“Es importante tomar medidas urgentes tanto a corto como a mediano plazo” respecto a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), sostuvo uno de los directores, Fernando Rodríguez Sanguinetti, quien agregó que “a este ritmo se balancea sobre un déficit que no le permitirá cubrir sus prestaciones más allá del año 2024”. Además, explicó que acarrea con más de 15 años de saldo negativo, con un balance que cae año a año a través de los ingresos y egresos.
“El problema es estructural”, sostuvo, y explicó que en términos de egresos las cifras se mantienen en aumento porque cada vez hay más jubilados-, pero que en cuanto a los ingresos “la historia es muy distinta”. Según el director, más del 90% de los afiliados no puede pagar la CJPPU y “básicamente son empujados a declarar el no ejercicio, puesto que sus ingresos no les permiten pagar las prestaciones a la Caja”. De los que sí aportan, una gran parte lo hace por obligación porque la afiliación es lo que les permite facturar sus servicios profesionales, pero la otra pequeña parte lo hace de manera voluntaria, y les da la oportunidad de obtener una doble jubilación más adelante.
Además, dijo que el “problema estructural” se relaciona con las “categorías fictas de aportes que establece la ley”. Funciona con diez categorías que cada tres años aumentan en relación al aumento de los ingresos de los profesionales aportantes, un escenario que “no es real y corresponde a una visión muy antigua” de la capacidad de recaudación de los profesionales, sostuvo Rodríguez Sanguinetti. Asimismo, agregó que otro de los problemas que presenta es que en muchos casos se “fuerza a los profesionales a bajar de categoría” por no contar con la posibilidad de pagar las prestaciones correspondientes a su categoría: si baja de la categoría cinco a la categoría dos, perdería seis años de aportes.
Las prestaciones otorgadas por la CJPPU varían entre jubilaciones, pensiones y subsidios, entre otros. Para cumplir con dichas prestaciones se nutre de los aportes de los profesionales y de inversiones financieras. Según datos a los que accedió el diario El País, en el último balance, realizado en 2021, 59% de los ingresos provino de los aportes de los profesionales, 30% de recursos indirectos -timbres profesionales, por ejemplo-, 7% se obtuvo por inversiones financieras y 4% a través de la retención del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El resultado neto del balance del 2021 dejó un déficit de más de 865 millones de pesos.
Un poco de historia
La CJPPU se creó en 1954 a través de la Ley N° 12.128 con el objetivo de crear un sistema que atendiese las necesidades previsionales de los profesionales. Según lo establecido en al artículo 4 de la ley, la CJPPU permite su afiliación a todas aquellas personas que “ejerzan una profesión liberal dentro de los límites del territorio nacional”. Es decir que quienes trabajan en relación de dependencia aportan al Banco de Previsión Social, mientras que quienes ejercen de forma libre están obligados a afiliarse a la Caja. Actualmente, la CJPPU cuenta con más de 140 mil afiliados, que reúnen a más de 200 profesionales.
De un tiempo a esta parte, los egresos dentro de la Universidad de la República (Udelar) crecieron de forma acelerada, lo que provocó que más profesionales ejercieran sus carreras y aporten a la CJPPU. Esta variable permitió que se convirtiese en el subsistema previsional con la relación más favorable entre activos y pasivos. Si se tiene en cuenta el aumento de los profesionales egresados –un 60% en los últimos 15 años-, de los aportantes a la CJPPU –más de 20% durante los últimos 10 años-, y de los jubilados -que suman un total del 35% de los afiliados- todo parecería indicar que es un sistema previsional sustentable.
Sin embargo, la Caja se encuentra en una situación límite en cuanto a sus ingresos y egresos, porque no tiene en cuenta las diferencias de remuneración que existe dentro del campo profesional de la Udelar -que se rige a través de aportes basados en ingresos fictos.
El 20 de abril, la CJPPU dio a conocer un documento que anunciaba una resolución de realizar una auditoría respecto a la gestión del directorio en los últimos 15 años “a los efectos de determinar eventuales responsabilidades y/o correspondencia con la situación económico financiera actual del Instituto”. Además, se resolvió que se determine el tipo de responsabilidad en caso de que existiera.
