La creciente instalación de puestos de lavado de vehículos en la vía pública genera distintos problemas: reducen la calzada, tienen escasas medidas de seguridad y señalización, muchos de ellos están en situación irregular. Durante los meses de marzo y abril, ante la emergencia hídrica, OSE resolvió restringir, e incluso penalizar, el uso de agua potable para actividades no esenciales. Una de ellas fue el lavado de autos por parte de particulares. En este contexto, el ente cortó el suministro a 390 lavaderos irregulares. Según declaraciones realizadas por su vicepresidenta, Susana Montaner, a Telemundo, se trataba de hogares que tenían un consumo excesivo de agua y en los cuales se constató que realizaban lavado de vehículos con fines comerciales.
Tras la decisión del Ministerio del Interior de salir a fiscalizar esta actividad, durante el mediodía del domingo 22 de mayo se produjeron acciones de protesta, con corte de calles, en reclamo por la fuente de trabajo. Hasta el momento, desde Sala de Redacción no se ha podido conocer la existencia de un relevamiento actualizado que establezca la cantidad y situación de cada uno de estos puestos. Lo que sí se pudo establecer es que las autoridades departamentales están en conocimiento del tema.
Una actividad laboral sin amparo
Cristina está al frente de un puesto de lavado de vehículos hace más de 4 años en Batlle y Ordóñez. Estuvo casi tres meses sin agua en su casa, luego de que OSE suspendiera su servicio, tras constatar un consumo excesivo. Tuvo que hacer un convenio de pago para restablecer el suministro y retomar la actividad. Este puesto representa la fuente laboral y de ingresos de tres familias, tiene horario fijo y opera todos los días entre las 9 y las 22 horas en dos turnos, con un lavador en cada uno de ellos. A diferencia de otros, la clientela es variada, pero fundamentalmente son vehículos particulares y taxis.
Consultada sobre el vínculo con los vecinos, relató: “hasta ahora, nunca tuvimos problemas”, ni con ellos ni con conductores que circulan por allí, aunque le consta que otros colegas han sido incluso denunciados. Luego del corte realizado por OSE, “retomamos con un lavado en seco”, explicó. “Usábamos un producto que era bastante caro y con el mínimo de agua, pero había gente que no lo aceptaba”. Ese sistema, al no ser muy conocido, fue cuestionado por sus clientes que debían pagar el mismo precio por un lavado que se hacía con apenas un balde de agua y una esponja. La respuesta terminaba siendo: “Para pagar por esto, lavo en mi casa”.
A Cristina le preocupa la falta de regulación y contó que se organizaron para intentar revertirla. “Nosotros tenemos un grupo de todos los lavaderos artesanales de Propios. Fuimos a la Intendencia de Montevideo (IM) y a Torre Ejecutiva, presentamos notas, pero nadie nos ha contestado”, dijo, y agregó: “Sabemos que en algún momento la Intendencia lo va a regular, pero por ahora, nadie nos ha dado una respuesta”.
Llegado el caso, la regularización de la actividad traerá consigo la realización de aportes a la seguridad social y “habrá que ver cuál es la propuesta”, porque “un lavado completo se cobra 350 pesos, de ahí se paga el sueldo del lavador y la propina es de él, si de ahí hay que pagar aportes, habrá que ver si sigue siendo rentable”.
Cristina comentó que salvo OSE para cortar el suministro de agua potable y el Ministerio de Interior para notificarla de las infracciones, no hubo un acercamiento de otros organismos estatales. Ni el Banco de Previsión Social (BPS), ni la Dirección General Impositiva (DGI) o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) han tomado contacto con ellos. Tampoco la IM.
Competencia desleal dentro del sector
Al día de hoy sigue sin existir un marco normativo que regule esta actividad. La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) ha planteado ante la IM su preocupación por la proliferación de estos puestos de lavado informales. Federico de Castro, gerente de Unvenu, afirmó a Sala de Redacción que esta situación supone una clara competencia desleal con el sector formal, además de que genera malestar entre sus afiliados por la desigualdades provocadas. La actividad de las estaciones de servicio, que incluyen el lavado de vehículos, está sujeta a controles por parte del organismo. “Estos controles suponen un costo de base que está a cargo de cada estacionero”, explicó, y agregó que quienes realizan la actividad de manera irregular, no deben afrontar estos costos. “Ellos tienen solo ganancias”, indicó.
Afirmó también que el sector se vio afectado económicamente en esa línea de negocio, ya que no pueden competir contra quienes están prestando los mismos servicios a precios imposibles de llegar. Para tomar como referencia, un lavado con encerado y aspirado de un vehículo estándar cuesta en el entorno de 350 pesos en un puesto informal y alrededor de 900 en una estación de servicio.
Un problema ambiental de fondo
El Servicio de Evaluación de Calidad y Control Ambiental de la IM tiene dentro de sus cometidos la vigilancia ambiental, el monitoreo de la calidad del agua y efluentes industriales, así como la fiscalización de la adecuada disposición final de residuos sólidos industriales. Su directora, María Susana González, explicó a Sala de Redacción que la disposición final de residuos industriales está regulada y las empresas deben cumplir una serie de condiciones, por ejemplo, de instalación sanitaria, para contar con la habilitación comercial correspondiente. Las estaciones de servicio y lavaderos deben contar con piletas de decantación y depósitos de residuos sólidos, previo a la conexión con el saneamiento. “Cuando esos depósitos de sólidos se llenan, deben iniciar una solicitud de autorización para vaciarlos en el relleno sanitario”, explicó.
Para obtener esta autorización “es necesario que el comerciante presente los resultados del análisis químico”, que corre por la empresa. Los resultados son analizados para ver si están dentro de los parámetros permitidos y así obtener la autorización. “En el caso de los lavaderos que funcionan en la calle, directamente no son establecimientos habilitados, ni pueden serlo en las condiciones en las que están funcionando”, sostuvo.
Consultada sobre los parámetros que se monitorean, explicó que son aquellos que la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea, dependiente del Ministerio de Ambiente y antes Dinama), “ha catalogado como residuos industriales”.
Una preocupación en cuanto a la seguridad vial
Jorge Alfaro, secretario general ejecutivo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), dijo a Sala de Redacción que no es un tema que tengan en agenda y que la unidad no tiene una posición tomada al respecto. “En algún momento un director expresó públicamente su preocupación por algún posible riesgo por el tema del jabón en la calle”, sostuvo, pero es un tema de competencia a nivel del gobierno departamental, puntualizó. Personalmente, le resulta “antipático” salir a controlar algo que en definitiva es “una salida laboral para mucha gente”, porque habría varias cosas que controlar antes. No obstante, señaló que “cuando miramos por el ojo de la cerradura, lo que vemos es muy poco”.
Desde un punto de vista técnico, entiende que “cuando están lavando se puede generar una superficie resbaladiza”, pero le preocupa el contexto social de las personas vinculadas a la actividad. Reconoce que sería necesaria la exigencia de alguna infraestructura mínima y un lugar adecuado para que puedan trabajar sin perjudicar al tránsito y a los peatones. “Trataría de buscar una solución, poniendo todos un poquito, para que pudieran seguir trabajando”, dijo, y agregó: “aunque en este momento está el tema del agua y bueno, ahí es todo un lío”.
Un problema de convivencia ciudadana
Desde la perspectiva de la convivencia barrial, los lavaderos son motivo de reclamos y denuncias ante la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo por el uso que implican de espacios públicos, veredas y terrenos baldíos, vertidos contaminados, ruidos molestos y conexiones irregulares a servicios públicos como OSE y UTE. La Defensoría, a través de la Junta Departamental, ha elevado recomendaciones a la comuna para su tratamiento, al menos desde el año 2012, de acuerdo con la información disponible en su sitio web. La última petición a la que pudo acceder Sala de Redacción, la recomendación N°130/2021, es de diciembre de 2021 y propone la instrumentación de un marco normativo que permita regular y controlar esta actividad.
De acuerdo al Informe de gestión 2020-2021 de la Defensoría, los reclamos por parte de vecinas, vecinos y comerciantes por este tema son recurrentes. Al cierre de la nota, la recomendación elevada estaba “en proceso” y los lavaderos informales hoy siguen operando sin regulación y sin ser escuchados.
