante la pandemia de Covid19. En diálogo con Sala de Redacción, Carballo dijo que se vio sorprendido de que su proyecto estuviera en este paquete ya que “el endeudamiento de los uruguayos es un tema que está en la agenda política, principalmente de partidos de la coalición de gobierno”.
El diputado aseguró que aparecer en este registro implica una “muerte civil” para muchos ciudadanos ya que estar en la lista puede significar la imposibilidad de arrendar una casa, tener una línea telefónica y de internet en el hogar y de acceder a préstamos, líneas de crédito o financiaciones. Se estima que un millón de uruguayos se encuentran en esta lista y que un porcentaje alto estaría en la categoría de “moroso incobrable” ya que no cuentan con patrimonio ejecutable a modo de resarcir su deuda y se ven topeados en el porcentaje a que un acreedor puede retener de sus salarios. Por este motivo, Carballo volverá a presentar el proyecto, que ahora está en proceso de redacción. “Creemos fuertemente en que hay que sacar a los uruguayos del Clearing pero además creemos que hay que discutir a nivel político y ciudadano el rol del Estado en lo que refiere al sistema financiero y a la democratización del mismo”, enfatizó el diputado.
Respecto al archivado proyecto de Carballo, Sala de Redacción consultó al diputado Gustavo Olmos, de la corriente Marea Frenteamplista perteneciente a Fuerza Renovadora, sector que encabeza Mario Bergara, que votó afirmativamente a archivar el anteproyecto. Aclaró que en primera instancia no hubo una intención directa de bajar el proyecto sobre el Clearing, sino que “se votó archivar un paquete de propuestas que en su mayoría eran obsoletas o no habían tenido prácticamente tratamiento”. Olmos dijo que entiende la problemática de los uruguayos endeudados y que reconoce la importancia de legislar en esta materia, pero aseguró que el proyecto “Segunda Oportunidad” no es una solución factible ya que “beneficia a las financieras, que recibirán el pago por parte del Banco República (BROU) y obliga a este a comprar deudas incobrables que terminaremos pagando todos los uruguayos”.
Respecto a este punto, Carballo explicó que el proyecto tal y como estaba redactado no especificaba de dónde vendrían los fondos para concretar la propuesta: “Nosotros proponemos que la financiación quede a cargo del BROU, no necesariamente los fondos que usaremos para pagar a las financieras. Justamente la necesidad de disponer de capital y la procedencia del mismo para arreglar este problema es lo que queremos hacer que el sistema político discuta”.
En agenda
Al comienzo de la legislatura 2022 se manejaban tres proyectos de ley relativos al endeudamiento de las personas físicas y a la usura por parte de las financieras. Dos de estos proyectos fueron presentados por diputados socios de la coalición: uno por parte de Cabildo Abierto (CA) y otro del diputado Daniel Peña del Partido de la Gente. Cabildo lleva este tema como bandera en su agenda desde el comienzo de este periodo de gobierno y en la actualidad, a raíz de la negativa de socios de la coalición a votar su proyecto de “Reestructura de deudas”, anuncian la junta de firmas para un plebiscito que disponga un cambio en las normas de créditos y financiaciones que controle la usura y genere mecanismos para salir del endeudamiento.
Respecto a este tema, los socios de la coalición no encuentran acuerdo y el senador cabildante Guillermo Domenech en declaraciones a La Diaria dijo que “hay un quietismo que preocupa por parte del equipo económico” en relación a la falta de acción que entiende hay por parte del Poder Ejecutivo y de los parlamentarios blancos y colorados respecto al tema. En el caso del proyecto de CA lo que se propone es la posibilidad de crear una suerte de concurso de acreedores para personas físicas, ya que esta posibilidad existe al nivel de personas jurídicas, dónde el deudor deberá iniciar un trámite en un juzgado civil solicitando que el juez dictamine una refinanciación que además contemple la deuda real sin intereses y multas usureras a sus acreedores.
El proyecto de Daniel Peña propone la modificación e incorporación de artículos a la Ley Nº18.212 “Ley de tasas de interés y usura. Regulación de las operaciones de crédito”. Plantea restricciones más fuertes a la usura y que sea el Banco Central el que regule el tope de intereses que las financieras privadas pueden aplicar, así como el plazo máximo durante el que se puedan agregar nuevos intereses y moras luego de la suspensión del pago en fecha de las cuotas. Consultado por Sala de Redacción Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, asegura que su partido está dispuesto a articular proyectos e ideas en esta línea junto a su socio en coalición Peña. Distinta es su postura para con el proyecto de Carballo: “a pesar de las diferencias, nuestro partido cuida la salud de la coalición. No saldríamos a buscar los votos del FA pero tampoco les podemos negar si desean acompañar un proyecto nuestro, como ya pasó con la ley forestal para la cual no votamos en conjunto como se quiso dar a entender. Sino que los legisladores frenteamplistas decidieron votarla”.
El proyecto de Carballo que será nuevamente redactado propone que el Estado sea quien pague a los acreedores de personas físicas sin patrimonio ejecutable. Este proceso se estipula será llevado a cabo a través de Defensa al Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el pago a los acreedores se hará con fondos estatales que no están detallados en el proyecto y deberá contemplar “la totalidad de lo adeudado más un 50% de los intereses, que en ningún caso podrán superar el 30% del capital inicial” (artículo 11 del anteproyecto archivado). Luego será el mismo BROU el encargado de la refinanciación, pudiendo hacer las retenciones a salarios o pensiones que están ya establecidas en la Ley 18.358 de 2008 sobre el tema.
